La Cámara de Diputados terminó el año de sesiones sin poder sancionar, como mínimo, una veintena de proyectos económicos y sociales. Esto se debió a la falta de acuerdos entre el oficialismo y la oposición. Entre las iniciativas que quedaron truncas están: la creación de universidades, moratoria previsional, reformas de promoción de Agroindustria, entre otras.
El retorno a la actividad, siempre y cuando el Gobierno no habilite sesiones extraordinarias, será el 1° de marzo y recién allí el cuerpo legislativo podrá volver a tratar estos proyectos. La principal razón por la cual los proyectos no avanzaron es por la división en el cuerpo legislativo que muestra una paridad entre la banca del Frente de Todos y el interbloque de Juntos por el Cambio. El primero de ellos, con 118 legisladores, mientras que la oposición cuenta con 116.
Entre los proyectos más importantes, se impulsan modificaciones al Código Penal en lo relativo a algunos aspectos de la Ley N° 25.246, en tanto se propone la creación de un registro centralizado de Beneficiarios Finales. Estos cambios son clave para adecuar el marco normativo del país a los estándares internacionales y en vista a la cercanía de la próxima evaluación mutua del GAFI de septiembre (donde se evaluará cumplimiento técnico y eficiencia del sistema preventivo nacional en lavado de activos y financiamiento del terrorismo).
Por otro lado, con respecto a temas más sociales, una iniciativa que quedó pendiente es el proyecto de moratoria previsional. Allí está previsto, según el proyecto, un nuevo plan de pago de deuda para aquellos ciudadanos que tienen la edad para jubilarse pero no tienen los 30 años de aportes, y para los que tengan faltantes.
En este mismo sentido, hubo una llamativa situación cuando desde la oposición se bloqueó -a través de la falta de quorum por parte de Juntos por el Cambio y el interbloque federal- el proyecto de creación de universidades. Según el proyecto eran ocho nuevas que iban a estar ubicadas en CABA, Provincia de Buenos Aires, Paraná y Río Tercero. En este mismo sentido, también hubo grandes dificultades para la creación del Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI con dinero fugado al exterior, que se constituirá en dólares estadounidenses y tendrá vigencia hasta concluir el pago con ese organismo internacional, y que tenía media sanción del Senado.
Ahora se aguarda que el Gobierno envíe al Congreso el proyecto de blanqueo de capitales que diseña el Ministerio de Economía y que permitirá al Poder Ejecutivo destinar un porcentaje de esos recursos al pago de la deuda con el FMI, apuntalar las pymes, el programa de becas Progresar y solventar obras de infraestructura energética. De acuerdo al borrador de esta propuesta, se establece que se destinará el 20% de los recursos a un fondo específico a crear para el pago de obligaciones con el FMI; un 20% a las Pymes; 20% a las becas Progresar y un 40% a programas y proyectos de la Secretaría de Energía para exploración, desarrollo, construcción y mantenimiento de infraestructura, transporte y producción de gas natural.
Entre otros proyectos que no se trataron están los proyectos de promoción de "Régimen de fomento al desarrollo agroindustrial federal inclusivo, sustentable y exportador". En este mismo sentido, tampoco se pudo avanzar con la ley de Humedales que busca establecer presupuestos mínimos para proteger los humedales, por la falta de acuerdo entre los legisladores -aunque en este caso se dio que la división fue transversal-; También quedaron sin tratarse otras iniciativas con un alto grado de consenso como los proyectos de ley de Obstetricia, sobre la ley 22.990 de Sangre y de contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de Trisomía 21/ Síndrome de Down, para hijo en gestación o recién nacido, y el programa Federal Único de Informatización y digitalización de historias clínicas.
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