Trabajadores judiciales de Santa Fe se le plantan a Pullaro: "La última lucha así fue en los 90'"

Ante los constantes destratos y la falta de respuestas por parte del gobernador Maximiliano Pullaro, los trabajadores del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe profundizan el plan de lucha. Si bien este miércoles el Ejecutivo provincial pagó los retroactivos adeudados, los empleados decidieron seguir adelante con el paro por 48 horas en reclamo de mejoras salariales, un cronograma de ascensos, ingresos y promociones y en rechazo a la reforma jubilatoria que la Legislatura sancionó meses atrás.

La tensa relación entre el Gobierno provincial y el Poder Judicial sigue acumulando capítulos. A las intenciones manifiestas de la Casa Gris por renovar la Corte Suprema de Justicia provincial se le suma la presión de los trabajadores del sector, que denuncian que Pullaro "miente y dice cosas que falsean la realidad". En este marco, uno de los principales pedidos recae en la firma de expedientes de ingreso y ascenso de personal. El secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia de Santa Fe, Jorge Perlo, habló con El Destape y reveló que estos papeles "fueron enviados al Poder Ejecutivo en abril", pero advirtió que fueron "ninguneados" por los miembros del Gabinete santafesino. 

Son unos 118 decretos paralizados por el Ejecutivo, que afectan a unos 535 trabajadores judiciales. Perlo contó que dialogaron con diversos funcionarios como el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastía, su par de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y otros integrantes, pero el tiempo pasaba y los miembros del Ejecutivo se tiraron la pelota entre ellos: "Todos nos decían que esos expedientes quedaron en la oficina por disposición del Gobernador para no realizar las firmas", contó. En esa línea, planteó que "la paciencia se terminó", ya que "esperaron diez meses para que se concrete la firma" y el Gobernador nunca realizó un llamado a los dirigentes. 

Como consecuencia, los tribunales santafesinos encendieron las alarmas: realizaron tres paros durante octubre, noviembre comenzó de la misma manera y es la primera vez en 30 años que los empleados llevan adelante estas medidas drásticas. El secretario recordó que "las últimas luchas fuertes fueron en los 90", cuando hubo tres o cuatro semanas seguidas de medidas de fuerza hasta que en 1994 se sancionó la "Ley de Enganche", el mecanismo por el cual actualizan sus sueldos. 

Desde ese momento, la Provincia está obligada a aplicar para empleados, funcionarios y magistrados del Poder Judicial los incrementos que reciben sus pares a nivel nacional (automaticidad de la porcentualidad) y que solicita la Corte Suprema al Ejecutivo. Perlo detalló que se toma como base el 80% del sueldo del vocal de Cámara santafesino y los trabajadores cobran el 21% de ese monto y remarcó que "todos los gobiernos han respetado la ley salarial", excepto por el de Pullaro. De este modo, aseguró: "Nos sentimos avasallados en nuestra dignidad y en la independencia del Poder Judicial".

Pese a los destratos, el Gobierno se dignó a pagar los retroactivos que le debían al sector: se trata de montos correspondientes a un 4,2% de mayo, 4,2% de junio, 3,5% de julio y 3% de agosto y proporcional SAC. Sin embargo, Perlo afirmó que solo "la mitad de las promesas se cumplieron" y los trabajadores mantuvieron su plan de protesta por 48 horas: este miércoles realizaron asambleas en todas las sedes con un paro por cuatro horas durante la mañana y por la tarde, mientras que el jueves habrá un paro de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo. De acuerdo a lo informado por el sindicato de trabajadores judiciales, la medida de fuerza impacta en Santa Fe, Rosario, Reconquista, San Cristóbal, Tostado y Villa Ocampo.

Perlo negó los "ascensos automáticos" de los trabajadores judiciales en Santa Fe y apuntó contra la reforma previsional

Antes del pago de los retroactivos, el Gobierno provincial recrudeció el conflicto al atacar a la Corte Suprema, ya que varios funcionarios aseguraron que la falta de pago de esos montos estaban relacionados con "un manejo discrecional, desajustado y de una manera ligera del presupuesto de la Corte Suprema de Justicia, lo que hizo que se quedaran sin fondos”.

La Suprema Corte no tardó en contestar y salió con los tapones de punta con un duro comunicado: “La afirmación allí contenida es falaz. Que es un hecho público y notorio que no puede ser desconocido por los funcionarios del Poder Ejecutivo, que el pago de los retroactivos de los empleados del Poder Judicial dependen de los ajustes presupuestarios que el Poder Ejecutivo debe materializar y que no son resorte de este Máximo Tribunal Provincial”, sostuvieron los jueces.

Frente a esta situación, el secretario Perlo refutó los dichos de los funcionarios oficialistas: "Ningún judicial asciende automáticamente. Acá somos calificados por nuestro superior inmediato, por la Corte, Fiscalía General o Defensoría General. Y todos los años se hace una grilla de cada categoría con los que están para ascender según sus calificaciones". Asimismo, remarcó que "nunca tuvieron problemas" con el máximo tribunal de Justicia de la Provincia y detalló que el cronograma donde los trabajadores son evaluados "consta de 20 ítems". De esta manera, los empleados suman puntos a través de cursos y capacitaciones para mejorar el trabajo y las autoridades realizan un balance para determinar quién está apto para ocupar un cargo superior. "Todos los años se generan empleados calificados", acentuó. 

En tanto, también apuntó contra la polémica reforma previsional que fue aprobada en septiembre pasado, que vulnera los derechos de los trabajadores y jubilados con la justificación de sanear "el déficit" de la Caja de Jubilaciones y Pensiones. A partir de las desprolijidades e improvisaciones del oficialismo y la complicidad de algunos miembros de la oposición en la Cámara baja, Pullaro logró la luz verde a la Ley 14.238, justificándose en que se alcanzará una reducción de entre un 20 y 30% de las pérdidas.

Con la sanción de la reforma del sistema previsional, Perlo advirtió que los empleados del Poder Judicial "empezaron a cobrar menos", debido a que el nuevo aporte a la Caja ronda entre el 15 y el 21%. "Nos saquean el bolsillo", apuntó, a la vez que expuso que un salario de un ingresante "se encuentra en los 800 mil", pero "le quedan en mano 650".