La mesa chica de la CGT resolvió proponerle al consejo directivo de la central obrera la realización de una movilización para el 17 de agosto, en principio iría desde el Obelisco hacia el Congreso, en rechazo a la inflación y con el reclamo de unidad para resolver los problemas que acechan al Gobierno. Héctor Daer, uno de los tres secretarios de la central, convocó a "tener la responsabilidad suficiente para encontrar el camino de salida y que esto no se siga profundizando". Por las dudas, aclararon que la marcha no será contra el Gobierno, ni contra el Parlamento, por eso la indefinición que persistía para definir su trazado. Los sindicalistas confirmaron que el miércoles tres de ellos se habían reunido con la vicepresidenta Cristina Kirchner en el Senado. "Conversamos sobre la necesidad de equilibrar al Frente y de cómo seguir adelante", comentaba uno de los participantes.
Pocas veces una reunión de la mesa de conducción de la central estuvo rodeada de tanta expectativa como el encuentro de este jueves en la sede de UPCN. La CGT se mantiene como un apoyo importante del gobierno de Alberto Fernández, pero desde sectores internos como el que encabeza el camionero y co-secretario general Pablo Moyano, venían impulsando la necesidad de realizar un acto masivo para protestar contra los grandes formadores de precios y dejar planteada la posición de los representantes de los trabajadores en la crisis. El paquete de medidas de control de gasto anunciado el lunes pasado por la ministra de Economía, Silvina Batakis, los terminó de persuadir de que algo debían hacer para actuar como vía de escape del descontento. Aunque -fue algo que discutieron en el encuentro- tenían que mantener el equilibrio de forma que no se exprese como un rechazo a las políticas oficiales.
A principios de semana se planteó la posibilidad de que la actividad se realizara el 26 de julio, aniversario del fallecimiento de Evita. Finalmente, ganó más adeptos que se pase para el miércoles 17 de agosto, día del Libertador San Martín. La otra duda tenía que ver con el lugar del acto: no querían hacerlo en la Plaza de Mayo para que no se interpretara como una protesta contra el Gobierno. Tampoco en el Congreso, para evitar problemas. En principio, se pensó en una marcha que vaya desde la avenida 9 de Julio a la Plaza de los dos Congresos, de manera que se desconcentre antes de llegar al Parlamento. La última decisión la tendrá el consejo directivo de la CGT, que se convocó para el próximo jueves 21.
La decisión se tomó casi al mismo tiempo que se conocía el índice de inflación de junio. "Desgraciadamente se rompió la pendiente que venía teniendo la inflación, pero hubo una remarcación que también erosiona el salario y los ingresos de los argentinos", analizó Daer, quien actuó como vocero del encuentro del que también participaron el cosecretario general Carlos Acuña junto al anfitrión Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Jorge Sola (Seguro), Gerardo Martínez (Uocra), Guillermo Moser (Luz y Fuerza), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Omar Maturano (La Fraternidad), Julio Piumato (Judiciales) y Víctor Santa María (Suterh), entre otros. Quien no estuvo fue Pablo Moyano, quien mantiene cada vez más diferencias con el resto de la central y con las política oficiales, que no dudó en criticar.
Los sindicalistas salieron con un mensaje de convocatoria amplia, incluyendo a sectores empresarios y a la oposición. "No es contra nadie, queremos exponer lo que está sucediendo", llegó a decir Rodríguez. En tanto, Daer descartó a quienes impulsan una salida a través de un shock o de una crisis terminal. "Eso lo único que hace es que una parte de la población pase a la pobreza estructural y de ahí no se vuelve nunca", subrayó. Desde la CTA de Hugo Yasky esperaban que se convocara a una movilización para anunciar su adhesión. Pero, a diferencia de la CGT, allí se mostraron críticos de las medidas anunciadas por Batakis y buscaban sumar consignas propias a la marcha como la aprobación del salario básico universal, del proyecto de renta inesperada y el del pago al FMI con los dólares de la fuga. En la CGT no querían sumar organizaciones sociales combativas como las que protestaron este jueves en el centro porteño porque, insistían, evitarían que el acto se convirtiera en una marcha contra el Gobierno.
Antes de tomar la decisión, una discreta delegación cegetista visitó el miércoles al mediodía a la vicepresidenta en su despacho en el Senado. Concurrieron Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez y José Luis Lingeri, tres representantes gremiales del peronismo ortodoxo, lejanos ideológicamente del kirchnerismo. Poco trascendió respecto al diálogo, más allá de la coincidencia sobre la necesidad de que el Frente de Todos consiga alguna forma de mecanismo interno que termine con las desinteligencias entre el Presidente y la vice. Luego de la renuncia de Martín Guzmán y su reemplazo por Batakis, Alberto y Cristina hablaron en varias ocasiones. Pero, se supone que todas las medidas fueron consensuadas, desde el kirchnerismo no hubo ninguna expresión pública de apoyo a los anuncios.
Es más, también durante este jueves, las autoridades de las Cámaras de Senadores y de Diputados que encabezan Cristina y Sergio Massa firmaron un importante aumento para el personal legislativo en dos tramos del 30%, a partir del 1 de julio y del 1 de octubre, que calculaban en un 69% anual, dado que eran acumulativos. No parecían suscribir la misma línea de control del gasto estatal que buscó expresar la ministra.
En el Gobierno adelantaban que no harían ningún movimiento para que la CGT levantara la marcha, especialmente luego de la aclaración de los sindicalistas acerca de que no se trataba de un reclamo salarial, ni iban contra las medidas económicas. Tanto desde el ministro de Trabajo que encabeza Claudio Moroni como desde la propia CGT insistían que el mantenimiento de las paritarias activas era la mejor manera de responder a los altos índices de inflación: aseguraban que el promedio de los acuerdos celebrados rondó el 60% de aumento anual y que sólo restaba cerrar el de la UOM, entre los más importantes. Por otro lado, que en agosto volverá a reunirse el Consejo del Salario Mínimo para actualizar también esa remuneración, clave para el pago de planes sociales.
En cambio, no quieren saber nada con aumentos por decreto o de suma fija porque -argumentaban- achata la pirámide salarial y genera más inconvenientes que beneficios dentro de los sindicatos. “La CGT quiere que las paritarias funcionen", recalcó Andrés Rodríguez en diálogo con El Destape Radio. Por otro lado, en otro de los temas que preocupan a los sindicatos, en Gobierno confirmaban que trabajaban en un proyecto para ir al rescate de las obras sociales con los números en rojo por culpa de los insumos en dólares y por el peso de cargar con los jubilados de cada gremio que no realizan aportes, mientras que los activos prefieren hacer la transferencia a una prepaga. Ese tema desvela a los jerarcas sindicales más que cualquier otra cosa.
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