El gobierno de Javier Milei consiguió una victoria en el Congreso. Tras varias derrotas el mes pasado, el oficialismo evitó que distintos sectores de la oposición en la Cámara de Diputados consigan los dos tercios y consiguió gracias al apoyo de “dialoguistas” respaldar el DNU que vetó la suba de $13.000 para las jubilaciones. El bloque de de la Unión Cívica Radical fue el que expuso una fuerte interna entre el sector que se muestra más crítico con Milei, referenciados en Facundo Manes y Martín Lousteau, y el de un grupo que es aliado de la Casa Rosada. Con el respaldo al veto, el haber mínimo seguirá en $234.540, que con el bono quedó en $304.540 en septiembre. Según el proyecto original el monto previsto era de al menos $317.704.
La visita a Milei de Martín Arjol, Luis Picat, José Federico Tournier, Mariano Campero y Pablo Cervi - bautizados "radicales libertos" por sus compañeros- desató una reunión muy tensa del bloque en la que se los trató de “traidores” y se les exigió que abandonaran la bancada. Esa postura la evidenció en la sesión Pablo Juliano, mano derecha de Manes, quien en su discurso reclamó que "tengan el coraje de devolver sus bancas". El presidente del bloque, Rodrigo de Loredo, buscó calmar las aguas: “Venimos votando diferente los distintos sectores, seamos tolerantes”.
Materializados los votos radicales para confirmar el DNU, un sector del radicalismo pidió la expulsión del partido de ocho legisladores (los cinco que acompañaeron al Gobierno, los dos que se ausentaron y De Loredo), mientras que los liderados por Manes y Lousteau le pidieron a De Loredo "un replanteo y un reordenamiento del bloque" en el que queden afuera "quienes han elegido otro camino". A través de un comunicado, los 11 diputados que lo firman expresaron su malestar y repudio por lo ocurrido ya que "rompieron un acuerdo unánime y cambiaron su voto para acompañar el veto total a la Ley Previsional". Así, evaluaron que ocasionaron "un daño sobre la credibilidad y ética del radicalismo frente a la ciudadanía".
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Pese a ello, desde la mesa política de De Loredo buscaron quitar dramatismo a la situación. "Rodrigo tiene la voluntad de mantener el bloque unido", le confiaron a El Destape y expresaron que las diferencias son producto de disputas naturales que atraviesan a los bloques. "Incluso le pasa a La Libertad Avanza", soltaron. Al menos en esta votación, la interna libertaria quedó de lado.
En junio, el radicalismo acompañó con 33 votos la reforma jubilatoria y solo se ausentó el correntino Manuel Aguirre. En esta oportunidad, el bloque perdió una banca ya que Pedro Galimberti renunció para asumir en la comisión técnica que administra la represa Salto Grande. Su lugar lo ocupa ahora una legisladora del PRO que acompañó al Gobierno, por lo que la salida fue particularmente oportuna. Fueron 26 los diputados radicales que buscaron restablecer la ley vetada, mientras que los cinco visitantes de Casa Rosada formaron parte de los 87 que la rechazaron y hubo dos ausentes: Gerardo Cipolini y Roxana Reyes.
La postura del sector de Manes de que los correligionarios que respaldaron a Milei abandonen sus bancas no es una opinión compartida por una amplia mayoría. Desde el espacio de Rodrigo De Loredo, quien fue cercano a Lousteau pero ahora se muestran distanciados, ponen paños fríos pese a lo sucedido esta tarde. Como tampoco concuerdan en avanzar con la expulsión del partido, como trascendió en las últimas horas. “No sirve de nada. La gente no está pendiente de lo que hacen las organizaciones partidarias”, reflexionó en diálogo con El Destape un legislador que habitualmente acompaña leyes del oficialismo pero esta vez se diferenció.
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Una de las alternativas que se negoció como postura intermedia para evitar evidenciar más aún la interna fue la que propuso De Loredo por con respaldo de los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes) para conseguir un veto parcial. La idea era insistir con el 8% que permita recuperar lo perdido por la inflación de enero, como también la asistencia a las cajas provinciales, mientras que se proponía acompañar el veto por el pago de los juicios y un aumento anual equivalente al 50% de la variación salarial por encima de la inflación.
La propuesta no consiguió aval ya que unos 22 diputados lo consideraron improcedente. Una de las razones era que Unión por la Patria no iba a acompañar con su voto y la otra es el riesgo jurídico de que sea declarado inconstitucional. Esto molestó al sector de De Loredo porque creen que no era conveniente la estrategia del “todo o nada” y acusaron la falta de permeabilidad para encontrar una variante. “Tenés que ir midiendo para que te de el número, sino te quedás con una victoria moral y no logras el objetivo”, expresaron a El Destape.
El bloque se dividió y un sector fue a “todo o nada”. Una vez más, pero en esta oportunidad no fue por una “herramienta” que requería el Poder Ejecutivo sino por un tema sensible que afecta el poder adquisitivo del sector que más sufrió la motosierra para que Luis “Toto” Caputo consiga el déficit cero. Entre los discursos más fuertes fue el del bonaerense Juliano, quien se refirió directamente a la reunión en Casa Rosada. Afirmó que la defensa del veto "no es lo que bregamos en estas bancas” y acusó: “Los que se sacan fotos (con Milei) devuelvan sus bancas. Tengan el coraje político de lo que hacen afuera sostenerlo acá adentro".
Cuando cerró las alocuciones de su bancada, De Loredo anticipó que el bloque iba a insistir en el proyecto que en su momento aprobaron. Marcó su diferencia con el Presidente respecto del punto de vista fiscal. “El lugar de donde financiar este proyecto lo sindicó este Congreso y el Gobierno no acompañó. Le dimos opciones para que reduzca el costo fiscal que significa el costo tributario de más de dos puntos del PBI de un conjunto de empresas e industrias que tienen exenciones impositivas”, recordó.
Y le achacó al oficialismo no aceptar la propuesta del veto parcial como también, en una crítica velada al sector de Manes y Lousteau, a quienes se mantenían firmes en insistir con la ley original. “Ni unos están discutiendo el equilibrio fiscal ni los otros están honestamente queriendo ayudar en algo concreto y objetivo a los jubilados”, cerró.
La división que mostró el radicalismo la aprovechó el PRO, desde el que en más de una oportunidad salen críticas al legislador cordobés. El jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, dejó expuesto a De Loredo al afirmar que la UCR "no tiene conducta partidaria" y con ironía lanzó que debe “aprender de la educación que siempre tuvo el radicalismo". Les reclamó que se "hagan cargo" de haber "arreglado con el kirchnerismo".
Otro de los episodios que abonó a la crítica situación interna en el bloque de la UCR se dio en el cierre de la sesión cuando era el tiempo de la bancada oficialista. Allí el tucumano Mariano Campero tomó la palabra con un duro discurso contra el kirchnerismo y hasta acusó al peronismo de “dar un golpe (de Estado) a De la Rúa”. “Patética”, fue la respuesta desde el sector de Manes para definir la catarsis en su interrupción.
Como había adelantado El Destape semanas atrás, el bloque de la UCR está al borde del quiebre por las diferencias de posturas. Esta sesión tensó más aún la situación y lo expuso así esta mañana Danya Tavela al afirmar que "es una posibilidad que se rompa el bloque". La diputada referenciada en Lousteau dijo a Radio Splendid que si bien dentro del espacio "conviven distintas miradas" la mirada de “movimiento popular" que tiene el partido no deja lugar a que haya correligionarios que no rechacen el veto. Y sugirió que el cambio de voto de los cinco diputados obedezca a una promesa a nivel electoral ya que en algunas provincias "muchos diputados quieren ser reelegidos el año que viene y están buscando alternativas para hacerlo". Cervi y Arjol son dos cuyas bancas vencen en 2025.
La Convención Nacional, conducida por Gastón Manes, expresó anoche su rechazo al veto presidencial e hizo un llamado para que los diputados del espacio “sean coherentes” con la iniciativa presentada por el propio partido. Tras esto, advirtieron: “En caso de incumplimiento a lo resuelto por esta Mesa directiva se dará inmediato traslado al Tribunal de Ética de la UCR para el tratamiento de la conducta de sus afiliados legisladores que incurrieran en tal actitud”. Este miércoles, ni bien terminó la votación dentro de la Cámara de Diputados, un sector del radicalismo liderado por Agustín Rombolá presentó un pedido oficial de expulsión de ocho diputados del partido: los cinco legisladores que se dieron vuelta, el jefe del bloque De Loredo -a quien consideraron "como autor intelectual de la traición de los demás diputados nacionales querellados", según la carta enviada a la conducción y la convención nacional del partido- y los dos que se ausentaron.
Sin llegar a la expulsión, una alternativa puede ser la suspensión preventiva aunque hasta en el mismo sector de Manes buscan ser cuidadosos con la posible sanción. La última vez que se expulsó a un correligionario fue a Julio Cobos en 2007 cuando decidió forjar una alianza con Cristina Kirchner para ser su vicepresidente.
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