La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retoma su actividad a la espera de recibir el testimonio de Silvio Robles, estrecho colaborador del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Quien no estará es el exministro de Justicia y Seguridad porteño, Mauricio D'Alessandro, quien pidió reprogramar la fecha de su declaración. Ambos son investigados por la supuesta negociación del fallo sobre coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.
Presidido por la diputada oficialista Carolina Gaillard, el grupo parlamentario reanudará así su actividad tras el receso invernal con el objeto de avanzar en la acumulación de pruebas para el enjuiciamiento a los jueces Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, y Carlos Rosenkrantz, a quienes se los investiga por "mal desempeño de sus funciones" . La comisión se reúne desde las 13 en la Sala 2 del Anexo A de la Cámara baja.
Las causales por las cuales se abrió la investigación es por el fallo dictado a favor del distrito porteño; la derogación de la ley del Consejo de la Magistratura; la sentencia del 2x1 para beneficiar a un represor y las irregularidades en el manejo de la obra social del Poder Judicial.
Además de los mencionados, también fueron invitados el secretario de Juicios Originarios de la Corte Suprema, Alejandro Daniel Rodríguez, que no asistió a la reunión del 11 de julio y pidió reprogramar su presencia, y a Alejandro Otero, actual funcionario de la AFIP. Los cuatros testigos fueron convocados para que asistan al Congreso, según informaron fuentes parlamentarias.
Una de las líneas de investigación sostenida por el oficialismo es que la resolución judicial por los fondos destinados a la ciudad de Buenos Aires (que habían sido redistribuidos por el Gobierno de Alberto Fernández) benefició al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, tras supuestas negociaciones entre Rosatti y la administración porteña a través de Robles.
Esa situación se dio a fines del año pasado, cuando los integrantes de la Corte firmaron una medida cautelar que ordenó al Gobierno nacional que aumentara a 2,95% el monto de la coparticipación para el distrito capitalino.
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