El Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura de la Ciudad de Buenos Aires presentó su segundo monitoreo para conocer la situación en la que se encuentran las comisarías y las alcaldías porteñas. Tras haber relevado una treintena de establecimientos, pudieron constatar: hacinamiento, escasez de comida y agua potable; y falta de acceso al sistema de salud, entre otras tantas problemáticas. "La principal causa que identifica el informe para llegar a este punto radica en el incumplimiento de las sentencias judiciales que ordenaban al Servicio Penitenciario Federal (SPF) disponer el ingreso de personas detenidas con condena o prisión preventiva", señalaron.
En los 30 establecimientos conviven 716 personas, pese a que las comisarías y alcaldías siquiera deberían tener personas alojadas de manera transitoria. Según explicaron desde el Mecanismo, a raíz de la pandemia, el SPF -desde el inicio de la gestión mileísta a manos del Ministerio de Seguridad, de Patricia Bullrich, y ya no de Justicia- estableció en el año 2020 un protocolo sanitario por el cual restringió el ingreso de personas condenadas o con prisión preventiva. "Como resultado, las alcaidías de la Ciudad se desbordaron rápidamente y con ello las comisarías volvieron a ser utilizadas como lugar de alojamiento de personas detenidas", apuntaron.
En virtud de esa situación, el Ministerio Público de la Defensa porteño presentó una acción de habeas corpus colectivo, que fue apoyada tanto por el Mecanismo como por la Procuración Penitenciaria de la Nación. Luego de obtener la aprobación Judicial, el Tribunal Superior de Justicia ordenó desalojar de las comisarías de la Ciudad a las personas detenidas en cualquier situación y que la detención en las alcaidías se cumpla en la forma en la que venía realizándose antes de la pandemia, "evitando la permanencia en ellas de personas privadas de la libertad bajo condena o en prisión preventiva", indicaron. Pese a ello, el SPF incumplió con las sentencias judiciales, lo que llevó a la situación actual de las comisarías y alcaldías.
El Mecanismo, a través del informe, marcó diversos datos concluyentes a los que se arribaron tras el análisis. Entre ellos, se destacan:
- Las comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad se encuentran sobrepobladas. En las alcaidías monitoreadas, al momento del relevamiento, se encontraron 330 personas detenidas con un cupo previsto de 223, por lo que estaban excedidas casi en un 50%.
- El tiempo de permanencia de las personas privadas de su libertad supera los 6 meses en las comisarías y los 12 meses en las alcaidías. Esta situación se agrava porque las comisarías no deberían tener personas alojadas, ni siquiera de forma transitoria.
- En la gran mayoría de las comisarías, hay aspectos edilicios y elementos peligrosos que ponen en riesgo la vida o la integridad física de las personas detenidas y del personal policial. Estas situaciones abarcan desde las reformas improvisadas en las dependencias en las que se registraron fugas, como la utilización en las comisarías vecinales de espacios comunes fuera de calabozos: pasillos y oficinas administrativas denominados “lugares transitorios” de detención.
- Los derechos a la alimentación y a la salud son también vulnerados. La comida no siempre está en buen estado y es insuficiente. En cuanto al acceso a la salud, no existen protocolos de atención ni se destinan recursos para atender la problemática.
- Es importante destacar que en la gran mayoría de las comisarías no cuentan con espacios adecuados ni recursos disponibles para la realización de entrevistas confidenciales —presenciales o virtuales— con las y los abogados defensores.
- Los y las agentes de la Policía local carecen de la formación necesaria para desempeñar las tareas de la función penitenciaria. A esto se suma la escasez de personal. En todas las alcaidías, se asignan entre 3 y 4 celadores para un promedio de 30 detenidos. En las comisarías vecinales se destinan, en promedio, entre 3 y 5 agentes para la guarda y custodia de entre 25 y 30 personas detenidas.
Desde el organismo también explicaron que es a raíz de esta situación que en los últimos meses "se produjeron numerosos incidentes al interior de las comisarías y alcaldías". De hecho, en mayo, el Gobierno porteño declaró “la emergencia edilicia, de infraestructura y condiciones de alojamiento en comisarías e instituciones penales de alojamiento temporario y transitorio destinado a personas privadas de su libertad”; mientras que, a su vez, anunció una serie de medidas alternativas al problema de fondo que incluyen la creación de “módulos containers” para alojamiento de personas detenidas.
“Es posible afirmar que las medidas dispuestas y anunciadas por las autoridades públicas están lejos de revertir las condiciones de detención en las que se encuentran las personas privadas de su libertad en la Ciudad de Buenos Aires, las cuales constituyen tratos crueles, inhumanos y degradantes”, indica el informe. Y concluye: “Enfrentar esta grave situación institucional —que al transformar en permanente lo provisorio vulnera sistemáticamente los derechos humanos de las personas detenidas— requiere de un esfuerzo coordinado, coherente y sostenible de todas las autoridades estatales con responsabilidad política e institucional”.
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