El Frente de Todos avanza con la modificación de la ley del Ministerio Público Fiscal (MPF) y este viernes a las 16 se reunirán de forma conjunta las comisiones e Justicia y Asuntos Constitucionales para encaminarse a intentar firmar el dictamen que llegará al recinto. Tras meses de obstaculizar el tratamiento de un proyecto que ya cuenta con el visto bueno del Senado, Juntos por el Cambio mantiene su postura opositora y dice que el texto es “invotable” por lo que el oficialismo deberá trabajar para conseguir por otro lado los votos que le faltan en medio de debates importantes como lo son la postergación de las elecciones y el semáforo epidemiológico de la Emergencia COVID-19.
De forma virtual, las comisiones se juntarán este viernes a la tarde en una reunión informativa de la que participarán profesionales del área para comenzar a debatir un proyecto que deberá regresar al Senado, en caso de conseguir la aprobación de Diputados, por las modificaciones que le hizo el ministro Martín Soria para buscar las voluntades faltantes. Los legisladores cordobeses y del lavagnismo son algunos de los porotos clave que deberá buscar el Gobierno.
Hoy por hoy, el oficialismo tiene los votos contados y podrían llegar al número mágico de la mayoría simple por defectos opositores más que por virtudes del Frente de Todos. Un ejemplo es el de la legisladora correntina de la UCR, Estela Regidor, que se encuentra de licencia acusada de exigirle la mitad del sueldo a sus asesores. Ausencias como esa podrían ser claves para avanzar con la aprobación en la Cámara Baja. De conseguirla, el texto volvería al Senado donde la mayoría le corresponde al Gobierno que se aseguraría un poroto a su favor.
Sin embargo, hay un escollo que deberán superar. El Poder Judicial, la autonomía de las provincias y las libertades individuales son algunas de las premisas sobre las que Juntos por el Cambio ancló su campaña y no abandonará por más caminos de negociación que se abran frente a sus ojos. Si bien la modificación de la ley del MPF es vista con menos rechazo que la reforma del Poder Judicial, saben que es un proyecto del oficialismo que en particular tiene el sello de Cristina Kirchner y no quieren regalarle la victoria. Mientras tanto, la Argentina continúa con un jefe de los fiscales interino, Eduardo Casal, designado por el macrismo tras los aprietes a Alejandra Gils Carbó para sacarla del cargo.
Habrá varios obstáculos a esquivar: en primer lugar, la negativa opositora. Luego, el rejunte de votos en las Comisiones para poder tener el dictamen de mayoría. Superada la primera barrera, el oficialismo deberá garantizar el quórum para habilitar la sesión y la votación. Finalmente, conseguir las voluntades que faltan o garantizarse más ausencias de Juntos por el Cambio.
En el medio, el miércoles la Cámara de Diputados sesionará para tratar, entre otros temas, la postergación de las elecciones. La iniciativa ya tiene el apoyo y consenso de la oposición por lo que se estima que no habrá inconvenientes para darle la media sanción y su rápido giro al Senado. De este modo, las PASO se realizarán el 12 de septiembre y las generales el 24 de noviembre para evitar comicios en los meses más fríos del año y permitir el avance de la campaña de vacunación.
Los cambios a la ley
La modificación de la ley del Ministerio Público Fiscal apunta a terminar con un cargo de carácter vitalicio y a cambiar, entre otros puntos, la cantidad de votos necesarios para designar al Procurador General de la Nación. Actualmente, necesita de los dos tercios del Senado y podría pasar a una mayoría absoluta – la mitad más uno de la totalidad del cuerpo – para su nombramiento.
Durante su exposición el mes pasado, el ministro Soria defendió e incorporó modificaciones al proyecto con media sanción del Senado. En ese momento, el funcionario aseguró que habló “con los principales protagonistas de esta ley que son los fiscales y los defensores del Ministerio de la Defensa y todos compartimos la mirada de rescatar al Ministerio Público Fiscal de la crisis de legitimidad en la que se encuentra”.
A fines de abril, Soria expuso ante la Comisión de Justicia sin la presencia de los diputados y diputadas de la oposición que se negaron a participar. En el encuentro explicó una serie de cambios en torno a cuatro ejes: el mecanismo de designación del procurador general y la necesidad de que el mandato del procurador tenga un plazo con límite temporal; la regulación de los jurados de concurso y la regulación del tribunal de enjuiciamiento; las facultades de la comisión bicameral y el fortalecimiento de la perspectiva de género en el organismo.
Sobre el primer punto, el ministro explicó que existe una tendencia a nivel internacional sobre la necesidad de terminar con el mandato vitalicio del Procurador General de la Nación y agregó que si el cargo “ya no es vitalicio, las mayorías necesarias para su designación pueden y deben ser distintas”. Esa fue la postura que sostuvo el ex Ministro de Justicia, Germán Garavano, cuando en 2017 defendió en el Congreso un proyecto que exigía una mayoría absoluta para esa designación.
Respecto a la remoción del Procurador, Soria afirmó que “la estabilidad mientras dure el mandato es una garantía de autonomía para el organismo. Por eso, el proyecto es muy exigente en este sentido: para remover a un Procurador General se requiere el voto de la mayoría absoluta de los diputados y dos tercios del Senado”.
Además, el funcionario propuso modificar la composición del Tribunal de Enjuiciamiento y las mayorías exigidas para la remoción de los fiscales para fortalecer la estabilidad y la autonomía. También sugirió revisar el mecanismo de designación del Procurador interino que se introdujo en la media sanción del Senado para que no pueda haber una suplencia que supere los seis meses, así como la limitación de las facultades de la Comisión Bicameral en distintos aspectos.
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