La Justicia le saca el cuerpo a los amparos contra Ganancias

Al menos dos jueces del fuero laboral esquivaron pronunciarse sobre sendos amparos presentados por gremios en contra de la reinstauración del impuesto a las Ganancias. En uno de los casos, planteado por la Asociación Bancaria, el interventor se declaró incompetente por entender que se trata de una problemática propia de la Justicia en lo Contencioso Administrativo; en el otro, presentado por Camioneros, la magistrada que salió sorteada se excusó con un argumento más llamativo: dijo no poder actuar de manera imparcial por estar alcanzada ella misma por el gravamen. 

Un sondeo de El Destape entre los principales sindicatos que acudieron a los Tribunales para plantear la inconstitucionalidad de la vuelta de Ganancias consagrada en el capítulo fiscal de la ley Bases encontró poca predisposición de magistrados a tomar las causas. El único planteo que hasta ahora tuvo acogida favorable fue el de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Neuquén, que logró que la Justicia provincial dictaminara por la admisibilidad del amparo. Mientras que la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) no consiguió que el juzgado federal 1 de San Martín, adonde había presentado una cautelar, habilitase la feria para tratarlo. 

A diferencia de la respuesta que tuvo la CGT en la Justicia laboral con el freno al capítulo laboral del DNU 70/23, las presentaciones hechas por gremios hasta ahora en ese mismo fuero no hallaron el eco que calculó la central obrera cuando programó una estrategia individual de demandas a cargo de las organizaciones con trabajadores cuyos ingresos quedan alcanzados por el tributo. El planteo bajo esa modalidad apuntó a evitar objeciones por la interpretación de que una central obrera no puede ejercer la representatividad de una parcialidad afectada. 

La primera demanda que llegó a Tribunales fue la de La Bancaria. El gremio que lidera Sergio Palazzo la presentó ante el juzgado de feria del Trabajo, entonces a cargo de Santiago Docampo Miño. El magistrado evitó pronunciarse sobre la cuestión de fondo y sólo se declaró incompetente por entender que se trata de un asunto que incumbe a la Justicia en lo Contencioso Administrativo, el fuero principal en el que se dirimen cuestiones tributarias. El sindicato, que cuenta entre sus asesores al académico y letrado de la CGT Pablo Topet y al estudio del exdiputado Héctor Recalde, apeló la incompetencia por lo que la Cámara laboral deberá pronunciarse en el siguiente paso. 

Pero el dictamen más llamativo se produjo con la presentación de Camioneros. Con el patrocinio de Hugo Antonio Moyano, el abogado e hijo del líder sindical del mismo nombre, el gremio acudió al juzgado nacional del Trabajo 48 a cargo de María Gabriela D'Angelo. La jueza tampoco se expidió sobre la cautelar solicitada y en cambio se excusó de hacerlo por alegar que estaba comprometida su imparcialidad. Lo explicó por ser, como magistrada del Poder Judicial desde 2019, contribuyente de Ganancias. Si bien el grueso de funcionarios judiciales está exento del pago del tributo, desde el 1 de enero de 2017 los que asumen un cargo están alcanzados por la ley 27.346 que modificó el impuesto.  

D'Angelo, que fue nombrada jueza durante el gobierno de Mauricio Macri, interpuso como causal de excusación el artículo 17 del Código Procesal, Civil y Comercial, que incluye entre las razones para no intervenir en una causa el hecho de "tener el juez o sus consanguíneos (...) interés en el pleito o en otro semejante". Aunque el argumento fue recibido con sorpresa e incredulidad por el ecosistema sindical, también circuló la versión de que el mismo planteo será utilizado por otros magistrados ingresantes al Poder Judicial desde 2017 que eventualmente reciban nuevas cautelares. 

La CGT recibió con preocupación los corrimientos de dos jueces de un fuero que, a priori, imaginaba favorable al planteo de inconstitucionalidad de Ganancias. En general las demandas se basan en dos ejes: el carácter confiscatorio de la reinstalación de un impuesto eliminado por el Congreso, por un lado, y las eventuales falencias en la sanción legislativa de la vuelta de Ganancias por no haber sido tratada por el Senado al igual que el resto del capítulo fiscal. 

Pero más allá de razones jurídicas en la central obrera comentaban en las últimas horas que cualquier magistrado que decida resolver acerca de la cuestión de fondo deberá tomar en cuenta que la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn) ya presentó su propia demanda por inconstitucionalidad ante el fuero Contencioso Administrativo. Dicho en otras palabras, los sindicalistas creen que un juez que quiera resolver a favor del Gobierno se encontrará ante la encrucijada de contradecir a sus pares representados en su mayoría por la entidad gremial.