Legisladores de la oposición impulsaron el pedido de juicio político para cuatro magistrados del máximo tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires luego de que declararan inconstitucional que se exija a las autoridades porteñas la obligatoriedad de las vacantes en la escuela públicas. El fallo se conoció la semana pasada y los jueces estipularon que solo deberían hacer el reclamo por la vía judicial aquellos familiares que no puedan abonar la matrícula en la educación privada. Desde el Ministerio de Salud de la CABA prefirieron no hacer declaraciones sobre el tema, ante una consulta de El Destape.
Junto a los sectores que conforman la comunidad educativa de la Capital Federal, en conferencia de prensa la oposición anunció el pedido de juicio político contra las y los magistrados Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg, Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano. Ellos fueron los encargados de darle sentencia definitiva a una demanda presentada por una mamá, en representación de su hijo, para exigirle al Gobierno porteño que lo incorpore en un establecimiento público con jornada completa dentro de un radio razonable a su domicilio o, en su defecto, que subsidie la cuota de una vacante en un establecimiento de gestión privada u otra solución alternativa.
El fallo negativo clausuró cualquier posibilidad de acceder a la educación pública en el distrito más rico del país ya que no permite que puedan conseguir una vacante quienes se quedaron sin un lugar durante las problemáticas inscripciones de cada año. Pero las familias tampoco pueden percibir un subsidio o ayuda económica para mandar a sus hijos a la escuela privada, lo que va en contra de decenas de dictámenes de la Justicia porteña que habían fallado en ese sentido.
La legisladora Lorena Pokoik del Frente de Todos, dijo en conferencia de prensa que "este fallo es inédito y le da la espalda a todo lo que hemos avanzado en conquistas de derechos. Es un fallo discriminatorio que está basado en la mercantilización de la educación pública" y recordó que el Gobierno porteño intentó cerrar 29 profesorados docentes, 14 escuelas nocturnas, un jardín maternal e incumplió la promesa de la construcción de 54 escuelas. Según estimaciones de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), el problema de las vacantes se terminaría con la inclusión de 48 establecimientos educativos nuevos.
Su compañero de bancada, Santiago Roberto, aseguró que el "fallo de este Tribunal es inconstitucional porque viola el artículo 24 de la Constitución porteña, que dice que el Estado debe asegurar y financiar el derecho de los niños y niñas de acceder a la educación pública a partir de los 45 días de vida. Es una sentencia vergonzosa que va en clara sintonía con las políticas excluyentes del gobierno porteño y representa un antecedente peligroso".
En tanto, la legisladora Cecilia Segura sostuvo en Twitter que "estas maniobras judiciales convalidan la desinversión en educación pública del gobierno macrista de Larreta, y se orientan a destruir un sistema educativo integrador, igualador y creador de oportunidades" y remarcó que el "ajuste en educación se profundizó durante estos años. Mientras en 2007 el Ministerio de Educación de CABA recibía el 28% del presupuesto total de la Ciudad, en 2021 esa cifra será del 17%".
Por el bloque del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), la legisladora Myriam Bregman aseguró que "esta conferencia de prensa es una primera respuesta a este escandaloso fallo del Tribunal Superior de Justicia y será seguramente el inicio de una serie de medidas que iremos tomando progresivamente porque este fallo no se puede aplicar y no hay que cumplirlo".
Por su parte, la titular de prensa del sindicato docente UTE, Paula Caligna, se refirió a la declaración que Angélica Graciano, Secretaria General de UTE, realizaba en ese momento en la causa que le abrió el gobierno porteño, que está siendo judicializada junto a otros dirigentes de UTE y del gremio docente Ademys. "Esta maniobra no es un hecho aislado, viene en conjunto con todo lo que hace el gobierno porteño, que utiliza a la justicia para ajustar en educación", afirmó.
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