La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados debate un proyecto de ley del oficialismo que busca reformar la ley de estatización de Aerolíneas Argentinas para prohibir la transferencias de acciones de la línea área sin la autorización de los dos tercios de los miembros de la Cámara baja y del Senado.
La iniciativa, impulsada por el diputado del Frente de Todos (FdT) Máximo Kirchner, apunta a evitar que en el futuro se intente un desguace de la aerolínea de bandera sin la intervención del Congreso, ante las advertencias planteadas por los candidatos presidenciales de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, y de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, de "privatizar empresas públicas", señaló el equipo de trabajo de Kirchner en un comunicado.
En la reunión prevista "se buscará emitir dictamen", teniendo en cuenta que en la comisión de Legislación General, a cargo de Lucas Godoy (Frente de Todos-Salta), el oficialismo cuenta con mayoría. En ese cuerpo parlamentario, la bancada presidida por Germán Martínez cuenta con 16 de los 31 integrantes, mientras que JxC suma 14 y el interbloque Federal, uno.
En los fundamentos del proyecto presentado el 17 de julio pasado, Kirchner planteó que el objetivo es "proteger lo conseguido y ahuyentar a los 'fantasmas privatizadores'", como también "poner límites a quiénes disfrazados de eficientes gestionadores privados lo único que han hecho es utilizar al Estado como fuente de financiamiento de pingües negocios personales".
La iniciativa propone reformar la ley 26466/08, que declaró de utilidad pública y sujetas a expropiación las acciones de las Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral S.A., y prohíbe expresamente "la transferencia de las acciones" sin una autorización previa del Congreso.
El proyecto detalla que la autorización del Congreso a cualquier transferencia de acciones de Aerolíneas requerirá de la aprobación con el voto favorable "de las dos terceras partes del total de los miembros de cada Cámara".
Para modificar la ley 26.466, la propuesta promueve incorporar un párrafo al primer artículo de la normativa, lo que que permitiría incluir en el texto de la norma el mismo requisito que figura en el artículo 10 de la ley 26.741/2012, por la cual se expropió el 51% de las acciones de la petrolera YPF. En el artículo 10 de la ley que pasó al Estado la mayoría del paquete accionario de YPF se dejó constancia que, como la expropiación se debió a una causa de utilidad pública, "se encuentra prohibida la transferencia futura de ellas sin autorización del Honorable Congreso votada por las dos terceras partes de sus miembros".
En el resumen que acompaña el proyecto se planteó que la necesidad de restringir a través de una ley cualquier cesión o transferencia de acciones se debe a la proliferación de "discursos irresponsables, alejados de la mirada estratégica que debe tener la construcción de un país para todos y todas". En ese sentido, se advirtió: "Se pretende volver a cero el esfuerzo que tanto le ha costado al pueblo argentino para reconstruir las empresas públicas luego de la estafa de las privatizaciones. Otra vez se impulsa la excusa de una empresa deficitaria que debe cerrar o debe estar en manos privadas como una idea nueva".
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