Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, mostró su indignación y calificó como "aberrante" el cierre de la Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños durante la última dictadura militar, que formaba parte de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). Desde la gestión de Javier Milei argumentaron que el organismo, que permitió dar con la identidad de nietos apropiados, vulnera "el derecho a la intimidad", invade "competencias" del Ministerio Público Fiscal y afecta a "la división de poderes".
"Este gobierno está cerrando un montón de puertas posibles para seguir haciendo la búsqueda, que es un derecho humano y universal. No es algo nuestro. Llevamos más de 47 años de lucha y este impedimento, creo que es aberrante. Esto es aberrante. No puede ser que se quiera borrar la historia para que no se hable más y se hable de cosas que realmente siempre perjudican a la sociedad", expresó la activista en diálogo con El Destape 1070.
En esa línea, de Carlotto señaló que el trabajo de la CONADI "es importantísimo" y que actualmente se encuentra con "muchos problemas" a la hora de su funcionamiento. "Claudia, mi hija, está trabajando hace 31 años con ese tema y ampliando la búsqueda, no solo de los desaparecidos sino también de niños robados en otras circunstancias. Están minimizando la CONADI. La están achicando, reformando. Haciendo cosas para dejar de hablar de los desaparecidos, de los cuales ellos también se burlan diciendo 'si son 30 mil, traigan los nombres'. Qué sadismo, ¿no?", manifestó.
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A través el decreto 727/2024, publicado esta medianoche en el Boletín oficial, el Ejecutivo derogó la normativa 715 publicada el 9 de junio de 2004 del expresidente Néstor Kirchner, mediante el cual se creaba la unidad especial. Este organismo se dedicaba a asistir a todos los requerimientos de la Conadi, como a las “peticiones judiciales o provenientes de fiscales, que se formulen en las causas instruidas en ocasión de los hechos citados en el artículo precedente, como así también en las investigaciones conexas desprendidas de los expedientes principales, o que de cualquier manera se vinculen con ello". Además, la Unidad podía "efectuar investigaciones por iniciativa propia, debiendo comunicar sus resultados a las autoridades judiciales y del Ministerio Público Fiscal”.
Para poder cumplir con su objetivo, el organismo tenía la potestad de acceder "en forma directa a todos los archivos de los organismos del Poder Ejecutivo Nacional incluidos los de la Presidencia de la Nación, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sus organismos dependientes, Fuerzas Armadas y de seguridad y los organismos registrales". "Todos los organismos dependientes del PEN darán carácter de urgente y preferente despacho a los requerimientos que efectúe la Unidad Especial de Investigación, a los efectos del esclarecimiento de los hechos criminales que han motivado el presente decreto", establecía la norma eliminada este miércoles por la gestión libertaria.
"Nosotros vamos a seguir y vamos a exigir al Estado que nos acompañe. Porque el Estado, que fue votado por el pueblo, fue votado para ayudarnos y no para hacernos silenciar", aseguró la Presidenta de Abuelas sobre el cierre de la breve entrevista con Habrá Consecuencias. Semanas atrás, la organización de derechos humanos había advertido que Nación buscaba avanzar en la eliminación de la Conadi.
Según argumentó el Gobierno de Milei, el motivo de su disolución es que se daba "acceso directo e irrestricto a información y documentación en poder de organismos públicos y potestades que son de estricto resorte legal del Poder Judicial de la Nación y de los fiscales que integran el Ministerio Público Fiscal". Además, afirman que trata de herramientas que "violentan" el "régimen constitucional" del país. "Invade las competencias propias del Ministerio Público Fiscal en materia de investigación de hechos delictivos, afectando así la división de poderes, consagrada en la Constitución Nacional".
Por otro lado, para el Ejecutivo la Unidad vulneraba derechos constitucionales "como el artículo 43 que protege el derecho a la intimidad, uno de los más preciados valores del respeto a la dignidad del ser humano".
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