El Gobierno lanzó la mayor ofensiva contra estructuras gremiales de los últimos años en medio del silencio de la CGT. Al menos una decena de obras sociales sindicales fue objeto en los últimos días de inspecciones aparatosas o directamente intervenciones del Poder Ejecutivo como las ordenadas en las prestadoras de los rurales de Uatre (Osprera), y en dos de organizaciones distintas de ladrilleros (OSPL y Ospilm), de acuerdo a un relevamiento hecho por El Destape. El antecedente más próximo se produjo en la gestión de Mauricio Macri con la intervención de una docena de sindicatos o prestadoras de salud ligadas al sector pero en esa oportunidad la mecánica se extendió a lo largo de los cuatro años de mandato y siempre a instancias de causas judiciales impulsadas por magistrados afines del fuero federal.
La oleada de los últimos días se valió apenas de auditorías propias de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el órgano que preside formalmente Gabriel Oriolo pero controla en los hechos Mario Lugones, el máximo referente del sector sanitario en la administración libertaria. Desde la institución se ordenaron inspecciones sobre las obras sociales del sindicato de marítimos (SOMU), la federación del gas (Fetignra), conductores de taxis, y panaderos (Fauppa), en tanto que en las próximas horas se espera un desembarco similar en la del gremio de empleados de la industria del vidrio (Seivara).
En cada organización se repitió la misma mecánica: un grupo de alrededor de 14 inspectores descendía de un mismo vehículo de la SSS en cada entidad y reclamaba la documentación que cada año las autoridades de las obras sociales completan por escrito y de manera digital. Los controles se extiendían por largas horas y en algunas ocasiones por hasta tres días. En las semanas que lleva la instrumentación de la embestida la central obrera no emitió comunicado alguno ni sentó posición de manera formal a través del triunvirato de conducción.
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En el sector también advierten como inminentes las intervenciones de las obras sociales de trabajadores del Turf y del gremio de Vareadores, en ambos casos bajo la misma premisa con la que se ejecutó en mayo pasado el nombramiento de un administrador provisorio en la del sindicato del personal de la Industria del Fósforo (Ospif). Se trata de tres entidades sometidas a años de investigaciones por el traspaso fraudulento de afiliados a favor de una entidad médica privada, Ética Salud. El administrador provisorio nombrado al frente de Ospif fue el abogado Mariano Luis Negro, con una larga trayectoria en la SSS hasta su desplazamiento en el gobierno de Alberto Fernández por sospechas de su participación en esos desvíos.
La acción de mayor impacto fue el nombramiento de una administración provisoria y, una semana después, la intervención de Osprera, la segunda mayor obra social de la Argentina con al menos 650 mil beneficiarios. En ambas instancias fue designada la médica clínica Virginia Montero, proveniente de la prepaga Medifé. Entre los argumentos de las resoluciones figura un desembolso de la anterior gestión de la SSS a favor de esa obra social por 3.350 millones de pesos entre las primarias de agosto y la primera vuelta de octubre.
Desde marzo de 2023 la obra social de Uatre se encontraba bajo la tutela de un juzgado federal de La Pampa y en años anteriores había sido objeto de un tironeo constante entre la conducción del gremio, a cargo de José Voytenco, y su mayor rival interno, el diputado actualmente libertario Pablo Ansaloni. El oficialismo en la Uatre le endilga al legislador (exJuntos por el Cambio) la responsabilidad por el quebranto de la obra social. El enfrentamiento de Voytenco y Ansaloni se precipitó inmediatamente después de la muerte en octubre de 2020 del anterior secretario general de Uatre, Ramón Ayala, quien a su vez había reemplazado al histórico Gerónimo Venegas, muerto en 2017.
El silencio de la CGT ante la intervención de la Osprera fue el primer indicio de una dinámica que con el correr de los días se repetiría en los desembarcos del Ejecutivo en las obras sociales de los dos gremios de ladrilleros (la de los operarios del rubro, OSLP, y la de los trabajadores de la industria a máquina, Ospilm). En el primer caso el gremio es el que lidera Luis Cáceres (Uolra) y el Ejecutivo sospecha que su prestadora de salud habría sido utilizada por el Movimiento Evita durante la gestión del Frente de Todos para canalizar la afiliación de 38 mil monotributistas sociales sin dar prestaciones a cambio y para obtener subsidios automáticos (SUMA).
Parte de la indiferencia de la mayor central obrera en este proceso puede explicarse en la decisión del Gobierno de eliminar el SUMA y redistribuir el saldo de ese subsidio entre las prestadoras en función del número de afiliados, una medida destinada a beneficiar a las de mayor volumen como las de los gremios de Comercio, estatales de UPCN, albañiles de Uocra o Sanidad. Entre esa resolución y la equiparación que forzó el Ejecutivo de aportes fiscales entre obras sociales y prepagas a favor del Fondo Solidario de Redistribución (FSR, que reembolsa al sector el costo de las prestaciones más caras) representaron las mayores concesiones libertarias a la CGT y sirvieron para elastizar los canales de diálogo con el sector.
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