Con guiño a los propietarios, Juntos por el Cambio quiere modificar o derogar la ley de alquileres

A días de que finalice el decreto de necesidad y urgencia que congeló los alquileres, prorrogó contratos y suspendió desalojos, desde Juntos por el Cambio pidieron modificar o derogar la ley de alquileres sancionada en 2019 "para devolver la seguridad jurídica a los propietarios y que vuelva la oferta" de viviendas al mercado inmobiliario. Dentro del interbloque opositor conviven distintas posturas, desde el cambio de algunos artículos, la eliminación de los más "problemáticos" hasta el borrón y cuenta nueva para volver a un escenario previo a la norma que contó con el apoyo de la alianza.

Desde Cambiemos argumentaron que "los alquileres aumentaron un 62 por ciento en el 2020 y los propietarios retiraron de manera masiva los inmuebles del mercado", panorama al que se sumó la no extensión del DNU publicado el 29 de marzo del año pasado ante la crisis sanitaria producto del coronavirus, "dejando de lado una política intervencionista que lo único que hizo fue postergar el problema sin llegar a ninguna solución", dijeron.

“Necesitamos modificar o derogar la Ley de Alquileres para devolver la seguridad jurídica a los propietarios y que vuelva la oferta. Ya se comprobó que ese instrumento fue un error y que lo único que hizo fue perjudicar a los inquilinos con una suba anual de los alquileres que casi duplicó la inflación”, explicó la diputada Gisela Scaglia, autora de uno de proyectos de Juntos por el Cambio para retocar la ley.

Dentro de las distintas propuestas que conviven en el espacio opositor se encuentran las que apuntan a "eliminar los artículos más problemáticos, como el que prohíbe que se aumente el precio más de una vez al año y obligar a hacer contratos de tres años, modificar otros y conservar los aciertos. La propuesta es retrotraer todo al escenario anterior a la ley o pensar modificaciones que sirvan hoy a las dos partes".

Inquilinos Agrupados se hizo eco de la situación y, según explicaron en sus redes sociales, "hay en marcha una campaña en contra de la ley de alquileres y el decreto. El mercado inmobiliario logró que el gobierno finalice el decreto y ahora van por la ley. No van a perdonar nunca la extensión del contrato a 3 años, el registro en AFIP y las actualizaciones anuales". Además, señalaron que "el proyecto para derogar la ley de alquileres que presentó Cambiemos junto con todas las inmobiliarias en el Congreso dice que el plazo del contrato de alquiler de vivienda se deberá arreglar entre las partes. O sea los contratos podrían ser de uno, dos o 3 meses. Son nefastos".

En este contexto de crisis habitacional, Scaglia también pidió que se ponga en marcha el Programa de Alquiler Social previsto en la ley. “Estamos frente a una situación crítica. Se tiene que atender a las familias más vulnerables para que todo aquel que se encuentre en una situación de necesidad tenga garantizado el derecho universal a la vivienda, no sirven de nada que en la ley se especifiquen instrumentos que hoy no se aplican”, explicó la diputada.

Según se manifestó en el proyecto de resolución, "la ley no ha tenido ni tiene los efectos deseados que se argumentaron al momento del debate en el Congreso nacional". Frente a la desaparición del DNU que dio cierta seguridad habitacional a millones de familias, la alianza opositora solicitó que "se ponga plenamente en marcha el Programa Nacional de Alquiler Social para que todo aquel que se encuentre en una situación de necesidad tenga garantizado el derecho a la vivienda".

En caso de no aplicar medidas que protejan a los sectores vulnerables, apuntaron contra el Gobierno del Frente de Todos, "el Ejecutivo es enteramente responsable por la ineficiencia e ineficacia habiendo tenido tiempos suficientes para que las áreas pertinentes se avoquen a la resolución de problemas de larga data en materia social y habitacional".

Preocupación por el DNU de alquileres

Luego de que el ministro de Vivienda, Jorge Ferraresi, dejara trascender que no se prorrogará el decreto que tiene al 31 de marzo como fecha de vencimiento, desde la Federación de Inquilinos Nacional manifestaron su "preocupación" porque "los resultados de la encuesta nacional a inquilinos del mes de enero arrojó un dato contundente: el 40% no sabe dónde va a vivir cuando finalice el decreto. Además: El 35.7% (1.249.500 hogares inquilinos) no pudo pagar el mes de enero o pagó parcialmente. Esto los ubica en una situación de posible desalojo".

Gervasio Muñoz, presidente del organismo que nuclea a los inquilinos, explicó que "durante la pandemia el decreto evitó que familias quedaran en la calle extendiendo automáticamente los contratos de alquiler y el mercado inmobiliario respondió a esa medida con aumentos de precios que hoy, a un año de la pandemia y sus consecuencias económicas, son imposibles de afrontar por las familias. El panorama hoy es: familias que hace meses acumulan deudas, no tienen dinero para mudanza, no tienen dinero para pagar un nuevo alquiler, y mucho menos para saldar las deudas mientras pagan un nuevo alquiler. La única alternativa es la calle".