La conmoción social que provocó el caso de la cocaína envenenada, que dejó más de 20 muertos y más de 80 internados durante al menos una semana en el conurbano bonaerense, generó múltiples debates sobre el abordaje del Estado frente al consumo problemático de drogas. Organizaciones sociales y legisladores nacionales que integran el Frente Patria Grande impulsan la ley de emergencia en adicciones.
La emergencia consiste en destinar una partida presupuestaria especial y extraordinaria durante cinco años para abordar la problemática de consumo de sustancias y adicciones, especialmente en jóvenes, y así financiar políticas de asistencia directa en el territorio, espacios como casas de día, centros barriales y comunitarios, lugares de convivencia y contención, a cargo de organizaciones sociales y de las iglesias. Es, en definitiva, el reimpulso de un proyecto similar presentado en 2016.
El primer punto del proyecto apunta en una reformulación de la ley 23.737 del Régimen Penal de Estupefacientes, un texto que múltiples organismos y especialistas consideran anacrónica, persecutoria de los usuarios de sustancias, y que arrastra años de fracasos.
En segundo lugar, proponen profundizar las políticas públicas de cuidado y acompañamiento de la problemática de consumo de drogas y brindar mayor presupuesto para que las personas puedan acceder a espacios de contención y atención. En la misma línea, el tercer punto apunta a ampliar el cupo laboral y fortalecer cooperativas de trabajo que son llevadas adelante por personas que lograron recuperarse, un aspecto central para el día después y el difícil camino de rearmar sus vidas.
Por último, el cuarto punto es también una crítica, ya que se refiere a “realizar una articulación interministerial verdadera y llevada a la práctica en hechos concretos para encontrar una salida real a esta problemática”.
Esta semana, organizaciones sociales se reunieron en el Congreso de la Nación con los diputados nacionales Federico Fagioli y Natalia Zaracho, y la diputada provincial Lucía Klug -del Frente Patria Grande, que tiene entre sus referentes nacionales a Juan Grabois- para avanzar en la presentación del proyecto, y luego realizaron una concentración y conferencia de prensa en el Obelisco porteño para “exponer públicamente la situación, denunciar el entramado de poder que asesina a los pibes de los barrios populares y exigir la necesidad de implementar políticas públicas concretas”.
Participaron el MTE, la Juventud Corriente Clasista y Combativa (CCC), el “Movimiento Ni un Pibe Menos por la Droga”, el Frente Popular Darío Santillán, entre otras organizaciones junto a referentes políticos y sociales.
En diálogo con El Destape Radio, la diputada Natalia Zaracho advirtió que "esos pibes y esas pibas que están con el problema de consumo están atravesados por un montón de problemas estructurales, viven en situaciones muy precarias y no tiene la posibilidad de desarrollarse, de acceder a la educación, a la salud, a un trabajo, tenemos que pensar en que puedan alcanzar derechos básicos, tener una mirada integral".
Por otra parte, Zaracho señala que “da mucha bronca ver cómo allanan las casas de los barrios cuando los que se llenan de plata realmente no viven en los barrios populares. Los narcos no funcionan solos, hay complicidad con las fuerzas de seguridad, es un problema grande con una crisis social muy grave, tenemos que hacernos cargo y pensar de otra manera para que esos pibes puedan tener un futuro mejor”.
Fagioli reivindicó el trabajo de las organizaciones que contienen a miles de jóvenes y aseguró que "así como trabajamos por tantas otras leyes para nuestro sector, vamos a trabajar sin parar para que en Argentina haya una ley de emergencia en adicciones que nos brinde todas las herramientas para darle las oportunidades que le sacaron a nuestros pibes y vamos a dar la pelea contra el verdadero problema que es el narcotráfico y el entramado de poder que existe".
La dirigenta social Dina Sánchez, secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), también participó de la convocatoria y exigió “que se lleven adelante leyes y que pongan la guita donde la tienen que poner. Tenemos que priorizar la deuda interna con nuestros pibes y nuestras pibas".
Desde la organización Vientos de Libertad, la rama del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que trabaja sobre esta problemática en distintos puntos del país, aclararon que “no es lo mismo hablar las personas que consumen drogas que del narcotráfico. Son cuestiones absolutamente diferentes que no pueden confundirse”. Señalan que las personas que consumen deben ser acompañadas desde una mirada integral, comunitaria y territorial; con un trabajo real entre Estado y organizaciones sociales en los barrios populares.
“El abordaje integral de los consumos problemáticos de drogas solo va a ser efectivo cuando se pueda garantizar tierra, techo y trabajo para todes, especialmente para las juventudes”, destacan.
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