En medio de la crisis ambiental por los diferentes focos de incendios que están devastando los ecosistemas del Delta del Paraná, la Cámara de Diputados comenzó este miércoles a debatir una ley de Humedales. Buscará poner el foco en la protección y conservación de la biodiversidad, con la tipificación de la quema de humedales como delito penal y sancionado con fuertes multas.
Los humedales son ecosistemas complejos que funcionan como reservorios de agua dulce, un recurso clave en épocas de escasez que además contribuye a mitigar inundaciones y los efectos de la crisis climática. En Argentina ocupan el 21% del territorio nacional.
El debate comenzó luego de una reunión informativa que se llevó a cabo en la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que preside el diputado del Frente de Todos Leonardo Grosso. El legislador oficialista y referente del Movimiento Evita es autor de uno de los seis proyectos: los otros pertenecen a Brenda Austin (UCR), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Graciela Camaño (Interbloque Federal), Enrique Estevez (Partido Socialista) y Germán Martínez (Frente de Todos).
Todas las iniciativas tienen en común la creación de un inventario de los humedales existentes en el país, y fijan presupuestos mínimos para su conservación, que deben hacer cumplir los estados nacional y provinciales: se trata de una lógica parecida a la de la ley de Bosques y la ley de Glaciares.
"Tenemos la voluntad política de llevar al recinto la mejor Ley para terminar con la problemática de la devastación humedales en la Argentina, y encarar un cambio sustancial en la conservación de nuestro ambiente", expresó Grosso al abrir la reunión informativa. "Es responsabilidad del Estado poder regular y proteger porque desde 2013 para acá cada vez han sido más depredados estos ecosistemas", agregó.
En ese sentido, aclaró que la creación de la normativa representa un avance para el futuro de los argentinos. "Tenemos el desafío de hacer un cambio cultural importante", sostuvo.
La iniciativa de Grosso establece multas de hasta 5 mil salarios mínimos, lo que en la actualidad representa más de 843 millones de pesos, y si persiste el incumplimiento la escala comprende sanciones que alcanzan el cese definitivo de la actividad del infractor. En cuanto a las sanciones penales, la iniciativa prevé penas de prisión de 2 a 6 años y, en el caso de que el delito derivase en la muerte de una persona, la reclusión prevista es de 10 a 25 años.
La discusión se instala en el Congreso el mismo día en que una densa nube de humo proveniente de focos de incendios en el Delta del Paraná se estacionó en la Ciudad de Buenos Aires. Desde febrero las reiteradas quemas no controladas de pastizales ya arrasaron 50 mil hectáreas, contaminando los humedales de la región.
La Cámara de Diputados intentó debatir el tema en el recinto en 2013 y 2016, pero el intenso lobby empresario del agronegocio, la minería, la industria forestal y la inmobiliaria evitó que se pudiera avanzar en una ley concreta. El Ministerio de Ambiente, a cargo de Juan Cabandié, viene desde hace tiempo impulsando acciones para detectar y actuar contra quemas intencionales y avanzar penalmente contra los responsables.
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