El PRO confía en que podrá apoyar mayoritariamente la ley ómnibus de Milei

La elección de autoridades de cuatro de las comisiones clave para el Gobierno nacional dejó en evidencia un acuerdo entre lo que fue Juntos por el Cambio y el oficialismo. En dos de ellas, las vicepresidencias primeras que, por una cuestión de proporcionalidad, fueron reclamadas por Unión por la Patria, terminaron en manos de manos del PRO y de la UCR. Esta práctica podría ser habitual en los debates de leyes con una posición mucho más próxima de algunos bloques a La Libertad Avanza, abriendo la chance a pactos temporarios.

Los tiempos y la magnitud de las iniciativas promovidas por el gobierno todavía no permitieron establecer posicionamientos claros, pero tanto desde el macrismo como desde el radicalismo y el reciente conformado bloque de Hacemos Coalición Federal ya manifestaron su intención de aportar herramientas aunque con observaciones profundas al proyecto de ley y el DNU.

Nicolás Massot, de este último espacio que incluye una gran representación de las provincias, anticipó que no van “a especular con el quórum” y que quieren “debatir la norma” para aportar su “experiencia, con todas las garantías que una oposición debe darle a todos aquellos argentinos que no necesariamente están representados por el Gobierno”. Los sectores le abrieron la puerta a la negociación para acompañar algunos ítem y rechazar otros siempre y cuando el Ejecutivo esté dispuesto. Si no, la situación podría ser más complicada.

Algo de esto ya fue anticipado por Guillermo Francos, ministro del Interior, que, tras una reunión con el amarillo Ignacio Torres, gobernador de Chubut, anticipó que se van a “hacer algunas modificaciones” a los cambios propuestos a la ley de pesca para proteger esta actividad nacional “en las 200 millas”. Se armará una mesa para debatir este punto y, con este gesto, abrir la posibilidad de negociaciones parlamentarias para sumar apoyos más generales.

La magnitud de la ley ómnibus, en conjunto con el mega decreto de necesidad y urgencia, llevó a un delay importante para su análisis y tratamiento. El macrismo, tal vez el espacio más abierto a acompañar mayoritariamente – al menos un sector vinculado estrechamente con el gobierno -, todavía no logró sentar una posición unánime sobre el texto y tal vez no lo consiga. Recién el martes podrían llegar a terminar una lectura general de la norma enviada por el Ejecutivo para poner blanco sobre negro y marcar temas a rechazar.

Como anticipó El Destape, el bloque amarillo se reunió el miércoles para avanzar con una lectura más sesuda del proyecto pero no llegaron a abarcar todos los artículos. Para ello, volverán a verse el martes. “En el 80% estamos de acuerdo”, dijo una fuente macrista que formó parte de ese encuentro y que, a la vez, reconoció que “hay cambios que tenemos que hacer, que tienen que ver con cuestiones parlamentarias y de aspecto”, básicamente las formas.

Uno de los reclamos de parte de la oposición pasó por la necesidad de que el gobierno discrimine entre temas urgentes de no urgentes para despejar el panorama y permitir un tratamiento más serio y acabado pues, de otro modo, no podrán avanzar de forma expeditiva.

Además, el PRO no descartó, más allá de las formas, plantear algunas dudas frente a determinados artículos. Sobre esto, hubo acuerdo respecto de las delegaciones solicitadas por la presidencia - “es convertir en emperador”, dijo un legislador moderado -, también en rechazar la modificación de la ley de pesca a partir de reclamos de gobernadores e intendentes, además del cuestionamiento a otros impuestos internos como el que se le quiere imponer a la industria del tabaco.

“Hay algunas cosas, pero son menores. Diría que estamos para acompañar el 80% de la ley”, sostuvo la fuente PRO. Las observaciones, como sucedió con pesca, pueden ser rápidamente subsanadas con el debate parlamentario o entre autoridades ejecutivas, como ocurrió con el encuentro entre Francos, Torres y Guillermo Montenegro, alcalde de Mar del Plata.

Este posicionamiento llevó a preguntarse qué están dispuestos a hacer “los que necesitan la ley”, según se cuestionó un legislador de esa bancada. Puede ir desde mensajes violentos y extorsivos, como ya ocurrió, hasta la posibilidad de negociar y permitir modificaciones. Lo cierto es que todos estos movimientos, hasta contradictorios, sólo parecieron complicar el trabajo legislativo. Así se interpretó.

Lo cierto es que “hay colaboracionistas” dentro del macrismo y algunos podrían acompañar con o sin modificaciones. Los más cercanos al gobierno de Javier Milei. Por lo tanto, todavía no terminó de quedar clara la posición ni si se votará en conjunto cada uno de los artículos o si habrá alguna diferencia interna.

El radicalismo también expresó posiciones disímiles. Están los que quieren esperar y dilatar el debate, particularmente del DNU, y los que quieren apurarlo. Respecto a la ley, la chance de analizar y modificar cada artículo dio un respiro para poder tomar el debate con cierta calma, pero el decreto no.

Un grupo de siete radicales presentó una nota a la presidencia de Diputados para que “proceda a designar a los integrantes de la comisión bicameral” que controlan la constitucionalidad de este instrumento. Y se señalaron los tiempos incumplidos, hasta el momento, de la ley. Este sector, que formó parte del equipo de doce que casi rompe el bloque de la UCR por oponerse a la conducción de Rodrigo de Loredo, no descarta la posibilidad de avanzar con el análisis de todos modos.

Si el Ejecutivo no envía el DNU, la jefatura de Gabinete podría recaer bajo la figura de incumplimiento de deberes de funcionario público, pero el Congreso estaría facultado para continuar con el tratamiento. La comisión, de constituirse, tomaría el decreto publicado en el Boletín Oficial para avanzar con el análisis y en dos semanas los plenos de las Cámaras estarían autorizados para autoconvocarse.

Este apego a la letra de la ley, que demanda cierta celeridad, no es acompañado por toda la UCR que, en algunos casos, considera mejor esperar un poco para ver qué apoyos tiene el gobierno en unos meses. De caer, el Ejecutivo no tendría más remedio que negociar leyes espejo o DNU más pequeños.