El Gobierno decidió redoblar la apuesta y al pedido de juicio político a la Corte Suprema les sumó otros proyectos medulares para la reforma de la Justicia a la agenda de sesiones extraordinarias convocadas a partir del 23 de enero. El acuerdo para designar al juez federal Daniel Rafecas como procurador general, la reforma del Consejo de la Magistratura y la ampliación de la Corte Suprema a 15 miembros obedecen a diferentes motivaciones pero a un mismo objetivo que es comprometer a otros actores con la modificación del actual cuadro de situación.
Dado el rechazo cerrado que adelantó Juntos por el Cambio a tratar cualquier iniciativa que provenga de la Casa Rosada, todo parece de difícil viabilidad. "Que pongan los votos los que tienen que ponerlos", respondieron en Gobierno.
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La portavoz Gabriela Cerruti adelantó en su habitual conferencia de prensa el temario del decreto de convocatoria que sale publicado en el Boletín Oficial del viernes con una agenda de 27 temas para que el Congreso trate en el verano. Ya se sabía del ambicioso temario económico que venía trabajando el ministro Sergio Massa, por eso la sorpresa estuvo por el lado judicial. En plural, el planteo es discutir "las solicitudes de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema".
El objetivo del Frente de Todos es sumar a la propuesta que acordaron el presidente Alberto Fernández y 11 gobernadores las presentaciones previas, algunas de ellas elaboradas por la Coalición Cívica en el marco de la cruzada de Elisa Carrió contra su enemigo Ricardo Lorenzetti. Con una mayoría asegurada de 16 integrantes, desde el Frente de Todos ya anunciaron que la comisión de Juicio Político realizará su primera reunión el 25 o el 26 de enero.
A esa iniciativa, el Gobierno sumó al temario otra propuesta elaborada de común acuerdo con la Liga de Gobernadores: la ampliación de la Corte Suprema de los actuales cinco integrantes -hoy apenas son cuatro jueces hombres- a 15, con una integración que respete la distribución federal y la equidad de género. El proyecto, defendido en su momento en el Congreso por los mandatarios provinciales, obtuvo la media sanción del Senado en septiembre pasado, pero nunca ingresó en el temario en Diputados.
Los gobernadores radicales, que a priori podrían sentirse atraídos por la idea de contar con representantes en el máximo tribunal, dijeron rechazar la propuesta. En el marco del juicio político a la Corte -y de las cosas que seguramente saldrán a la luz durante la recopilación de pruebas-, el Ejecutivo propone volver a discutir la idea de un tribunal federal. "Fue una propuesta de los gobernadores, así que deberían salir a buscar los votos. Que no nos tiren la responsabilidad siempre a nosotros", advirtieron en Gobierno.
Eso va pegado a la reforma del Consejo de la Magistratura, incluido por iniciativa de Alberto. "Hubo una sentencia de la Corte Suprema reclamando al Congreso la sanción de una nueva ley", recordaron en su despacho. Justamente, el pedido de juicio político que se sustanciará contra el tribunal en parte tiene que ver con ese fallo enrevesado de fines de 2021 en el que declaró inconstitucional la composición de 13 miembros del Consejo, luego de 15 años de funcionamiento con ese esquema. Al mismo tiempo, determinó que el Congreso estableciera una nueva composición y que si no lo hacía en el plazo de 120 días corridos debía volverse a la vieja integración previa a 2006, con 20 integrantes y encabezado por el presidente de la Corte. En Juntos por el Cambio archivaron archivaron sus proyectos de reforma y facilitaron que transcurriera el plazo para cumplirle los deseos a los supremos.
Esa vuelta a la vieja composición viene generando múltiples conflictos respecto a los integrantes políticos del tribunal. En la reciente jura de los diputados consejeros, los oficialistas Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley asumieron bajo reserva y aún faltan resolver los enviados del Senado. "En el tema del Consejo se está incumpliendo una sentencia. Es exactamente lo que le reclaman al Presidente respecto al fallo que favoreció a la ciudad de Buenos Aires. Si ellos no sacan la ley -que tiene media sanción del Senado- los vamos a acusar de actuar así para paralizar el Consejo de la Magistratura. Y de ahí en adelante van a tener que explicar por qué lo hicieron", explicaron en la Casa Rosada la decisión de sumar este tema a extraordinarias.
A esto le añadieron la vuelta a la carga con la propuesta de designar al juez Rafecas como procurador general, un nombramiento que en su momento se daba en combo con una reforma del Ministerio Público Fiscal. Entre otras cosas, esa reforma -también con media sanción del Senado- establecía un mandato de cinco años para el procurador, renovable por otro período. Respecto a Rafecas, en su momento obtuvo el respaldo de al menos un sector de la oposición -"es el mejor procurador en las condiciones que existen en la Argentina", dijo Elisa Carrió en 2020-, pero su nombramiento nunca terminó de cerrarle al kirchnerismo. Ahora, ya en el último año de su mandato, Alberto vuelve a proponer su nombramiento. "Tenemos acuerdo hacia afuera, tenemos que cerrar adentro", reconocieron en el Ejecutivo.
Por fuera de esta ambiciosa agenda de reformas en la Justicia, en el temario también se incluyeron varios temas propuestos por Economía. Uno es el de "Exteriorización del Ahorro Argentino", el blanqueo de quienes tienen cuentas en Estados Unidos sin declarar y que ahora se empezarán a conocer a partir del acuerdo entre ambos países. Además, figura el régimen de promoción para favorecer inversiones en gas licuado e hidrógeno verde, la modificación del Indec y el monotributo tecnológico. El ministro Massa apareció por la tarde junto al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, justamente uno de los mandatarios provinciales del Frente de Todos que no avala al juicio político a la Corte Suprema. Massa no tocó el tema y su discurso fue de tono productivista.
"Sin energía es impensable un futuro productivo de la Argentina", fue una de sus frases, sustento del proyecto para favorecer las inversiones en el rubro. Retó amistosamente a quienes lo quieren subir a la carrera presidencial porque su carrera "es bajar la inflación", subrayó. Y tiró palos para los que sí están subidos a la competencia por la presidencia y "tienen tiempo para pasearse por las playas", en referencia a Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.
Su objetivo, y el de todo el Ejecutivo, es resaltar el papel obstruccionista de la oposición a las propuestas oficiales, sean del tema que fueren. "Esperamos que la oposición no sea la suficientemente irresponsable, como la ha venido siendo, sin duda", avisó la portavoz Cerruti.
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