La primera sesión de Diputados convocada para después del receso ya está convocada y tiene temario: los dos expedientes más relevantes que se tratarán el 7 de agosto fueron enviados por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, uno sobre regularización de la tenencia de armas de fuego y otro sobre la creación de un registro nacional vinculados a delitos contra los delitos contra la integridad sexual.
Desde las filas oficialistas de La Libertad Avanza (LLA) confían en la aprobación y afirmaron que tienen el aval de los bloques que califican como "dialoguistas". Unión por la Patria, en cambio, alertó sobre lo que puede implicar la aplicación de los proyectos y presentará dictámenes de minoría.
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Uno de los proyectos modifica la ley 26.216, de Armas de Fuego y prorroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. El texto cuenta con el dictamen de las comisiones de las comisiones de Seguridad Interior, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda. Bullrich no pasó por Diputados a defender los proyectos, pero si un hombre de su riñón, el titular de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), Juan Pablo Allan, e integrante de la mesa de la denominada "Gestapo sindical".
Como sea, en las comisiones se firmó un dictamen de mayoría con el apoyo de diputados de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical y bloques provinciales. En disidencia parcial firmaron Oscar Agost Carreño y Juan Fernando Brügge de Hacemos Coalición Federal y Mónica Frade y Juan Manuel López de la Coalición Cívica.
Según el proyecto, "las personas humanas que tuvieren armas de fuego clasificadas de conformidad con la normativa vigente como de 'uso civil' o de 'uso civil condicional', o sus repuestos principales, que carezcan de registración anterior o que teniéndola hubiere devenido en irregular, deberán presentarse dentro de los trescientos sesenta (360) días de la entrada en vigencia de la presente ante la ANMAC" para "obtener la autorización pertinente, si procediera".
"Si las personas comprendidas en el párrafo primero del presente carecieran de la condición de legítimo usuario de armas de fuego en la categoría respectiva deberán iniciar el trámite presentando la solicitud junto con la autorización de tenencia del material correspondiente. Si se encontraren impedimentos registrales y/o técnicos graves, se instarán los procedimientos administrativos y/o judiciales necesarios para hacerse del material involucrado", continuó.
En cuanto al plazo de ejecución, se estipula "a partir del 1º de enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2027, del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego"
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El peronismo, por su parte, presentó un dictamen de minoría. "Hicimos buenos aportes pero su intransigencia evitó el consenso", comentaron a El Destape voces de Unión por la Patria que estuvieron al tanto de lo sucedido en los plenarios de comisiones.
Una de las principales diferencias es que estipula que "para el caso de las armas de fuego o sus repuestos principales que nunca hayan sido registradas, las mismas serán depositadas en el Banco Nacional de Materiales Controlados o en depósitos autorizados mientras dure el proceso de regularización, el que no podrá exceder los seis (6) meses, prorrogables por única vez por el mismo tiempo. Una vez transcurrido ese tiempo, y en caso de que la regularización de la persona o el material no fuera posible, la Agencia deberá dictar la resolución de destrucción del material. Sin perjuicio de ello, en casos excepcionales y mediante resolución fundada, la ANMAC podrá retenerlas cuando la persona interesada, el arma de fuego o sus repuestos, tuvieren manifiestos impedimentos registrales y/o técnicos graves", remarcó
"El que tiene un arma en condiciones irregulares, hoy está cometiendo un delito. Ellos le dan 180 días para que regularice el trámite", protestaron, a la vez que recordaron que "Argentina tiene un terrible problema en la triple frontera, con armas pequeñas que son las que aparecen en los asaltos". Finalmente, en el dictamen de minorìa también se acorta el plazo del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, hasta el 31 de diciembre de 2025.
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Por otra parte, tratado por las mismas comisiones, ingresará un proyecto de modificación de la ley 26.879 y establece la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual. El expediente cuenta con las firmas de LLA y aliados y disidencias de Marcela Campagnoli y Mónica Frade (Coalición Cívica), Mariela Coletta (Unión Cívica Radical) y Carlos Fernández y Yamila Ruíz (Innovación Federal).
El proyecto establece la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal sobre la base de los perfiles genéticos de un análisis de ácido desoxirribonucleico (ADN) en las circunstancias y bajo las modalidades establecidas en la presente ley" y contará con "una base de datos de perfiles genéticos y una base de datos filiatorios, no relacionadas entre sí".
"El registro funcionará para las investigaciones en el fuero federal y nacional, y las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán firmar convenios con el registro con el fin de que sus poderes judiciales y ministerios públicos puedan utilizar sus servicios", sostuvo el texto.
En ese contexto, se indicó que el registro tendrá por objeto "contribuir al esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial, particularmente en lo relativo a la individualización de los presuntos autores, así como a la desvinculación de personas ajenas al delito, mediante la comparación de perfiles genéticos provenientes de laboratorios debidamente acreditados conforme las prescripciones de la presente ley"; "identificar y favorecer la determinación del paradero de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas", y "discriminar las huellas de todo personal que interviene directamente en la escena del hecho delictivo".
"El proyecto que traían no tenía es una instrumentación a un sistema nuevo y caro. No traían el financiamiento", protestaron desde Unión por la Patria, que señalaron de derivaban el mantenimiento del registro a las provincias. El peronismo también apeló a un dictamen de minoría, que incluye en su artículo 18 que "el Poder Ejecutivo deberá asignar una partida presupuestaria específica a los fines de garantizar la puesta en funcionamiento y operatividad de los registros de datos genéticos provinciales u organismos similares que adhieran a la presente". También acotaron: "No nos pusimos de acuerdo en qué clases de delitos se habilita este banco"
"Entendemos que van a salir, hemos estado trabajando en las comisiones con los otros bloques" se confiaron en el oficialismo. Desde el radicalismo adelantaron el voto a favor, ya que pusieron el gancho en el dictamen de mayoría. Desde la Coalición Cívica no precisaron si van a acompañar. Unión por la Patria rechazará esos expedientes.
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