Aborto legal: para que sea ley, el Gobierno jugará fuerte en el Senado

A diferencia de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, el Gobierno jugará fuerte y con señales claras en el Senado de cara al debate por la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). A dos semanas de su llegada al recinto para la sanción definitiva (o un nuevo rechazo), el poroteo está ajustado y el Ejecutivo quiere que sea ley. El presidente Alberto Fernández no presentó el proyecto para perder, lo hizo para ganar. Para cumplir una promesa de campaña pero para obtener el visto bueno del Congreso y ampliar derechos en un año tan complejo. En ese camino, varias figuras fueron y serán clave. Algunas de ellas son Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades, su par de Salud, Ginés González García, y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, que expusieron esta tarde en un plenario de comisiones que se extenderá por dos días más para llegar a la firma del dictamen de mayoría el jueves. Los tres estuvieron presentes durante el tratamiento del 10 y 11 de diciembre, de principio a fin.

El viernes, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero se reunió con la senadora del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, encargada del armado en la Cámara Alta, una de las figuras más cercanas a Cristina Kirchner. También lo hizo con su compañero de bancada, Oscar Parrilli, encuentros que se dieron por separado. Gómez Alcorta también mantuvo reuniones con legisladores en el mismo sentido. La tarea será ardua: mantener los votos favorables que penden de un hilo y convencer a los indecisos. "Se está trabajando para garantizar lo más posible" la sanción de la ley, confiaron fuentes de Casa Rosada a El Destape. "Queremos que salga", aseguraron y confirmaron que el Gobierno tendrá un rol más fuerte que en Diputados porque la media sanción "venía bien" y no hizo falta una profunda injerencia del Ejecutivo. En este caso, será más fuerte y con señales más claras porque todo puede pasar. Más allá de eso, confían que tendrá el visto bueno. 

Otra de las figuras importantes fuera del parlamento fue y será Malena Galmarini, titular de Aysa. Ella estuvo presente de principio a fin durante el debate en Diputados y seguramente cumplirá un rol similar en el Senado porque "está en su ADN", dijeron fuentes cercanas a ella. Malena fue una de las personas que se reunió con representantes del pueblo indecisos y fue clave para lograr su voto favorable, como en el caso del sanjuanino Francisco Guevara, el único de su provincia que dio su visto bueno al proyecto.

En ese camino también jugaron fuerte la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, quien también mantuvo reuniones con distintos diputados y diputadas; Sergio Massa, el presidente de la Cámara - en caso de haber llegado a la instancia de desempate, hubiera votado a favor - y el titular del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner. Por supuesto, fueron indispensables figuras como las de las diputadas Mónica Macha, Carolina Gaillard, Cecilia Moreau y el diputado Pablo Yedlin, los cuatro presidentes de las comisiones que lograron un dictamen histórico el miércoles 9 de diciembre.

Sin embargo, las y los diputados que motorizaron la rosca para conseguir la media sanción no intervendrán en la del Senado por una cuestión de respeto. Desde la Cámara Alta no intervinieron en las negociaciones de la Baja y ocurrirá lo mismo a la inversa más allá de que todos y todas están disponibles si fuera necesario. De todos modos, aseguraron a El Destape que confían en el rol que cumple y cumplirá Fernández Sagasti, el opositor Luis Naidenoff y la propia Cristina Kirchner, que votará a favor en caso de tener que desempatar una votación que al día de hoy está "palo a palo".

El rol del Ejecutivo será clave. En Diputados, durante el debate, aseguraron que esperaban una señal del Gobierno para garantizar los números pero no hubo una "bajada de línea". Sin embargo, en la tarde del 10 de diciembre hubo una reunión clave entre distintos funcionarios y algunos legisladores para marcar un poco la cancha y recordarle a los celestes que se trata de un proyecto enviado por Alberto Fernández. En este caso, la señal será más clara para que, finalmente, sea ley.

La primera jornada de sesiones informativas en las comisiones designadas dejó en claro que no se tratará de un debate sencillo. Los celestes pusieron todas las trabas posibles para dilatar el tratamiento: desde intentar sumar decenas de expositores, pedir preguntas a viva voz, sumar comisiones y desinformar. Lejos de recordar las arduas jornadas de 2018, el senador formoseño José Mayans aseguró que los verdes buscan un tratamiento exprés, dejando de lado algo básico tomado del método científico: generar evidencia, conocimiento para partir de allí y no empezar de cero cada vez.

Martes y miércoles habrá exposiciones a favor y en contra de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. El jueves se firmará el dictamen. La fecha histórica será el 29 de diciembre. El rol del proyecto de los Mil Días también es importante: muchos y muchas indecisas encontraron en él la respuesta que hacía falta para acompañar la iniciativa. Pero el Senado no es igual a Diputados, la injerencia de las gobernaciones y otros poderes fácticos es más fuerte. La rosca será fundamental y no empezó este lunes, empezó antes.

Arrancó el debate

Cerca de las 14.30 comenzó la primera reunión plenaria informativa. Cristina giró el proyecto a las comisiones de la Banca de la Mujer, Justicia y Salud. Los expositores fueron Gómez Alcorta, González García e Ibarra. Los tres designados por el Gobierno para defender el proyecto ante diputados y senadores. A diferencia de la Cámara Baja, el tratamiento en la Alta es enteramente virtual. Los funcionarios estuvieron presentes de forma física en el Congreso pero los legisladores lo hicieron de manera remota. El protocolo está vigente y, a menos que haya algún acuerdo de último momento, el 29 de diciembre será igual. Sólo con la presencia de las autoridades en el recinto.

Al inicio del tratamiento, Dalmacio Mera, en contra de la IVE, pidió que la Banca de la Mujer no sea la comisión cabecera del debate. Su presidenta es Norma Durango, a favor del proyecto. Según argumentó, la misma está integrada sólo por mujeres y deja afuera al hombre en la responsabilidad de un embarazo. Después de varias interrupciones por parte de detractores, como Silvia Elías de Pérez, pudo comenzar el plenario.

Como explicó ante Diputados, Vilma Ibarra aseguró que sabe que el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo "solo no alcanza", pero ratificó que lo que se busca "es evitar las muertes evitables y abordar el problema de salud pública" que acarrean los abortos clandestinos. Además, recordó que la penalización del aborto que rige hasta la actualidad "no dio resultados" y reiteró que una educación sexual integral "debe ser una política de Estado". La funcionaria detalló que la iniciativa "no sólo no va a violentar las convicciones de nadie sino que va a disminuir las objeciones de conciencia" porque va a bajar la judicialización para profesionales y cuerpos gestantes, de forma rápida y más segura para la vida y la salud.

Por su parte, Gómez Alcorta sostuvo que el Gobierno tiene "una responsabilidad histórica para asegurar que en nuestro país ninguna mujer más muera por causa de un aborto clandestino". Y agregó: "Estamos convencidos de que este proyecto viene a dar respuesta concreta a un problema de salud concreto y lo que no podemos seguir haciendo es mirar para otro lado".

La ministra explicó que hay "sobradas evidencias que la legalización (del aborto) disminuye la mortalidad materna y abortos", subrayó que "la legalización demuestra que existe un círculo virtuoso por el mayor acceso a la información y a la anticoncepción" y aclaró que la interrupción de los embarazos "no implica una saturación para el sistema de salud" sino que, por el contrario, "implica un ahorro". "Tenemos una responsabilidad histórica que es asegurar que en nuestro país nunca más una mujer muera por causa de un aborto clandestino", sostuvo.

En tanto, González García describió la iniciativa como "un proyecto extraordinario porque baja la mortalidad materna, la morbilidad materna y aumenta la vida de las mujeres” y explicó que "no es en contra de nadie, sino a favor de un grupo social que está sufriendo en la Argentina". El funcionario dijo que, de forma aproximada, se practican alrededor de "mil abortos por día en la Argentina y cien internaciones en hospitales públicos" por prácticas que terminan mal. "Si bien ese número viene disminuyendo por todos los programas que vienen implementándose en la Argentina, el tema sigue pasando", reconoció.