Los jueces, fiscales y funcionarios que viajaron a Lago Escondido invitados por el Grupo Clarín recibieron una buena noticia en las primeras horas del día de inicio del año judicial 2023: Eduardo Farah, integrante de la Cámara Federal, le ordenó al juez de primera instancia Sebastián Ramos que le pida el expediente al juzgado federal de Bariloche para que tramite en Comodoro Py. El paisaje es mucho más bello en los lagos del sur pero la impunidad sólo está garantizada en la ciénaga de Comodoro Py.
¿Quién insistió con que el expediente vuele de Bariloche a Comodoro Py? El juez Pablo Yadarola, uno de los viajeros. Lo patrocina el estudio Cúneo Libarona, el mismo que defiende a la familia Caputo en el caso del financiamiento del violento grupo antik Revolución Federal.
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De la lectura de los supuestos chats para encubrir el viaje surge que una de las maniobras que evaluaban era justamente que el caso que se había iniciado por la denuncia del abogado Marcelo Hertzriken Velasco en Bariloche a partir de la difusión pública del viaje se resolviera en Comodoro Py. “No es mejor que la mande a Py?”, escribió el abogado de Clarín Pablo Casey en los chats que se difundieron. “Queridos, estoy a lo que resuelvan Uds. son los que conocen mejor las leyes y los personajes”, agregó Jorge Rendo, presidente del Grupo Clarín, en los presuntos chats. En algunos audios el juez Julián Ercolini opinaba que lo mejor era que lo cerrara “la mina de allá”, por la jueza subrogante María Silvina Domínguez, con la que “había que hablar”.
La difusión pública del viaje y los supuestos chats para encubrirlo hicieron que la estrategia cambiara. La fiscala María Cándida Etchepare, con la que el viajero y jefe de los fiscales porteños Juan Bautista Mahiques decía estar en contacto, comenzó a investigar y los huemules (como se llamaban entre ellos en los chats) parece que quieren la tranquilidad de los tribunales porteños, donde ya se cerraron 2 causas vinculadas a las filtraciones de los chats de uno de los viajantes, el ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro.
Vale recordar que los pasajeros del vuelo que fue de San Fernando a Bariloche el 13 de octubre del 2022 fueron:
- Jorge Rendo y Pablo Casey, presidente y abogado del Grupo Clarín respectivamente, que según se desprende de los chats financiaron el viaje, organizaron el grupo y aportan la pata mediática.
- El juez Julián Ercolini que impulsó las causas Vialidad y Hotesur, representa a Comodoro Py e intervino además en causas vinculadas a Clarín como el caso Papel Prensa.
- Juan Bautista Mahiques, organizador del lawfare en la era Macri y actual nexo con Horacio Rodríguez Larreta, que en el grupo se encarga del direccionamiento de la causa judicial que involucra a todos los viajeros.
- Su padre el juez Carlos “Coco” Mahiques, retaguardia macrista en la clave Cámara de Casación que revisará las causas contra Cristina y que ya intervino en una causa vinculada a Lago Escondido.
- El juez penal económico Pablo Yadarola, de mucha influencia sobre la jueza María Eugenia Capuchetti, que por entonces ya tenía en sus manos la causa por el atentado contra la Vicepresidenta.
- Leonardo Bergroth, ex miembro de la SIDE vinculado a Antonio Stiuso.
- El publicista Tomás Reinke, especializado en campañas por redes sociales.
- El juez Pablo Cayssials, que en su momento anuló la adecuación de oficio de Clarín a la ley de Medios audiosivuales, fue clave para el apartamiento de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó y, tal como reveló El Destape, manejaba 82 expedientes del grupo Clarín
- Marcelo D'Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño, otro vínculo de este viaje con Rodríguez Larreta.
Por su especialidades, este grupo cubre todas las aristas de la persecución a Cristina. Todo lo necesario para un equipo de trabajo con un objetivo: Cristina, a quien llaman despectivamente “la mina”.
El juez Ramos había rechazado plantearle al juzgado de Bariloche que le remitiera el expediente. Hasta ahora ese juzgado patagónico estaba interinamenta a cargo de María Silvina Domínguez. Hoy arranca el año judicial y la reemplazará Gustavo Villanueva, que es juez federal de Neuquén. ¿Resistirá el tironeo o largará rápido? En caso de que logre retener el caso en el juzgado de Bariloche, la cuestión se dirimirá en la Cámara de Casación, donde los minions clarinistas tienen casi todas (por no decir todas) las chances.
¿Cuál es el argumento del camarista Farah para que el caso pase de Bariloche a Comodoro Py? Escribió que “Se sabe -sin debate o duda al respecto- que (i) todos los agentes públicos que se mencionaron ejercen sus funciones en el ámbito de esta ciudad; (ii) todos los asuntos que -se dijeron- conectados a los hechos, se sustanciaron o llevaron adelante en esta sede territorial; (iii) si, por hipótesis, existieron los alegados ofrecimientos y aceptaciones de traslados y alojamientos (etc.), los incumplimientos de obligaciones ligadas a los oficios de los involucrados, u otras variantes que se trajeron a colación, todo ello también habría sucedido aquí”. Agregó que “es notorio que las circunstancias que son dirimentes para la solución del tema tienen una nota en común: habrían acontecido en esta Ciudad de Buenos Aires” y que “a los fines de determinar la competencia territorial (únicos que se analizan en la presente) deviene insustancial cuál habría sido el destino previamente pactado y después concretado de aquellos servicios. Nótese, para reforzar el argumento, que podría haber correspondido a diferentes lugares, e incluso al exterior del país”.
Pero el argumento del camarista Farah tiene muchos agujeros. Por un lado, de jurisprudencia. El ejemplo son las múltiples causas por delitos de lesa humanidad que hubo en juzgados federales de todo el país donde se juzgó a los genocidas que tenían sede oficial en la ciudad de Buenos Aires. De hecho, la primera condena que tuvo el dictador Jorge Rafael Videla luego del juicio a las Juntas (y la primera luego de ser indultado) fue en Córdoba en el 2010. Que el enjuiciado tenga su oficina de trabajo en CABA no implica que deba ser juzgado en Comodoro Py.
El camarista Farah plantea que si hubo negociaciones espurias entre los jueces, funcionarios, fiscales y empresarios que viajaron sucedieron en CABA. ¿Cómo sabe? Es, de hecho, otro de los argumentos que esgrimen los acusados en el supuesto chat, donde el directivo de Clarín Rendo dice: “Para confabular no hace falta ir hasta allá, si uno quisiera confabular, confabula en un bar de Buenos Aires”.
Por el otro, si el caso es por dádivas a partir del viaje en avión, el vuelo partió desde San Fernando, por lo que el delito se consumó cuando subieron a la aeronave. En ese caso le correspondería a los juzgados de San Isidro, no a Comodoro Py.
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