Cerca de las 14.30 comenzó la primera reunión plenaria informativa para debatir la Interrupción Voluntaria del Embarazo, encuentro que se extendió hasta cerca de las cinco de la tarde. Cristina Kirchner giró el proyecto a las comisiones de la Banca de la Mujer, Justicia y Salud. Los expositores fueron la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, su par de Salud, Ginés González García, y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra. Los tres designados por el Gobierno para defender el proyecto ante diputados y senadores. A diferencia de la Cámara Baja, el tratamiento en la Alta es enteramente virtual. Los funcionarios estuvieron presentes de forma física en el Congreso pero los legisladores lo hicieron de manera remota. El protocolo está vigente y, a menos que haya algún acuerdo de último momento, el 29 de diciembre será igual. Sólo con la presencia de las autoridades en el recinto. El tratamiento en comisiones continuará el martes a las 10 de la mañana.
A diferencia de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, el Gobierno jugará fuerte y con señales claras en el Senado de cara al debate por la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). A dos semanas de su llegada al recinto para la sanción definitiva (o un nuevo rechazo), el poroteo está ajustado y el Ejecutivo quiere que sea ley. En ese camino, varias figuras fueron y serán clave. Algunas de ellas son Gómez Alcorta, González García e Ibarra. El objetivo de Casa Rosada es mantener los votos favorables que penden de un hilo y convencer a los indecisos.
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Al inicio del tratamiento, Dalmacio Mera, en contra de la IVE, pidió que la Banca de la Mujer no sea la comisión cabecera del debate. Su presidenta es Norma Durango, a favor del proyecto. Según argumentó, la misma está integrada sólo por mujeres y deja afuera al hombre en la responsabilidad de un embarazo. Varios celestes pidieron que la cabecera pase a Salud y aumentar la cantidad de comisiones afectadas al tratamiento. Después de varias interrupciones por parte de detractores, como Silvia Elías de Pérez, pudo comenzar el plenario.
Los representantes del Poder Ejecutivo aseguraron que los abortos clandestinos constituyen un problema de salud pública y de justicia social. En ese marco, recordaron que el proyecto de regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo fue enviado junto con el de Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, que son dos iniciativas que dialogan entre sí entendiendo que el Estado debe acompañar a todas las mujeres y personas gestantes en los proyectos de vida que elijan.
Como explicó ante Diputados, Vilma Ibarra aseguró que sabe que el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo "solo no alcanza", pero ratificó que lo que se busca "es evitar las muertes evitables y abordar el problema de salud pública" que acarrean los abortos clandestinos. Además, recordó que la penalización del aborto que rige hasta la actualidad "no dio resultados" y reiteró que una educación sexual integral "debe ser una política de Estado". La funcionaria detalló que la iniciativa "no sólo no va a violentar las convicciones de nadie sino que va a disminuir las objeciones de conciencia" porque va a bajar la judicialización para profesionales y cuerpos gestantes, de forma rápida y más segura para la vida y la salud.
“El proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue una promesa que se realizó en la campaña electoral. Tanto quienes acompañaron al Presidente de la Nación y a la Vicepresidenta de la Nación en su boleta conocían y sabían que esta era una propuesta que se planteaba. Y también los electores y electoras quienes han votado al Frente de Todos sabían que esto era un proyecto que se iba a presentar”, dijo Ibarra. Además, aseguró que los abortos clandestinos constituyen un gravísimo problema de salud pública del cual el Estado y la sociedad deben hacerse cargo.
Asimismo, Ibarra marcó: “Este proyecto quiere evitar muertes evitables, quiere abordar un tema de salud pública, pero que necesita también para ser efectivo, para disminuir la cantidad de embarazos no intencionales, para disminuir la cantidad de abortos, un reforzamiento muy amplio en todo el territorio nacional de la educación sexual integral y de prevención de violencias y prevención de abusos sobre todo en niñas y en adolescentes, que tiene que ser una política de Estado que ya esta tomando con mucho ímpetu el Ministerio de las Mujeres pero que es absolutamente necesario para reforzar estas políticas y también políticas de acceso con mucha facilidad a métodos anticonceptivos”.
Por su parte, Gómez Alcorta sostuvo que el Gobierno tiene "una responsabilidad histórica para asegurar que en nuestro país ninguna mujer más muera por causa de un aborto clandestino". Y agregó: "Estamos convencidos de que este proyecto viene a dar respuesta concreta a un problema de salud concreto y lo que no podemos seguir haciendo es mirar para otro lado".
La ministra explicó que hay "sobradas evidencias que la legalización (del aborto) disminuye la mortalidad materna y abortos", subrayó que "la legalización demuestra que existe un círculo virtuoso por el mayor acceso a la información y a la anticoncepción" y aclaró que la interrupción de los embarazos "no implica una saturación para el sistema de salud" sino que, por el contrario, "implica un ahorro". "Tenemos una responsabilidad histórica que es asegurar que en nuestro país nunca más una mujer muera por causa de un aborto clandestino", sostuvo.
Además, señaló que "las prácticas de legalización en distintos países del mundo demuestran que existe un círculo virtuoso una vez que los abortos están legalizados, en términos de mayor acceso a la información, a la anticoncepción post aborto y el acompañamiento de consejerías. Y tenemos experiencias que muestran que también disminuyen los abortos".
En tanto, González García describió la iniciativa como "un proyecto extraordinario porque baja la mortalidad materna, la morbilidad materna y aumenta la vida de las mujeres” y explicó que "no es en contra de nadie, sino a favor de un grupo social que está sufriendo en la Argentina". El funcionario dijo que, de forma aproximada, se practican alrededor de "mil abortos por día en la Argentina y cien internaciones en hospitales públicos" por prácticas que terminan mal. "Si bien ese número viene disminuyendo por todos los programas que vienen implementándose en la Argentina, el tema sigue pasando", reconoció.
“El aborto tal como está causa muertes. La penalización solo estigmatiza a las mujeres más vulnerables porque hace que lleguen más tarde a los servicios de salud. Entonces este es un problema de salud pública, equidad y justicia social”, señaló el ministro y agregó que "desde el punto de vista de prevención, el proyecto busca reducir la mortalidad materna, la morbilidad materna y los ingresos y egresos hospitalarios como consecuencia de este tipo de abortos inseguros. Además en la prevención, con la ley 25673 de salud sexual y procreación responsable, la Nación Argentina ha intentado que haya acceso efectivo, global y equitativo a todos los métodos anticonceptivos y sobre todo tenemos una distribución con equidad”.
La primera jornada de sesiones informativas en las comisiones designadas dejó en claro que no se tratará de un debate sencillo. Los celestes pusieron todas las trabas posibles para dilatar el tratamiento: desde intentar sumar decenas de expositores, pedir preguntas a viva voz, sumar comisiones y desinformar. Lejos de recordar las arduas jornadas de 2018, el senador formoseño José Mayans aseguró que los verdes buscan un tratamiento exprés, dejando de lado algo básico tomado del método científico: generar evidencia, conocimiento para partir de allí y no empezar de cero cada vez.
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