La Cámara de Diputados tendrá una intensa agenda la próxima semana después de dos intentos fallidos de sesiones producto de la coyuntura política y social de los últimos días y que impedía acuerdos entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, y hasta dentro de esas mismas coaliciones. El jefe de Gabinete, Juan Manzur, se presentará el miércoles a brindar por primera vez su informe de gestión. Mientras tanto, el bloque del Frente de Todos, que conduce Germán Martínez, buscará el jueves el tratamiento de una agenda de proyectos, varios de los cuales generan tensiones en Juntos por el Cambio al punto tal de llevarlos a votar divididos.
Tras el repudio al atentado a Cristina Kirchner a través de un texto aprobado por amplio consenso y que dejó "conforme" al presidente Alberto Fernández, el oficialismo pedirá sesionar para tratar proyectos considerados “conflictivos”, como el debate para la prórroga de impuestos nacionales y el Consenso Fiscal 2021. A los que se sumarán temas “soft” en los que oficialismo y la oposición van a converger en menor o mayor medida.
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Uno de ellos es el de Enfermería, que si bien tiene dos dictámenes hay voluntad política de llegar al recinto con una postura unificada. Otros proyectos que se sumarían a la sesión y en los que Juntos por el Cambio votará dividido son la creación de las universidades de Pilar, Saladillo y del Delta. De estos últimos, el primero es de la diputada oficialista María Rosa Martínez, el segundo del diputado radical Emiliano Yacobitti y el tercero del ex diputado Sergio Massa. En el Frente de Todos descartan que sean aprobados por un “amplio consenso” que contará con el acompañamiento de diputados radicales.
También está el de protección ambiental para la gestión de neumáticos en desuso, en carpeta la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2023 del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y la autorización de la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida del mismo de fuerzas nacionales para participar en los ejercicios del programa de ejercitaciones.
Aún sin dictamen, espera, asimismo, la Ley Agroindustrial, una de las pedidas por Sergio Massa cuando desembarcó en el Ministerio de Economía. Otra iniciativa que tampoco tiene dictamen e interesa al Ejecutivo es el de Alcohol Cero para conductores de vehículos. Avanza en comisión y esta semana la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, se reunió con el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, para analizar su tratamiento. No se descarta que el martes próximo pueda tener dictamen para ser tratado el jueves.
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Los que sí tienen dictamen, pero no reúnen amplio apoyo son los de Consenso Fiscal y la prórroga de seis impuestos como el de ganancias, al Cheque, Bienes Personales, entre otros. Sumado a los de universidades, el de Consenso Fiscal es el que más tensiona la interna en Juntos por el Cambio. Si bien en la campaña electoral prometieron votar en contra de leyes que impliquen una suba de impuestos, el escenario será el mismo que en Senado, donde ya tuvo media sanción y se dejó en este caso la libertad de acción para los legisladores que responden a los gobernadores Morales, Valdés y Suárez que firmaron el consenso a fines de 2021. El FdT contaría con los votos de los dos misioneros y los dos rionegrinos del interbloque Provincias Unidas de Luis Di Giacomo, más los ocho del interbloque Federal de Alejandro “Topo” Rodríguez. A ellos se sumaría Rolando Figueroa del Movimiento Popular Neuquino y al menos cuatro diputados radicales.
En cuanto a la prórroga de los impuestos, en Juntos por el Cambio no cuestionan este punto sino los plazos y apuntan a una reducción de las alícuotas a Bienes Personales y modificaciones en el impuesto al cheque. Y admiten que “hay cierta estructura que tiene que continuar porque financia el Estado”, pero advierten también que “estas prórrogas no pueden ser solo instancias donde se continúan los impuestos sin evaluarlo”.
La alianza opositora discute la permanencia de impuestos que “nacen en una situación de emergencia y quedan para siempre”, como el caso de bienes personales en 1991. “Ahí no estamos de acuerdo y creemos que hay que revisarlo. No puntualmente ganancias porque es el más progresivo, pero bienes personales ha ido acumulando distorsiones y sobre todo el de débito y créditos es distorsivo ya que desalienta la bancarización”, afirmó a El Destape el diputado radical Alejandro Cacace.
Para este proyecto de carácter tributario son necesarios 129 votos (12 más de los 117 que tiene el FdT), por lo que la aprobación será más ajustada. De todas las iniciativas que el oficialismo quiere discutir el jueves de la semana que viene es la que aún no está claro cómo puede resultar la votación por los votos clave que aporta el Interbloque de Rodríguez y que aún no definió una postura sobre el tema a la espera de la convocatoria oficial.
Las diferencias entre el PRO, la UCR y la Coalición Cívica no quedan solo en las leyes sino que también fueron expuestas en plena sesión el sábado en las manifestaciones para repudiar el intento de asesinato a CFK. La decisión del bloque que preside Cristian Ritondo de abandonar el recinto tras haberse votado la resolución, pese a que estaba acordado de antemano, generó malestar entre sus socios. Ritondo justificó el accionar: "No es la calle ni el recinto el lugar para determinar los culpables de un delito". Ese mismo día, en la previa, el legislador Juan Manuel López (Coalición Cívica) había cruzado a Patricia Bullrich por no repudiar el atentado. "Bullrich es de una generación para la que la violencia es una opción", lanzó.
Sin embargo, en el PRO evalúan que lo ocurrido el sábado “no fue menor” ya que las diferencias son cada vez más profundas, “de fondo más que de forma”. De ejemplo, mencionan lo que será la votación por universidades. “Nosotros vamos a votar en contra de la creación de tres universidades nacionales porque para crearlas hay que planificar geográficamente y las áreas de conocimiento vacantes. Recortan en educación para bajar el déficit y crean universidades ¿Cómo pagás? Eso van a votar los radicales”, apuntó un diputado de la bancada que conduce Cristian Ritondo a El Destape. Ante esto, de cara al 2023 y dejando en evidencia la dificultad de mantener la unidad, se preguntó: “¿Cómo le explicamos a una sociedad podrida y que nos tiene como débiles que en el Congreso votamos todo diferente, pero que se queden tranquilos que si somos gobierno vamos a estar unidos”.
En cuanto al Plan Agroindustrial, en el que el Ejecutivo tiene especial interés en que salga a la brevedad porque fue pedido por Massa cuando arribó a Economía, en las últimas semanas mostró avances. Este lunes, el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, se reunió con el diputado Ricardo Buryaile (UCR) y los diputados Victoria Tolosa Paz y Marcelo Casaretto (Frente de Todos) para acercar posiciones. Tanto en el oficialismo como en la oposición destacaron que “se está avanzando” y que las modificaciones convenidas están en manos de Bahillo para que dé el visto bueno. Una de ellas implica que para acceder a beneficios hay que reducir de tres a dos años el período de crecimiento sostenido de las empresas para en base a uno de estos indicadores: Volumen de ventas, volumen de producción física. volumen de exportaciones físicas, empleo e inversiones realizadas. No se descarta que la creación del régimen obtenga dictamen en estos días y sea tratado el jueves.
La reunión del pleno del jueves próximo llegará después de la postergación de dos sesiones, una el 31 de agosto y otra mañana 7 de septiembre. La primera se debió a la tensión entre el oficialismo y la oposición producto del pedido de condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad y la represión en la casa de la Vicepresidenta, lo que iba a derivar en una ola de cuestiones de privilegio como ocurrió el jueves pasado en el Senado.
Frente a esta situación y la dificultad del Frente de Todos para reunir votos para los proyectos de índole fiscal, se pensó en dos sesiones. La primera iba a realizarse este miércoles con una agenda de temas acordados con la oposición, pero por “problemas de logística” de los diputados que se reunieron de urgencia el sábado para consensuar una resolución de repudio al intento de magnicidio de la Vicepresidenta llevó a aplazar la sesión. Finalmente, el próximo jueves es el apuntado para tratar no solo proyectos “soft”, sino también aquellos en los que el oficialismo no tiene asegurada la aprobación.
Un día antes se espera una caliente sesión cuando Manzur brinde su informe de gestión en el que responderá 3.926 preguntas. La experiencia de su paso por el Senado, sumado a que por su perfil de no responder provocaciones, pronostican que no habrá cruces fuertes. Sin embargo, en el Gobierno saben que en Diputados los discursos son más “confrontativos” por lo que esperan una sesión “más tensa”.
En este marco, el mismo jueves 15 de septiembre en el que el oficialismo planea realizar la sesión es el que por ley está fijado por ley para que ingrese el Presupuesto 2023, que será de acá a fin de año el principal tema de discusión y el mayor desafío del Gobierno ya que mostrará los lineamientos del plan económico de Sergio Massa, quien en las próximas semanas estará se presentará a defender las variables que proyecta para el año electoral como la inflación. Será también un desafío para el Gobierno pero especialmente para él con el fin de evitar repetir el fracaso de la aprobación del presupuesto para este año que, ya sea por la beligerancia opositora o la inflexibilidad del oficialismo para negociar, obligó a prorrogar el de 2021.
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