Operación Puf: la cámara porteña aparta al juez Ercolini del caso por “temor de parcialidad”

El juez Juilán Ercolini fue apartado por “temor de parcialidad” de la causa conocida como Operación Puf 2, un caso que creó la AFI macrista para derribar el D’Alessiogate. Lo resolvió la Cámara Federal porteña tras un planteo del juez y abogado Juan María Ramos Padilla. Puf 2 es un expediente clave que impulsa el fiscal Carlos Stornelli -pero como querellante- porque es una de sus últimas “cartas” para intentar deslegitimar la investigación en la que está procesado por sus vínculos con la banda del espía ilegal Marcelo D’Alessio.

El apartamiento de Ercolini lo resolvió el camarista Roberto Boico, que hizo lugar a una presentación de Ramos Padilla (padre del juez federal de Dolores). En su planteo, Ramos Padilla (p) recordó que Ercolini –uno de los jueces del Lawfare- interviene en una causa espejo al caso D’Alessio que tiene a Stornelli como querellante y no como acusado. Fue tan fuerte el impulso que le dio Ercolini a ese expediente que llegó a pedir que el D’Alessiogate pasara de Dolores a su juzgado en Comodoro Py. Algo que finalmente no sucedió por decisión de las instancias superiores. Como la Operación Puf 2 pretende investigar la génesis y devenir del D’Alessiogate, bajo el supuesto de que se gestó para hacer caer la causa Cuadernos, Ercolini tiene un vicio de origen para quedarse al frente de la pesquisa. Por eso, Boico hizo lugar a la recusación.  

Boico sostuvo que “se observa un hecho incontrastable y objetivo que otorga respaldo al planteo articulado”, que es que “Ercolini tomó postura al definir diversas cuestiones que tienen incidencia directa sobre la presente”. Es decir, el caso Operación Puf 2. “Entre ellas la decisión por la cual tuvo al denunciante (NdelR: Stornelli) como parte querellante respecto de una investigación que, en hipótesis y en vistas de su devenir, es la contracara de este expediente”.

La hipótesis de Operación Puf –que se creó a instancias de la AFI macrista con escuchas ilegales en la cárcel de Ezeiza- es que el caso D’Alessio tuvo por propósito neutralizar la causa Cuadernos. Y Ercolini tuvo una causa espejo a la que se inició en Dolores, por lo que para Boico “mal puede -Ercolini - intervenir en una investigación” como la de Puf 2 “que supuestamente pesquisa eventuales hechos delictuales que estarían contenidos en otra en la que también participó como magistrado, ello bajo la conjetura de que una causa es la contracara de otra para neutralizarla”.

Así las cosas, el camarista porteño consideró que “el temor alegado por el recurrente resulta razonable si se repara en que la actividad que el magistrado pudiera llevar adelante en este expediente difícilmente pueda disociarse del conocimiento e intervención que ha tenido definiendo aspectos relevantes del expediente CFP 1406/2019”, que es el causa espejo a la de Dolores –y por la cual intentó que la pesquisa que sustanciaba Alejo Ramos Padilla pasase a Comodoro Py-.

En esa línea, Boico destacó que la intervención de Ercolini en la causa espejo “permite sospechar de la existencia de un caudal cognitivo que perturbará su objetividad a la hora de decidir aquí”, es decir en Puf 2, porque “entre ambas causas existe un ineludible enlace, reconocido por el propio juez recusado, que dota al decisor de un activo o bagaje epistémico, o cuanto menos de una ‘doxa’, que lo condiciona en este proceso. Los extremos aquí auditados constituyen aspectos objetivos que permiten acceder al planteo de los recusantes”, señaló.

El planteo de recusación

Juan María Ramos Padilla había apuntado contra Ercolini por sus intenciones de “entorpecer el avance de la causa FMP 88/2019”, es decir, el caso D’Alessio “con la única finalidad de favorecer a Carlos Stornelli” y otros acusados.  

La recusación fue rechazada “in limine” por Ercolini el 26 de mayo pasado, lo que fue apelado. Así fue que el planteo de apartamiento llegó a  la Cámara Federal porteña. Allí intervino Boico, de forma unipersonal. Se realizó una audiencia, de la que participaron Ramos Padilla (p) y el abogado Alejandro Rúa , quien representa a Roberto Baratta. Rúa apoyó la pretensión recusatoria.

Como se explicó anteriormente, el punto central de la recusación fue el rol de Ercolini en una causa espejo a la del caso D’Alessio.

Se trata de una causa que se inició el 12 de febrero de 2019 con una denuncia formulada por Stornelli para que se investigase a D’Alessio por “usar” su nombre. Una denuncia descabellada que tenía por fin sacar el D’Alessiogate de Dolores y trasladarlo a Comodoro Py. Algo que Ercolini intentó –solicitó la inmediata remisión del expediente en 2019- pero no pudo concretar.

En su resolución, Boico recordó que aquella “petición fue rechazada” por el entonces juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, lo que luego fue confirmado por la Cámara Federal marplatense y la Cámara Federal de Casación Penal.

En el apartamiento de Ercolini, Boico recordó que la Cámara Federal de Mar del Plata confirmó que el caso D’Alessio y la causa espejo que estaba en el juzgado federal 10 de Comodoro Py efectivamente tenían objetos procesales “idénticos, pero con la particularidad, inédita por cierto, de que quien asume el rol de querellante” en una era el imputado en la otra. “Es decir, son iguales los objetos procesales sometidos a investigación, pero uno de sus sujetos (Carlos Ernesto Stornelli) asume roles antagónicos en dichas causas”. ¿La razón? Salvar al fiscal procesado.

Boico también recordó que existió una causa “Operación Puf 1” –iniciada por Stornelli con transcripciones de escuchas ilegales- que fue archivada por “inexistencia de delito”. La Operación Puf 2 que tiene a Stornelli por querellante se abrió con una denuncia de Elisa Carrió, que mencionó las mismas transcripciones de escuchas tomadas de forma ilegal en la cárcel de Ezeiza, espionaje que se empezó a investigar en los tribunales de Lomas de Zamora donde se avanzó con el procesamiento de agentes de la AFI y del Servicio Penitenciario Federal. El caso se estancó cuando la Casación Penal decidió que esa investigación pasara a Comodoro Py.

Este año, Ercolini quedó a cargo de la subrogancia del juzgado del fallecido Bonadío. Por eso tenía en sus manos la Operación Puf. Se trata de un caso que el primer magistrado que subrogó el juzgado Nº 11, Marcelo Martínez de Giorgi, había cerrado pero los jueces designados por Macri en la Cámara Federal porteña ordenaron reabrir recientemente –y antes de la entrada de Boico al tribunal-.  

Una causa paradigmática de persecución

El 6 de febrero de 2019 se produjo un hecho que provocó un punto de quiebre en el devenir del Lawfare en la Argentina. Por eso en el gobierno de Mauricio Macri se activaron todas las alarmas. Y se multiplicaron las operaciones ilegales. Aquel día, el entonces juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla allanó el domicilio del espía D’Alessio, en el country Saint Thomas. El procedimiento se extendió hasta el día siguiente. Apenas unas horas después de que finalizara el operativo, el 7 de febrero de aquel año, Carrió subió un tuit en el que sostuvo que estaba en marcha “una operación para ensuciar a Stornelli”. La “Operación Puf” empezaba a mover sus engranajes. Para ese entonces, la dirigente de la Coalición Cívica ya había recibido el material que la AFI macrista había recopilado de forma ilegal en la cárcel de Ezeiza. Eran las transcripciones de las escuchas ilegales que Carrió llevó al día siguiente a Comodoro Py –vía Mariana Zuvic y Paula Oliveto- para darle impulso a la causa que creó la exSIDE para derribar el caso D’Alessio. Las presentó como un anónimo que le había llegado. Ese mismo día, 8 de febrero de 2019, Stornelli presentó una denuncia similar en Comodoro Py en base a una serie de anónimos que, casualmente, también le habían llegado.

Se trató de una doble denuncia en pos de lograr que intervenga un juez que falle de acuerdo a los intereses de los denunciantes. Solo quedó en pie la denuncia de Carrió porque recayó en el juzgado de Bonadío -allí luego Stornelli fue aceptado como querellante-. La otra denuncia se terminó cerrando por inexistencia de delito. Lo anónimos eran transcripciones de escuchas ilegales de la AFI macrista.

La “Operación Puf” es un expediente paradigmático de persecución judicial en el que se articula el accionar de los servicios de inteligencia, los medios de comunicación hegemónicos –que difundieron las escuchas para blanquearlas - y jueces y fiscales del Lawfare. De allí la importancia que tiene el apartamiento de Ercolini.