Los legisladores del Frente de Todos (FdT) presentaron un proyecto de declaración en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires instando al Poder Ejecutivo que lidera el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, para que no se descuenten los días de paro de las y los trabajadores y trabajadoras de educación durante la vigencia del DNU 241/21 que llevó adelante el presidente de la Nación, Alberto Fernández.
La idea principal es evitar que la medida tomada, buscando respetar un decreto nacional, no afecte a los haberes mensuales evitando considerar dicho paro en el cálculo del presentismo de docentes y no docentes. "Necesitamos que se respete la voluntad de la comunidad educativa que decide cuidar y cuidarse", escribió la legisladora porteña Maru Bielli a través de su Twitter mientras se atraviesa el peor momento de la pandemia por COVID-19.
En dicho proyecto se cita a la Organización Mundial de la Salud, tras definir la gravedad de la situación epidemiológica y los diferentes decretos llevados adelante por el Poder Ejecutivo de la Nación para proteger a los ciudadanos y las ciudadanas del territorio. Además, desde el FdT remarcan de forma positiva las medidas de restricción tomadas fueron frente al "crecimiento exponencial de contagios" y también del "riesgo de saturación del sistema de salud", apuntando contra el gobierno porteño por desacatar.
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"El cumplimiento de un decreto nacional no puede traer aparejada una situación perjudicial para los trabajadores y las trabajadoras de la educación, tampoco para las familias y les estudiantes. Necesitamos que el Ejecutivo de la Ciudad respete la voluntad de la comunidad educativa que decide cuidarse y cuidar así a toda la sociedad", suman. Mientras se espera por la resolución de la Corte Suprema, los legisladores piden que no se siga generando un estado de inseguridad jurídica y, por supuesto, que no afecte el derecho del salario en una situación de emergencia sanitaria y económica.
Para cerrar, acusan al gobierno de Rodríguez Larreta de no mediar con un diálogo para resolver el conflicto político y se pide por el respeto a la voluntad de todos los miembros de la comunidad educativa que buscan acatar los dispuesto por el jefe de Estado, hace ya varias semanas, a través de dicho decreto. "Es necesario que se arbitren las medidas necesarias para garantizar la continuidad pedagógica mediante la modalidad virtual", sentenciaron.