En una sesión muy breve, la Cámara de Diputados le tomó juramento a tres nuevos integrantes luego de hacer efectivas las renuncias del gobernador de San Luis electo, Claudio Poggi, y de los tucumanos Mario Leito y Rossana Chahla, quienes asumirán otros cargos.
Con el quórum cumplimentado, la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, habilitó la sesión a las 12.18 y rápidamente se aceptaron las renuncias de los diputados salientes. Acto seguido, se les tomó juramento a sus reemplazantes, Alberto Arancibia Rodríguez, María Marcela Herrera y Elía Mansilla.
Poggi (Avanzar San Luis-Juntos por el Cambio) fue elegido gobernador de su provincia en las elecciones del 12 de junio pasado, por lo que su mandato hasta diciembre de 2025 será completado por Arancibia Rodríguez, quien es vicepresidente del Partido Demócrata de su provincia. El reemplazo de Poggi debía ser Néstor Ordóñez, pero el puntano anunció que este último será parte de su Gabinete provincial.
También renunció a su banca la intendenta electa de la ciudad de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla (Frente de Todos), quien fue reemplazada por la intendenta de Aguilares para completar el mandato hasta diciembre de 2025, Elía Mansilla. Por último, también se le tomó juramento a la también tucumana María Marcela Herrera (Frente de Todos) en sustitución de su coprovinciano Mario Leito, quien asumirá una banca en la Legislatura tucumana.
El proyecto de financiamiento educativo
Por otra parte, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados retomó ayer el análisis del proyecto de ley de Financiamiento Educativo, que establece un aumento de la inversión anual, durante un plazo de siete años, desde el 6% hasta el 8% del PBI.
La reunión es la tercera en el cronograma de trabajo, que ya incluyó una inicial con la visita del ministro de Educación, Jaime Perczyk, y una segunda con la asistencia de académicos y especialistas en la materia.
El texto busca implementar un sistema nacional de evaluación que incluye operativos estandarizados y educación formativa, junto con la evaluación de programas educativos, el monitoreo del financiamiento a la educación por parte del estado; y fija un ciclo lectivo anual mínimo de 190 días efectivos de clase para los establecimientos educativos de todo el país.
Entre los objetivos y metas comprendidos en el proyecto, se encuentran también la construcción de nuevos jardines de infantes y maternales, entrega de libros en modalidad uno a uno y darle continuidad a la jornada extendida en las escuelas.
El proyecto contempla, además, incorporar robótica y programación en las escuelas secundarias, dar continuidad a las becas Progresar y Manuel Belgrano; financiar la construcción de nuevas escuelas técnicas y cumplir con el derecho a la Educación Sexual Integral (ESI) como marca la Ley 26.150.
El proyecto de aumento de penas por negacionismo
En tanto, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados comenzó a debatir el miércoles los proyectos de ley para aumentar las penas por manifestaciones y actitudes negacionistas de genocidio y de crímenes de lesa humanidad, y la creación del Observatorio para la Convivencia Democrática.
Además de esos proyectos, también se dio inicio al análisis del texto que incorpora la figura del antisemitismo en la ley antidiscriminación, iniciativa elaborada por la Coalición Cívica.
Al abrir el plenario, el presidente de la comisión, Hugo Yasky, dijo que harán varias reuniones sobre negacionismo, sostuvo que "nos proponemos tratar de escuchar el arco posible más amplio y plural representativo de la sociedad" y destacó que Argentina "pudo construir una convivencia democrática basado en la política de memoria, verdad y justicia".
El debate sobre el negacionismo se reflotó a partir de los cuestionamientos de La Libertad Avanza (LLA) al número de desparecidos en la última dictadura cívico militar y las críticas a la política de derechos humanos de los últimos 40 años.
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