Al principio, en la Ciudad reinó el desconcierto. Nunca sucedió que un gobierno decidiera desconocer un fallo de la Corte Suprema de Justicia, por lo que la Capital Federal tuvo que poner a trabajar a su equipo de abogados para analizar, desde lo jurídico, los pasos a seguir después del anuncio de Alberto Fernández. La administración nacional no acatará la orden del máximo Tribunal de Justicia, considerada inédita, incongruente y de imposible cumplimiento, por lo que no incrementará los fondos coparticipables destinados a la CABA. A las diez de la mañana de este viernes, el jefe de Gobierno hablará desde la sede de Uspallata para ensayar la respuesta que llevó varias horas de análisis y producción.
No hubo llamados ni comunicaciones con el gobierno nacional después del anuncio oficial de Presidencia. Pero inmediatamente conocido el documento, que fue acompañado por la firma de gobernadores afines al Frente de Todos, el equipo jurídico se puso a trabajar. Evidentemente, Larreta esperaba una respuesta de parte de la Casa Rosada porque canceló un viaje planificado a la provincia de Chubut para acompañar a Ignacio Torres, el candidato PRO para la gobernación, en una cruzada contra el debate de leyes electorales en ese territorio.
A las 10, llegará la respuesta oficial del jefe de Gobierno pero ya hubo varios movimientos. A las críticas en redes sociales se le sumaron anuncios de juicio político y denuncia penal contra Fernández y los funcionarios que no acaten el fallo de la Corte. En este último caso, los autores serán los dirigentes de la Coalición Cívica, que apuntarán contra quienes desconozcan la orden del Tribunal "por alzamiento, desobediencia e incumplimiento de deberes de funcionario público".
MÁS INFO
La denuncia llevará las firmas de Elisa Carrió y el resto del partido que ella fundó, como el presidente de la CC Maximiliano Ferraro; el jefe de diputados nacionales del partido, Juan Manuel López y las legisladoras nacionales en representación de la Ciudad Paula Oliveto y Mariana Zuvic. También acompañarán con su firma los legisladores porteños de la CC Facundo del Gaiso; Hernán Reyes; Cecilia Ferrero y Lucia Romano, además del presidente del partido por el distrito, Claudio Cingolani.
Desde el Congreso, el PRO ya advirtió que le pondrán "freno", como "en otras oportunidades, a cualquier maniobra que busque degradar la democracia y obstruir el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas". De momento, no fue definido el modo en el que avanzarán, pero también pusieron a trabajar a los equipos jurídicos para encontrar las herramientas adecuadas. Probablemente, este viernes haya alguna definición más orgánica.
Según denunció el bloque comandado por Cristian Ritondo, la decisión del gobierno nacional fue liderada "por un presidente que se comporta como representante de una facción y acompañada por 14 gobernadores oficialistas", constituyendo "un artero golpe al federalismo y a la división de Poderes". Se apuntó contra le kirchnerismo por "protagonizar" un hecho de "gravedad institucional" y realizar "un golpe a la democracia", agrediendo la institucionalidad. La situación fue calificada como una suerte de "ley de la selva", donde cada uno hace lo que quiere para poder sobrevivir, sin ningún tipo de reglas.
Quienes ya anunciaron que presentarán pedidos de juicio político fueron Ricardo López Murphy, el liberal de Juntos por el Cambio con bloque unipersonal, y la diputada de Confianza Pública, Graciela Ocaña. El primero, calificó a Fernández de "golpista" y pidió el acompañamiento del resto de la oposición. La segunda, calificó la acción del jefe de Estado como un "delito, por desobediencia y alzamiento contra un poder del Estado". En tanto, el jefe de campaña de Patricia Bullrich, Juan Pablo Arenaza, fue un poco más allá con las posibles consecuencias al asegurar que "si no acatan el fallo de la corte deberían terminar presos".
El conflicto comenzó en 2020, cuando un sector de la Policía Bonaerense rodeó las quintas presidenciales del gobernador Axel Kicillof y el presidente Fernández por bajos sueldos. Ante esa situación, el mandatario decidió quitarle a la CABA una porción de los fondos coparticipables que Mauricio Macri le otorgó, en forma arbitraria y por DNU, durante su gestión. Casi duplicando el monto.
MÁS INFO
La Ciudad judicializó el decreto y también lo hizo con la cuestión de fondo. La reducción pasó por el Congreso y fue aprobada en ambos recintos, pero la Corte Suprema definió eludir la voluntad popular expresada a través de los legisladores para ordenar que se reintegren los pagos, en este caso provenientes de la coparticipación primaria.
Como el episodio se insertó en una serie de acciones en las que el Poder Judicial decidió entrometerse en el funcionamiento de los otros Poderes del Estado, y tras el reclamo de los gobernadores que se verán perjudicados por una merma en el presupuesto nacional para ejecutar obras federales, el presidente decidió desoír el fallo y estalló la batalla. Tal vez la última del año pre-electoral.
Cerrar sesión