El Grupo Clarín contrató como gerente de operaciones a Emilio Basavilbaso, exdirector ejecutivo de ANSES durante el gobierno de Mauricio Macri. Basavilbaso fue denunciado varias veces por los manejos irregulares en la ANSES, que incluyeron una inversión de 10 millones de dólares de fondos públicos en el Grupo Clarín pese a que la operación tenía una calificación de riesgo. Roma no paga traidores pero sí servidores.
“Tengo el agrado de anunciarles que Emilio Basavilbaso se incorporará a nuestro equipo asumiendo la responsabilidad de COO (Chief Operating Officer) a partir de 1/2/2022”, dice el comunicado interno que Clarín les envía a sus empleados, a quienes llama colaboradores. Lo firma Héctor Aranda, CEO de Arte Gráfico Editorial Argentino (AGEA), una de las firmas del holding. No es un cargo menor: Basavilbaso estará desde el 1 de febrero a cargo de todo el presupuesto de AGEA, apenas por debajo de la línea de accionistas.
Basavilbaso fue denunciado varias veces por su gestión en la ANSES. Una de las denuncias incluso la presentó el fiscal Guillermo Marijuán, el mismo que inauguró la cacería de ex funcionarios kirchneristas agujereando la Patagonia basado en la fábula del PBI enterrado. Marijuán denunció a Basavilbaso en junio de 2017 por intentar impedir el funcionamiento de la Unidad Fiscal para a Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES). Esa fiscalía especializada tenía entre sus objetivos el control de los manejos de la ANSES. Estaba a cargo del fiscal Gabriel De Vedia, pero el propio Marijuán había ocupado el cargo hasta que fue desplazado por Alejandra Gils Carbó y le interesaba el tema.
“Todo este actuar por parte del funcionario público denunciado conduce, necesariamente, al desmantelamiento de la Unidad de investigación, al colapso, atraso y entorpecimiento de sus investigaciones en curso y, lo que es mucho peor y, fundamentalmente, a la afectación laboral del personal del Ministerio Público Fiscal”, sostuvo Marijuan en su denuncia. ¿Qué relevancia tenía esto? Que la UFISES, comandada por el fiscal De Vedia, denunciaba e investigaba a Basavilbaso por distintas maniobras irregulares con los fondos de la ANSES. Entre ellas el aporte de 10 millones de dólares para el Grupo Clarín, hoy empleador de Basavilbaso.
Clarín: el gran negocio argentino
El aporte de 10 millones de dólares de los fondos de ANSES para el Grupo Clarín ocurrió en 2016, durante el primer año de Macri en la presidencia y de Basavilbaso al frente del organismo de seguridad social. Fue puntualmente para Cablevisión, a través de las suscripción de Obligaciones Negociables (ON) que son, básicamente, deuda que emite una empresa para financiarse. Se hizo desde del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), cuyo objetivo desde el paso de Amado Boudou por el organismo era invertir en proyector productivos que generaran a su vez puestos de trabajo que derivaran en más aportes para el sistema de seguridad social, un círculo virtuoso que el macrismo deconstruyó de varias formas. Esta fue una.
La operación para hacerle este millonario favor a Clarín la aprobó el Comité Ejecutivo del FGS, según consta en su acta N 136, el 26 de agosto de 2016. Ese comité lo integraban por entonces el director ejecutivo de ANSES Basavilbaso, el Secretario de Finanzas Luis “Toto” Caputo y el Secretario de Política Económica Pedro Lacoste. También era parte del comité el Subdirector de Operación del FGS Luis María Blaquier, cuya intervención tenía otro ingrediente: mientras firmaba esto era socio del fondo Fontinalis Partners, que controlaba GS Unidos LLC, que a su vez era accionista del Grupo Clarín. Todo consta en la denuncia que realizó por entonces el fiscal Gabriel De Vedia desde la UFISES.
Nada se podía hacer sin la venia de Basavilbaso, hoy contratado por Héctor Magnetto y sus socios. De hecho en el Comité Ejecutivo del FGS las decisiones se toman por mayoría y si hay empate el director ejecutivo tiene doble voto. Pero no hizo falta. Los 10 millones para Cablevisión se aprobaron por unanimidad, incluido el voto de Basavilbaso que a partir del próximo martes será Chief Operating Officer de AGEA.
Todo consta en el punto 3 del día como la aprobación de la suscripción de ON de Cablevisión por 10 millones de dólares hecha el 8 de junio, dos meses y medio antes. La deuda quedó bajo ley de Nueva York, a una tasa fija a ser determinada al momento de la suscripción y a 5 años.
Pero además de que no era el rol del FGS (que, por otra parte, es a su vez accionista del Grupo Clarín tras la estatización de las AFJP) hubo otro elemento clave para entender el favor de Basavilbaso a sus ahora patrones: la deuda de Cablevisión tenía una calificación de riesgo.
Uno de los ítems de cualquier emisión de deuda es la nota que ponen las calificadoras de riesgo. Según la Comisión Nacional de Valores (CNV), “las sociedades calificadoras de riesgo (SCR) son sociedades anónimas formadas por especialistas que dan una opinión técnica independiente sobre la capacidad de repago en tiempo y forma (es decir, en las condiciones pactadas) de los distintos valores negociables (obligaciones negociables y/u otros títulos de deuda) colocados y negociados en los mercados”. Lo cierto es que también se trata de empresas cuestionadas por manipulaciones en las calificaciones, especialmente en materia financiera, que quedaron al descubierto en la crisis desatada en 2008-2009. La incógnita que gira en torno a ellas es quién califica a las calificadoras. A nivel mundial conforman un oligopolio que, en Argentina, tiene registradas a Standard & Poor´s, Fitch, Evaluadora Latinoamericana y Moody´s Latin America.
Esta última, Moody´s, intervino en la calificación de las obligaciones negociables de Cablevisión. Según consta en la denuncia del fiscal De Vedia, las obligaciones de Cablevisión fueron calificadas con rating nacional “Baa1.ar” y global “B3”. “De acuerdo con la guía de referencia emitida por ese agente en el mes de octubre de 2016 – sigue la denuncia- las obligaciones con calificación Baa ‘se consideran de grado intermedio y están sujetas a un riesgo crediticio moderado, por lo que pueden presentar ciertas características especulativas’ y el número modificador 1 ‘indica que la obligación se ubica en el rango superior de su categoría de calificación genérica’. A su vez, en la escala global, las obligaciones con calificación B ‘se consideran especulativas y están sujetas a un riesgo crediticio alto’ y el modificador 3 ‘indica que se ubica en el rango inferior de esa categoría de calificación genérica’”. O sea, no sólo Basavilbaso puso plata del FGS en la empresa que ahora lo contrató sino que además lo hizo a pesar de que, según su calificación, eran especulativas. Ergo, puso dinero de seguridad social en una inversión de riesgo. Riesgo para otros, hoy él cobra los beneficios.
La denuncia del fiscal De Vedia sigue activa aunque tuvo un derrotero trunco. El fiscal Franco Picardi impulsó la investigación y pidió el procesamiento de Blaquier, concedido por el juez Sebastián Casanello. Pero esta decisión fue revocada por los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, puestos a dedo por Macri. El expediente volvió a la fiscalía de Picardi, que pidió nuevas medidas de prueba. Basavilbaso no fue procesado ya que el expediente giraba en torno a la incompatibilidad de Blaquier como funcionario. Pero ahora es Basavilbaso el que pasó a trabajar en la empresa a la que le prestó fondos públicos mientras era funcionario.
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