El fiscal federal Carlos Rivolo pidió enviar a juicio a diez procesados por "daño agravado" y "resistencia a funcionarios públicos" en la causa por el ataque contra el Congreso de la Nación, perpetrado el 10 de marzo pasado. Los destrozos fueron en el frente de la oficina de la Presidencia del Senado, mientras Cristina Kirchner estaba allí en una reunión. En paralelo, la Cámara de Diputados debatía el aval al acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI), informaron fuentes judiciales.
La fiscalía entendió que los hechos investigados excedieron el derecho a la protesta y "ameritan reproche en sede penal". Entonces, dio por concluida la investigación y solicitó a la jueza federal María Eugenia Capuchetti que envíe el caso a sorteo de un Tribunal oral, indicaron los voceros judiciales.
La Presidencia del Senado, a cargo de Cristina Fernández de Kirchner, es querellante en esta causa, a partir de que el despacho de la Vicepresidenta en la Cámara alta fue blanco de piedrazos e impactos de pintura, en un atentado que también causó destrozos en el interior de esa oficina.
En la causa que tramita ante el fuero federal se investiga el ataque al Congreso bajo el supuesto de que el objetivo de la pedrada pudo haber sido el de interrumpir el funcionamiento de un poder del Estado (el Legislativo). En tanto, el juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas 23 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Norberto Circo, tramita otro expediente en el que se investiga lo que ocurrió fuera del Congreso, pero bajo el prisma de los daños provocados al patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires y los enfrentamientos con la policía porteña.
"Cabe destacar que entre los ataques con piedras, y que tuvieran como claro objetivo las oficinas mencionadas, se realizaron marcas con pintura roja sobre la zona, circunstancia que podría haber oficiado de señalización", expresó en su momento la abogada Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos del Senado. Los daños producidos en el frente del edificio, el despacho de la presidenta del Senado de la Nación, y el peligro al que fueran sometidas las personas que se encontraban en su interior, "recién pudieron ser evitados a partir de las 15:21 aproximadamente, cuando un cordón policial avanzó sobre la zona y dispersó al grupo de manifestantes que, incesantemente, tuvo por objetivo atentar directamente contra dicho sector del Congreso Nacional", había detallado Peñafort.
Varios de los diez acusados habían sido procesados por Capuchetti en abril último, por intimidación pública y daño calificado, en una decisión que fue confirmada por la Cámara Federal porteña.
La Presidencia del Senado informó que los daños patrimoniales producidos durante la pedrada del 10 de marzo último superan los seis millones de pesos, según un cálculo provisorio que aún no incluye aquellos elementos considerados "históricos" que deberán reconstruirse con trabajo artesanal. "La evaluación económica reviste carácter provisional y su estimación es aproximada dadas las características del Monumento Nacional del Palacio Legislativo y varios de los componentes dañados", señaló la directora General de Asuntos Jurídicos de la Presidencia del Senado, Graciana Peñafort, en la presentación de marzo pasado a la que accedió Télam.
En el mismo escrito, la abogada señaló que "la agresión se encontró selectivamente direccionada sobre el margen correspondiente a la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, específicamente donde se encuentran las oficinas de la H. Presidencia del Senado de la Nación, las que quedaron claramente señaladas por pintura y especialmente dañadas en sus paneles exteriores".
En el informe, que había sido solicitado por la jueza Capuchetti, se detalló además que otras áreas del Senado, linderas a aquella que ocupa Fernández de Kirchner, también fueron dañadas. Entre los despachos dañados se encuentra también los de los senadores Claudia Abdala, José Mayans y Ricardo Guerra, según informaron fuentes judiciales.
Con información de Télam
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