Si bien el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se había comprometido con los trabajadores judiciales para suscribir los decretos de promoción y ascenso y cobertura de vacantes pendientes antes de la finalización de noviembre, las promesas nunca se materializaron. Ante la "ineficiencia total de parte del Gobierno y el no respeto de lo asumido", los empleados del sector decidieron retomar el plan de lucha con un paro de 48 horas para esta semana.
Durante varios meses, los tribunales santafesinos mantuvieron las alarmas encendidas: realizaron tres paros durante octubre, en noviembre casi que se duplican y es la primera vez en 30 años que los empleados llevan adelante estas medidas drásticas. En ese marco, el presidente del máximo tribunal santafesino, Rafael Gutiérrez, se reunió el 19 de noviembre con el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, y el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, y llegaron a un punto de acuerdo donde el Ejecutivo atendería los reclamos a cambio de que los empleados levantaran las medidas de fuerza.
Luego de 13 días, el Ejecutivo provincial no dio respuestas y los trabajadores reaccionaron. "Instamos al diálogo entre el Poder Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia y este Sindicato para encontrar de inmediato una solución al problema en beneficio del pueblo santafesino", explicaron en un comunicado desde el gremio de empleados del Poder Judicial de Santa Fe.
En diálogo con El Destape, el secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia de Santa Fe, Jorge Perlo, habló sobre los decretos que esperan ser firmados desde diciembre del año pasado y confirmó que este miércoles 4 y jueves 5 de diciembre habrá paro sin asistencia a los lugares de trabajo "en defensa" de su carrera y "de la independencia del Poder Judicial". La medida de fuerza fue oficializada luego de la asamblea que los trabajadores realizaron en el hall de Tribunales en la capital provincial, donde la moción fue aprobada por unanimidad en todas las delegaciones.
Perlo reveló que le enviaron tres notas al Gobernador para pedir una audiencia, pero no obtuvieron respuestas. "Los judiciales creemos que nos han tomado el pelo a nosotros y a la Corte diciendo que ya estaban para la firma del Gobernador, pero esto demuestra que ni los habían tocado", manifestó el gremialista a este medio.
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Son unos 158 decretos paralizados por el Ejecutivo, que afectan a unos 570 trabajadores judiciales. Perlo contó que, durante todos estos meses, dialogaron con diversos funcionarios del Gabinete provincial, pero el tiempo pasó y los miembros del Ejecutivo se tiraron la pelota entre ellos. Incluso, dijo que "el jueves pasado, estuvieron firmando unos expedientes que nada tienen que ver" con los reclamos que impulsan.
"Ante la ausencia, la falta de firma de los decretos y el no poder realizarse los juramentos que hacen a la carrera judicial, retomamos el plan de lucha", aseguró. A su vez, contó que, en caso de no tener "novedades sobre la firma de expedientes", repetirán la medida la semana siguiente: miércoles 11 y jueves 12 de diciembre, también sin asistencia a los lugares de trabajo. El 12 incluiría una movilización provincial a la Casa de Gobierno.
Judiciales de Santa Fe: Perlo apuntó contra el Gobierno y aclaró cómo funciona el sistema de ascensos
El secretario Perlo refutó los dichos de los funcionarios oficialistas sobre "ascensos automáticos" dentro del Poder Judicial: "Acá somos calificados por nuestro superior inmediato, por la Corte, Fiscalía General o Defensoría General. Y todos los años se hace una grilla de cada categoría con los que están para ascender según sus calificaciones". Asimismo, detalló que el cronograma donde los trabajadores son evaluados "consta de 20 ítems". De esta manera, los empleados suman puntos a través de cursos y capacitaciones para mejorar el trabajo y las autoridades realizan un balance para determinar quién está apto para ocupar un cargo superior. "Todos los años se generan empleados calificados", acentuó.
En tanto, también apuntó contra la polémica reforma previsional que fue aprobada en septiembre pasado, que vulnera los derechos de los trabajadores y jubilados con la justificación de sanear "el déficit" de la Caja de Jubilaciones y Pensiones. A partir de las desprolijidades e improvisaciones del oficialismo y la complicidad de algunos miembros de la oposición en la Cámara baja, Pullaro logró la luz verde a la Ley 14.238, justificándose en que se alcanzará una reducción de entre un 20 y 30% de las pérdidas.
Con la sanción de la reforma del sistema previsional, Perlo advirtió que los empleados del Poder Judicial "empezaron a cobrar menos", debido a que el nuevo aporte a la Caja ronda entre el 15 y el 21%. "Nos saquean el bolsillo", apuntó, a la vez que expuso que un salario de un ingresante "se encuentra en los 800 mil", pero "le quedan en mano 650".
Luego de rechazar la apelación del bloque de diputados Somos Vida, encabezado por Amalia Granata, la Justicia de Santa Fe determinó que la reforma jubilatoria seguirá vigente y que su aplicación es legal. La resolución, que lleva la firma de la jueza María Romina Kilgelmann, concluyó que "la medida cautelar peticionada por la parte actora deberá ser desestimada" e impuso las costas a los denunciantes.
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