El viernes pasado venció el plazo para que el Congreso conformara la Comisión Bicameral que tendría que haber tratado el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei hace algunas semanas para desregular la economía. No se cumplió con el plazo porque el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, lo frenó y no negoció los nombres de los miembros. La estrategia del oficialismo quedó, así, clara: dilatar este proceso parlamentario para apostar todo al proyecto de la ley ómnibus y un eventual aval de la Corte Suprema. Pero ahora la ley establece que los diputados y senadores pueden tomar la iniciativa y autoconvocar una sesión para tratar directamente en los plenos el decreto.
Hay sectores de la oposición que, desde ambas cámaras, buscan que el mega DNU se trate lo antes posible. "Si es por mí, lo rechazamos mañana", confió a El Destape un senador del peronismo. La clave, en esta nueva pulseada que se abre en el Congreso, será si consiguen los números para hacerlo.
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El diputado del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT-U) Christian Castillo adhirió a la postura de que el documento sea tratado por los legisladores cuanto antes, a la vez que explicó que, si bien el DNU había ingresado al Congreso por el Senado, la sesión autoconvocada puede darse también en Diputados. "Es claro que sí se permite. Las cámaras pueden autoconvocarse. Eso es explícito porque no se está legislando, sino que se está rechazando o aceptando un DNU. Es decir, claramente se puede autoconvocar tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores para rechazar el DNU", declaró.
Una vez que se pueda llamar a la sesión autoconvocada, para la que se necesita la firma de diez diputados, el tema será el quórum, ya que entre Unión por la Patria (UP) y el FIT-U juntan 107 diputados, 22 menos de los necesarios. El 13 de enero, la diputada del FIT-U Myriam Bregman había compartido un mensaje en interpelando a sus colegas de la Cámara Baja: "En una semana, el Congreso ya estará habilitado para autoconvocarse y rechazar el DNU en cada Cámara, cada legislador debe decir urgente qué hará ante el DNU y la Ley Ómnibus: nada a espaldas del pueblo, que lo digan con claridad ahora".
El PRO, con la idea que marcaron más de una vez sus referentes de darle gobernabilidad a Milei, acompañará el DNU. La Unión Cívica Radical (UCR), por otra parte, no lo tiene tan claro: con sus gobernadores y principales dirigentes negociando con el Gobierno por distintos puntos del proyecto de ley ómnibus, todavía no está definida la postura de cara al DNU, según relataron a El Destape fuentes de los bloques radicales de las dos cámaras.
Sin embargo, una de esas fuentes consultadas sostuvo que, como argumentan UP y la izquierda, el DNU está "en condiciones" de ser tratado en el recinto. Hace un mes, cuando el Presidente anunció la firma del DNU, el entonces senador nacional y ahora, además, presidente de la UCR nacional, Martín Lousteau, había cuestionado el decreto, al que describió como "inválido", y había pedido que el Poder Ejecutivo enviara al Congreso una "ley espejo que se pueda votar por capítulos".
Esto no sucedió y el tratamiento del DNU que, según versiones periodísticas, podría ser uno de los artículos sacrificados por el Gobierno en la negociación por conseguir un dictamen de la ley ómnibus en Diputados, parece haber quedado a la deriva en el Congreso.
La vía judicial, el otro frente
A fines de 2023, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, pidió a la Corte Suprema que declarara inconstitucional el DNU de Milei. "Con la vigencia del DNU N° 70/2023 se lesiona gravemente el federalismo, la institucionalidad de nuestra república, y se coloca en un estado de vulnerabilidad al conjunto de la sociedad argentina en sus derechos laborales, sociales, económicos y culturales", justificó en ese momento el gobernador.
Si bien la Corte aceptó evaluar el pedido de La Rioja, advirtió que lo haría una vez que termine la feria judicial de enero, lo que varios analistas interpretaron como un guiño para que la disputa sea resuelta por la política, en el Congreso. Pero todo se complicó en el Poder Legislativo y, en el medio, el juez en lo Contencioso Administrativo Enrique Lavié Pico habilitó la feria para las causas "Rizzo" y "Observatorio", que cuestionan la constitucionalidad de todo el decreto, no solamente de algún apartado. Ahora, la decisión de otorgar o no una medida cautelar que frene todo el decreto depende de la Cámara Nacional de ese fuero, que, si quiere, puede definirlo en los próximos días, antes que la Corte termine sus vacaciones.
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