La Justicia allanó una sede de la cadena SoprtClub, investigada por el delito de administración fraudulenta y evasión impositiva. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil 77 buscó secuestrar documentación contable y financiera que no se pudieron llevar y le dieron a la empresa un plazo de 24 horas para presentarla. La investigación comenzó por una denuncia civil, interempresarial por incumplimiento de un convenio entre partes, y derivó también en una acusación penal por presunto lavado de activos. Entre las personas apuntadas hay dos empresarios señalados por su vínculo con el falso abogado, Marcelo D'Alessio, que espió ilegalmente al denunciante Alejandro Gandly, directivo de TyC.
La demanda judicial -por la vía civil y penal - fue presentada por Alejandro Ganly, uno de los socios de esa sede de SportClub, quien "descubrió ciertas maniobras sospechosas". Según denunció, los socios se negaron a entregar documentación perteneciente a la sociedad, por lo que se procedió con el allanamiento.
En la denuncia, Gandly contó que “entre los años 2010 y 2011 Dardo De Marchi junto a sus socios Pablo y Horacio Colarez iniciaron un proceso de expansión de SportClub y, a través de la sociedad DEMATE SA, me propusieron formar parte de ese negocio puntual y hacerme cargo de la gestión del gimnasio ubicado en Carabobo 58/72 -del barrio de Caballito" con la posterior compra del 15% de las acciones que quedaron a nombre de su expareja ya que él era Director de Santa Mónica Argentina S.A.. Entre otros negocios, esta firma explota los derechos de imagen de la Selección Argentina de Futbol a través de un convenio con AFA. De Marchi también era dueño y accionista de esa compañía y por una cuestión legal le hizo esa recomendación.
Después de un tiempo, Gandly y su mujer, María Lorena Gonzalez, se separaron y convinieron dividir el paquete accionario – que compró el hombre pese a que la titularidad estaba a nombre de la mujer – en partes iguales. Eran 250.000 acciones. Eso no se plasmó nunca en los papeles, no le dieron su parte ni repartieron dividendos durante años. Hasta la actualidad. Eso derivó en una demanda civil.
“Comienza como una causa civil por incumplimiento de un convenio entre partes que no tiene nada que ver en lo que derivó”, explicó a El Destape Andrés Montone, abogado del denunciante. “A partir de una situación que tiene que ver con la ruptura del vinculo comercial entre Gandly, De Marchi y Colarez, se produce una situación que deriva en administración fraudulenta” con una maniobra orientada presuntamente al lavado de activos.
Según detalló el letrado, hay una “cantidad de facturas inconsistentes por compras que nada tienen que ver con la actividad social de la empresa. Hay una usina de facturas destinada a generar pagos inexistentes para bajar el impacto fiscal”, operación que sería “bastante común en toda la cadena SportClub”. DEMATE, la compañía de De Marchi y los hermanos Colarez, forma parte de la red de estos gimnasios, no es una franquicia. De Marchi, junto a otros socios ,también tenía acciones de GED S.A que es una sociedad dueña de la cadena de gimnasios .
El allanamiento de este lunes fue ordenado en el marco de la causa civil y si bien aún no pudieron obtener la documentación legal, contable y financiera, esperan tener novedades el martes. A partir de ello, el abogado explicó que esa información “se va a peritar contablemente y se sacarán las conclusiones de rigor para impulsar todo lo que haya que impulsar en sede penal. Sin perjuicio de eso hemos impulsado la administración fraudulenta. Además, subrayó: “Esta documentación fue requerida no una vez, sino diez veces, por todos los medios y llama la atención que no aparezca”. La demanda se inició en mayo de 2019 “y no logramos que una sociedad del carácter de sport club nos exhiba el vínculo societario ¿qué pasa acá?”, cuestionó el letrado.
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El vínculo D'Alessio
Según detalló la querella, el accionista principal y dueño de la sede de Sport Club Caballito es Dardo De Marchi, un empresario ligado al fútbol que ya había sido investigado por la Procelac por lavado de dinero. Su nombre trascendió hace pocos meses por su estrecho vínculo con el falso abogado Marcelo D'Alessio, detenido por extorsión y asociación ilícita.
En la denuncia denuncia judicial se sostiene que De Marchi le presentaba empresarios a D'Alessio, para luego extorsionarlos. De hecho, la esposa de D’Alessio, María Valentina Oettel, es ex profesora de gimnasia y figura en ANSES como empleada en relación de dependencia de Emprendimientos Deportivos del Sur SA, propiedad de De Marchi, Pablo Daniel Colarez y Pablo Ernesto Dusserre.
Según detalló Montone a El Destape, De Marchi y Colarez pusieron a D'Alessio en el camino de Gandly al invitarlo a visitar un gimnasio de la esposa del falso espía en Canning para incorporarla a la cadena. Ahí, explicó el letrado, sólo se cruzó con el espía pero tiempo después fue citado por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, dado que encontraron una carpeta suya en los allanamientos realizados al hombre que se presentaba como agente de la DEA. Por ésto, Gandly se incorporó como querellante en la causa que investiga el D'Alessiogate. Sin embargo, no llegó a ser víctima de las maniobras de esta banda de inteligencia ilegal porque la operación contra su persona comenzó a fines de 2018 o principios de 2019 y D'Alessio cayó preso poco después.
En paralelo, se inició otra causa por Administración fraudulenta contra De Marchi, Pablo Colarez, Horacio Colarez y María Lorena González. Tramita por ante el Juzgado Nacional de Instrucción número 29, investiga la maniobra y se avanza en determinación del fraude.
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