El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires busca imponer la rezonificación de los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco. Con este proyecto se busca privatizar 17 hectáreas y construir edificios de lujo frente al Río de la Plata. Tras las audiencias públicas, el 98% de los participantes manifestó estar en contra del proyecto, y en su lugar se propuso construir un gran parque público con vista al río.
Este tipo de políticas privatistas por parte del Gobierno de la Ciudad viene de larga data, primero fue con Mauricio Macri como jefe de Gobierno, y luego con su sucesor Horacio Rodríguez Larreta. Es así, que entre el 2009 y 2019 en la Ciudad de Buenos Aires se vendieron aproximadamente 150 hectáreas por medio de 26 leyes sancionadas por la Legislatura, las cuales autorizaban la enajenación de los inmuebles y el posterior desarrollo de grandes proyectos inmobiliarios en manos de privados.
Teniendo en cuenta las irregularidades en relación al modelo de concesiones que tenemos en la Ciudad, cabe destacar que la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) analizó las concesiones otorgadas por el Ejecutivo porteño entre 2013 y 2016. Entre los predios contemplados, se encuentran: Control de Estacionamiento Indebido en Micro y Macro Centro (Grúas), Punta Carrasco (Distrito Joven), Pizza Banana (Distrito Joven), Pacha Buenos Aires S.A. (Distrito Joven), Bajo autopista 1-111 - Canal 13, Bajo autopista 9-907 - Multicanal, Buenos Aires Design y el Centro Metropolitano de Diseño.
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Dentro de los hallazgos, se observa que las concesiones incumplieron con la manda constitucional que establece que la Legislatura tiene la atribución de aprobar todas las concesiones, permisos de uso o constitución de cualquier derecho sobre inmuebles de dominio público de la Ciudad. El gobierno porteño, frente a esta irregularidad, se justifica diciendo que si el permiso es otorgado por menos de cinco años, es su potestad hacerlo. Un ejemplo claro de esto es el del Bajo Autopista 9-907 que desde 2008 fue otorgado a Multicanal S.A. sin poderse acreditar la imposibilidad jurídica de licitar el predio. El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nunca entregó la acreditación correspondiente a la prórroga de uso que venció a los cuatro años de ser otorgada.
También se detectó que las concesionarias no cumplieron en tiempo y forma con el pago de impuestos y sellos, como ABL e ingresos brutos. La respuesta del Ejecutivo porteño no fue intimar a las concesionarias a regularizar su condición, sino renovar las concesiones a pesar del incumplimiento contractual por parte de las mismas.
Por otro lado, se observó que la evolución de los cánones no responden al cuidado del patrimonio de la Ciudad, sino que muy por el contrario las ganancias obtenidas por las concesionarias no condicen proporcionalmente a lo tributado al GCBA. Un claro ejemplo de ello son las grúas, donde el canon que abonan a la ciudad es tan sólo de 1,04% y 1,15% de las ganancias obtenidas por las empresas DAKOTA S.A. y BRD S.A. Como ya es de público conocimiento, estas son las mismas empresas que tienen los contratos de concesión finalizados desde el 2001 y que el Ejecutivo porteño renueva por medio de “permisos de uso precarios”.
Cabe destacar que la Auditoría sentó precedente en 2015 sobre el sistema de otorgamiento y control de las concesiones otorgadas por el Gobierno de la Ciudad, luego de la trágica fiesta de Timewarp. En este sentido, se analizó la concesión sobre el predio de Costa Salguero donde se detectaron las siguientes falencias: diferencias entre el canon tasado y el cobrado, el reconocimiento por parte del GCBA a las concesionarias de gastos injustificados, la ausencia de habilitaciones y las sub concesiones que colisionaban con el Código de Planeamiento Urbano.
Un aspecto importante a tener en cuenta es que estas concesiones fueron, en su gran mayoría, otorgadas por el ex Jefe de Gobierno Mauricio Macri, y mantenidas por el actual Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.
Lo que vemos es un claro modelo de privatización sobre el uso de los bienes de la Ciudad en beneficio de empresas privadas que tienen vínculos estrechos con el oficialismo porteño, y en su mayoría han sido aportantes de campaña de “Vamos Juntos”.
Para finalizar, debemos destacar dos cuestiones muy claras: por un lado, la falta de transparencia, rendición de cuentas e incumplimiento de la Constitución porteña por parte del Ejecutivo de la Ciudad, y por el otro, la prioridad de las gestiones de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta de privatizar el espacio público, favoreciendo a empresas privadas cercanas y generando un negocio inmobiliario donde se benefician unos pocos. En definitiva, en nuestra Ciudad lo que no se puede alquilar a empresas amigas, se termina vendiendo. El costo lo pagamos todos y todas las vecinas que el gobierno de la Ciudad presume de representar.
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