Por primera vez en la historia, el Poder Ejecutivo envió un proyecto para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, debate que comenzó este martes al mediodía. Tres fueron los funcionarios designados para llevar los argumentos del Gobierno ante los diputados y diputadas de las cuatro comisiones que tratan el texto: la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, el ministro de Salud, Ginés González García, y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta. En ese orden, todos hicieron foco en que la criminalización no ayudó a salvar ninguna vida, sino todo lo contrario, y enfatizaron la necesidad de tener un Estado presente cualquiera sea la decisión de la persona gestante.
Los funcionarios expusieron ante las comisiones de Legislación General, Legislación Penal, de Mujeres y Diversidad y de Acción Social y Salud Pública, y respondieron preguntas de los legisladores y las legisladoras. El plenario comenzó pasadas las 13 pese a que inicialmente se había pautado para la mañana. La sesión extensa del lunes, que culminó a las ocho de la mañana del martes, postergó el inicio de este debate esperado.
La primera en exponer fue Vilma Ibarra, una de las redactoras del texto. Con el reconocimiento hacia las pioneras en esta lucha, aseguró que el gobierno envió el proyecto dando cumplimiento a una promesa de campaña, cuyo rol también destacó en su discurso. “El presidente Alberto Fernández dijo que el Estado tiene que hacerse cargo de un problema grave que hay en la Argentina que son los miles de abortos clandestinos que existen, donde las mujeres ponen en riesgo su vida y su salud, además del sufrimiento de toda una situación de búsqueda de un lugar frente a una decisión tomada de no continuar con un embarazo”, sostuvo.
Además, explicó que la penalización de la mujer que aborta no logró disuadir a las mujeres de abortar sino que “ha llevado a las mujeres a los abortos clandestinos donde sucede lo que sucede en condiciones espantosas y donde además se arma un enorme negocio alrededor del aborto clandestino. Qué le ofrece hoy el Estado a esa mujer que ha decidido a interrumpir ese embarazo, porque fue abusada, porque no está en su plan de vida, porque no le funciono el método anticonceptivo, y siente que no quiere, no puede asumir una maternidad forzada, hoy el Estado le ofrece cárcel".
A su turno, González García aseguró que fortalecer los derechos sexuales y reproductivos es fortalecer la prevención. En ese contexto sostuvo que es necesario acompañar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo con Educación Sexual Integral, prevención de violencia de género y abuso y fortalecer el acceso a los métodos anticonceptivos. También señaló que los abortos clandestinos tienen un impacto altísimo en el sistema de salud y que su legalización es también un tema de justicia social.
El ministro manifestó que toda su vida se dedicó con énfasis a este tema por tres razones. “La primera -detalló- por lo que hace todo médico que es prevenir que las cosas no ocurran y en el caso de que sucedan tengan menos consecuencias”. La segunda razón es de derecho y la tercera de justicia social. “Hay 1.110/1.200 abortos en el día de hoy y 100/120 internaciones sólo en los hospitales públicos y esto está pasando hace mucho tiempo. Sus consecuencias son muertes, infecciones, enfermedades, internaciones y gastos”, sostuvo y lanzó. “Sobran las evidencias de que esto tiene solución”.
Ginés recalcó que "el aborto es un problema serio de salud pública que si lo resolvemos de una manera técnica y científica, eliminamos una casusa de muerte”. Además “la penalización estigmatiza a las mujeres y hacen que lleguen más tarde a los servicios por lo que las consecuencias son peores” a lo que se le suma el enorme impacto económico que tienen las internaciones en el sistema de salud por abortos clandestinos que es de 10 veces más que la utilización de una tecnología moderna para la interrupción del embarazo.
Finalmente, tras realizar un repaso por los distintos aspectos del proyecto, Gómez Alcorta, aseguró que la iniciativa "viene a dar una respuesta concreta a un problema de salud pública" y que la legalización de la interrupción del embarazo disminuye la mortalidad materna, salva vidas de mujeres y elimina riesgos para la salud y consecuencias para la capacidad reproductiva futura.
“La legalización disminuye los abortos, que es algo que deseamos todos y todas. Por otro lado, como explicó el Ministro de Salud, no estresa al sistema de salud sino que, por el contrario, lo desestresa. La legalización no implica más costos, sino un ahorro para el Estado", enfatizó. Durante su exposición, se concentró en explicar los detalles técnicos referidos a los aspectos de despenalización en el proyecto. Al finalizar, concluyó: “Tenemos que estar a la altura de la responsabilidad histórica para que nunca más muera una mujer en Argentina muera por un aborto clandestino”.
Tras la presentación del Poder Ejecutivo, las comisiones continuarán con las exposiciones de 50 expertos que plantearán sus posiciones a favor y en contra del proyecto. Entre el jueves y viernes los diputados buscarán dar dictamen para ser luego tratado en el recinto. Según el cronograma estipulado, esperan debatir el texto el 10 de diciembre.
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