La firma de 16 gobernadores quedó estampada cuando Sergio Uñac les presentó un proyecto para redistribuir los recursos destinados al transporte público con el objetivo de hacerlo más equitativo. El documento ideado por el sanjuanino, que fue presentado al Senado Nacional en las últimas horas, convenció a sus pares que, luego de un análisis exhaustivo qué tomó algunos días, firmaron apoyando la propuesta para que el AMBA deje de percibir el mayor porcentaje de los recursos y se realicen de manera histórica una redistribución equitativa.
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Siguiendo esa línea se propuso la creación del “Sistema Federal de Distribución de Compensación Tarifaria al Transporte Público de Pasajeros” (SIFECOT) con el fin de garantizar con eficacia económica y equidad social una justa distribución de las compensaciones tarifarias que percibe cada provincia. En este proyecto además se pide la declaración del transporte público urbano y suburbano como un servicio esencial.
Estos montos a distribuir, que pertenecen al sistema integrado de transporte automotor derivado de los impuestos sobre los combustibles líquidos y del dióxido de carbono establecidos en el artículo 19 de la ley 23.966, serían modificados impactando así los fondos en un fideicomiso. En el proyecto se toma como referencia la suma de 360 mil millones de pesos para el ejercicio fiscal del año corriente, con el objetivo de apuntalar la necesidad de que esos recursos, año a año, con montos superiores a la base.
En cuanto a los criterios de distribución se pide que se revean varios puntos: en primer lugar, el parque afectado al servicio declarado ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), también los recorridos en kilómetros con un promedio mensual de servicio del transporte urbano y suburbano nacional, provincial municipal y de CABA. Por último, se pide un análisis de los empleados activos declarados por el Ministerio de Transporte de la Nación con un máximo de 3 agentes por unidad.
Otro de los puntos que resalta la modificación de esta ley es la que le da un capítulo a la SUBE. En este sentido se establece el plazo de un año para que todas las provincias argentinas se sumen al Sistema Único de Boleto Electrónico, con las tarifas establecidas en general.
Finalmente, se pide la derogación del artículo 125 de la ley 27.467 y todo tipo de subsidios diferenciales con destino al área metropolitana de Buenos Aires. Este es el punto esencial del proyecto que adjunta, además los fundamentos en una carta dirigida a la vicepresidenta de la Nación y presidenta de la Cámara de Senadores, Cristina Fernández de Kirchner.
“Este proyecto tiene como objeto modificar sustancialmente la distribución de compensaciones tarifarias que se destinan a los servicios públicos de transporte automotor de pasajeros urbano y suburbano en todo el territorio argentino de manera de garantizar equidad en dicha distribución. Estamos convencidos de la necesidad de trabajar en conjunto para lograr la sustentabilidad del sistema de transporte que, ante la situación imperante impone compensaciones tarifarias que permitan a los usuarios tarifas acordes a la realidad, y que los beneficios de compensación de precio diferencial del gasoil hoy exclusivos para ambas se apliquen en todas las empresas del territorio nacional”, dice la carta.
Firmaron el proyecto impulsado por Uñac, los gobernadores de La Rioja, Tierra del Fuego, La Pampa, Santiago del Estero, Buenos Aires, Catamarca, Santa Cruz, San Luis, Entre Ríos, Chubut, Tucumán, Misiones, Salta, Formosa y Chaco. El documento fue presentado por los senadores Cristina López y Rubén Uñac, y recibió el apoyo de boca de legisladores de la oposición, en voz del mendocino Alfredo Cornejo.
"Somos rehenes de una situación heredada. Hay que decir, es heredada y no generada por el gobierno de Alberto Fernández", había dicho Sergio Uñac, asegurando así la necesidad de unión entre las provincias. "Creo que el resto de las provincias argentinas vive la misma situación. Entonces, pueden adherir a este documento a generar un nuevo proyecto, porque los silencios otorgan. Discutamos un nuevo proyecto, busquemos la salida", pidió.
Actualmente, $26 mil millones se distribuyen en el 40% del país, el resto está concentrado en una mínima región como es el AMBA. “El AMBA es grande, pero mucho más grande es el interior del país y sólo $3 mil millones se distribuyen entre 22 provincias argentinas, exceptuando CABA y provincia de Buenos Aires, que componen el AMBA", dijo Uñac.