Diputados y diputadas de la Nación solicitan a la Cámara Baja que exprese su preocupación por la situación de las 43 mujeres que denunciaron haber sido reducidas a la servidumbre por el Opus Dei. Así lo expuso un proyecto firmado por la diputada Mónica Macha y su par Eduardo Valdés. Estas mujeres de Argentina, Paraguay y Bolivia denunciaron trata de personas, explotación y reducción a la servidumbre.
Los diputados del Frente de Todos piden que la Cancillería le pida informes al Opus Dei y detalle si tiene vínculos con determinados sacerdotes y, en el caso de tenerlos, que de precisiones sobre su residencia.
El caso
En el texto fundamentan que desde el Congreso buscan conocer estos detalles por las denuncias de violaciones de derechos humanos. También sostienen que las 43 mujeres habrían sido reclutadas siendo menores de edad "con el pretexto de brindarles una educación superior" pero que el verdadero objetivo era "hacerlas trabajar gratis" como empleadas domésticas de la entidad. Por su parte, la escolarización habría sido "parcial o nula".
Entre otras cosas, durante sus años dentro de la institución, jamás dispusieron con libertad de un sueldo, a algunas se les imponía el uso de mortificación corporal (cadena o cinturón metálico atado a los muslos para causar dolor), la disciplina (especie de látigo con el que se flagelaban los glúteos) y baños de agua fría. Tampoco poseían las llaves de la casa que habitaban, no tenían acceso a medios de comunicación, no salían solas a la calle, ni tenían horarios laborales o días de descanso.
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"Siento que me usaron, que me engañaron y que no me dieron lo que me corresponde, que es lo que corresponde a cualquier persona que trabaja. Yo venía de una familia muy pobre, no tenía las herramientas para enfrentarlos y decirles que no está bien trabajar gratis. Ellos te mienten con el cuento de la vocación y la familia", manifestó una de ellas en la denuncia, según citaron los propios diputados y diputadas en la presentación. Y agregan: "Fuimos esclavas, estuve 18 años y nunca cobré un peso por mi trabajo".
"De ser cierto lo expuesto, se estarían afectando gravemente los derechos de los niños y de las mujeres establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948); en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966), y la Convención sobre los Derechos del Niño", manifestaron.
La carta a la presidenta de Diputados, Cecilia Moreau
"Genera una grave preocupación ya que se advierte el caso, una vez más, de mujeres que son abusadas aprovechándose de su situación de vulnerabilidad, tales como la pobreza, falta de madurez y falta de formación", agregan. A su vez, en la carta a la presidenta Cecilia Moreau, se pide por un esclarecimiento y se determinen las responsabilidades en el caso. Mientras que sentencian: "Es importante que quienes cumplimos la tarea con la que nos ha honrado la ciudadanía (...) nos comprometamos con la temática denunciada, teniendo como guía la convicción de que la explotación de mujeres es un flagelo que debe ser combatido con firmeza para evitar su constante reproducción".
El comunicado del Opus Dei tras la denuncia
Una vez conocido el caso, desde el Opus Dei manifestaron que respetan la voz de las mujeres que realizaron las acusaciones: "El principal interés es lograr escuchar, acompañar y generar un canal de diálogo que permita comprender en profundidad cada experiencia, para dar una respuesta adecuada a cada una de ellas". De todas formas denunciaron no lograr esto porque el abogado que las representa no permitió conocer cada uno de los casos.
Con respecto a la situación laboral, y ante la supuesta falta de denuncias formales a la justicia, informaron: "La Prelatura creó una Comisión de Escucha y Estudio a través de la cual se busca entender y dar una respuesta adecuada a cada persona. A través de este proceso de Escucha ya se ha logrado resolver el reclamo de algunas mujeres". Por su parte, frente a las acusaciones de reclutamiento y reducción a servidumbre, remarcaron que "son falsas y hacen referencia engañosa y descontextualizada a una iniciativa socioeducativa llamada ICES" aprobada por las autoridades.
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