Cuando el Gobierno ya celebraba la apertura de una mesa tripartita con gremios y empresarios para explorar nuevas reformas laborales, la CGT inició un camino inverso. Una tregua inminente entre los sectores más dialoguistas y los confrontativos promete dotar a la central de una postura más áspera respecto de la administración libertaria. Una primera prueba fue la suspensión de la reunión pautada para este jueves de técnicos de la organización y del G6 (el grupo de cámaras patronales más establecido) en la Secretaría de Trabajo para explorar un acuerdo en la norma que habilita los despidos inmediatos ante bloqueos sindicales.
La vuelta de la tensión entre el Ejecutivo y la CGT se pavimentó con un encadenamiento de anuncios y medidas orientados a hostigar a sectores agremiados fuertes, como los sindicatos de ferroviarios y los de la AFIP, que se sumaron a otros que ya venían en conflicto como los de trabajadores universitarios y los aeronáuticos. También, con las escasas muestras de concordia desde el Gobierno hacia los sectores más tradicionales, como los "gordos" de los grandes gremios de servicios y los "independientes" de buen diálogo con todas las gestiones presidenciales, a quienes había prometido un sendero de acercamiento y búsqueda de consenso en los conflictos más intensos.
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Como reveló El Destape, la central obrera había iniciado un proceso de pacificación interna luego de haber logrado acotar al mecánico Mario "Paco" Manrique una posible sangría de integrantes de su Consejo Directivo. Esa instancia y la garantía de Hugo Moyano de que su hijo mayor, Pablo, no abandonaría el triunvirato de secretarios generales -y que incluso si lo hacía, Camioneros hubiera cubierto el espacio con otro dirigente) lograron reducir la tensión recurrente entre negociadores y opositores a Javier Milei.
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La labor de acercamiento recae en dirigentes de sectores como el de los "independientes" y hasta del propio núcleo más próximo a Pablo Moyano (el Frente Sindical) más interesados en robustecer la CGT antes que desgajarla. Entre ambos se juramentaron reunir a los dos grandes sectores en tensión en los próximos días, a la vuelta de un viaje que mantiene en el extranjero a Gerardo Martínez. Esa expectativa fue clave para la suspensión de la reunión técnica de este jueves, como también la vigencia de un paro nacional pautado para el miércoles próximo de los sindicatos del transporte con la excepción, por ahora, de los colectiveros de la UTA. Lejos del entusiasmo del Gobierno, en la CGT crece ahora la posibilidad de una medida de fuerza antes de fin de año.
Para ese escenario se menciona un tercer paro nacional, una marcha multitudinaria capaz de aglutinar a todos los sectores martirizados por el Gobierno (trabajadores, jubilados, universitarios, movimientos sociales) o incluso ambas protestas en simultáneo. Sería, además, una forma lógica de recobrar protagonismo para una CGT que mira de reojo la interna del PJ sin decidirse a una incorporación plena, más allá de la decisión de los sectores más dialoguistas de prestarle apoyo al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en su quimérica intención de presidir el partido fundado por Juan Domingo Perón.
Con una posible acción de protesta antes del cierre de 2024 la central sindical espera cerrar de manera sustentable la permanente fricción entre sus mayores referentes y eventualmente brindarle a la organización una voz más potente para disciplinar al Gobierno e insertarse en la disputa por el PJ, adonde históricamente fue convidada de piedra. Para los dirigentes está fresco el músculo que ganaron en el primer semestre del año con el protagonismo que tuvieron al encadenar dos paros nacionales y una serie de movilizaciones que inquietaron al Ejecutivo y convirtieron en letra muerta el protocolo antipiquete de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Para Pablo Moyano se trata del escenario ideal luego de haber quedado en falsa escuadra cuando no acompañó la dimisión de Manrique y en simultáneo perdió fuerza el paro de transportistas del miércoles próximo. Esa huelga, que había sido ideada para el 17 de octubre con la totalidad de los gremios del rubro, debió reprogramarse para el 30 y hasta ahora sin la estratégica Unión Tranviarios Automotor (UTA), cuyo secretario general, Roberto Fernández, estirará la definición hasta último momento en función de la evolución de la paritaria de los colectiveros.
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