La Cámara de Diputados, epicentro del conflicto entre el oficialismo y la oposición, se apresta para un mes clave con final abierto. En las próximas semanas, el gobierno espera aprobar un paquete de cuatro proyectos clave para dar un marco al incipiente programa económico: el presupuesto 2021, el aporte solidario de los 10 mil patrimonios personales más abultados del país, la fórmula de movilidad jubilatoria y el proyecto que establece el monto que debe recibir la Ciudad de Buenos Aires para sostener a la policía local. La oposición ya muestra los dientes; adelantaron que exigirán, nuevamente, sesiones presenciales, lo que anticipa otro debate metodológico, el enésimo desde que comenzó la cuarentena. El poroteo de los proyectos, en todos los casos, es parejo. La apuesta del oficialismo consiste en correr el eje de la discusión al reparto de recursos en las provincias para sumar apoyo desde el interior del país.
Con la exposición de los ministros Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), Daniel Arroyo (Desarrollo Social) y Gabriel Katopodis (Obra Pública) ante la Comisión de Presupuesto de la cámara se dará por concluida esta tarde la etapa de audiencias informativas. Entre esas tres carteras se explica más de la mitad del monto total de los gastos previstos en el proyecto, tal como llegó al Congreso. El oficialismo cuenta con los votos suficientes para darle dictamen a la iniciativa pero no para darle media sanción, motivo por el cual se buscará consenso con los bloques minoritarios; descuentan un rechazo de Juntos por el Cambio. El plan es tratarlo en el recinto en la segunda quincena de octubre, en la misma sesión en la que se discuta el impuesto a las grandes fortunas, que ya tiene dictamen y --en principio-- las 129 voluntades necesarias para sortear los obstáculos que ponga la oposición y enviarlo al Senado, donde los números para convertirlo en ley están asegurados.
Para llegar a la sesión el FdT deberá sortear una nueva pulseada con los diputados de JxC para que se determine el método de trabajo. En el último protocolo que firmaron todas las fuerzas políticas existe el compromiso de tratar algunos proyectos sensibles de manera presencial, aunque excusando a aquellos legisladores que decidan de manera fundada no participar. La oposición ya anticipó que activará esa cláusula, pero existe divergencia en la interpretación de la letra. Para el oficialismo, todos los que quieran asistir pueden hacerlo, pero el bloque del Frente de Todos puede excusarse por completo, aduciendo los riesgos que implica asistir en el marco de una pandemia. Del otro lado no quieren quedar en soledad en el recinto y exigen un mínimo de 129 representantes sentados en sus asientos para que haya un quórum que permita avanzar. El pronóstico anticipa un nuevo round de cruces mediáticos con alta posibilidad de boicot. Nada que no se haya visto antes.
En un segundo turno, aunque atado a las negociaciones que hacen al tratamiento del presupuesto, el gobierno espera aprobar antes de fin de mes el proyecto que tiene media sanción del Senado desde el último viernes y establece pautas para la transferencia de recursos que la Nación debe hacerle a la Ciudad de Buenos Aires en virtud del traslado de la policía. Este proyecto corrige las atribuciones que le había dado al gobierno porteño Mauricio Macri por decreto, y que excedían largamente la suma necesaria para sostener a las fuerzas de seguridad locales. Para aprobar esta iniciativa también será necesario el apoyo de los bloques provinciales que tienen el fiel de la balanza en la cámara baja. La coparticipación es un tema sensible para los gobernadores, que muchas veces miran con recelo la abundancia metropolitana. El tema está “en estudio”, entrecruzado con las negociaciones de la letra chica del presupuesto. En el oficialismo son optimistas respecto a su aprobación.
Por último, el paquete se completa con la nueva ley Movilidad Jubilatoria, cuya fórmula ya está consensuada en el gabinete económico y entrará al Congreso por la cámara baja en las próximas semanas, una vez que el Senado haya convertido en ley el proyecto de blindaje del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES que tuvo media sanción por unanimidad hace diez días. La propia titular de ese organismo, Fernanda Raverta, estableció el plazo que se puso el gobierno: “Deberá estar discutida y sancionada para diciembre”, cuando debe efectuarse la próxima actualización de haberes. Como el proyecto debe pasar por una Comisión Mixta entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo creada ad hoc antes de hacer el trámite parlamentario habitual, el margen para iniciar ese camino es estrecho. La fecha en la que se dará a conocer la propuesta todavía no está decidida, pero no puede pasar mucho más allá de la semana que viene.
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