En paralelo con su decisión de no asistir a la primera mesa de diálogo social que abrió el Gobierno tras la aprobación de la Ley Bases, la CGT entabló una negociación reservada con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, para la reglamentación del capítulo laboral de la norma. Lo hizo a través de dos abogados de la "mesa chica" de la central para no involucrar a los dirigentes en contactos que podrían haberse interpretado como acercamientos políticos. La gestión se concentró en morigerar los efectos del artículo que penaliza los bloqueos de empresas y de la creación de la figura del trabajador colaborador sin relación de dependencia.
La organización delegó la tarea en dos letrados de alto perfil y experiencia local e internacional: Federico West Ocampo, sobrino del histórico líder Carlos West Ocampo y asesor de Héctor Daer en Sanidad, y Marta Pujadas, abogada principal de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), el sindicato a cargo de Gerardo Martínez. Los mismos especialistas habían capitaneado la discusión técnica con la administración libertaria en medio del tratamiento parlamentario de Bases. El martes que viene habrá una reunión de la "mesa chica" ampliada en la Uocra para poner en común los resultados de la negociación.
Uno de los aspectos principales de la reglamentación del capítulo laboral de la ley para la CGT es el que establece que "la participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento" podrá constituirse como "grave injuria laboral" y, por lo tanto, causal de despido con causa. Para la central obrera se trata de una limitación al ejercicio del derecho de huelga por introducir en el conflicto una figura de "bloqueo" que habilita una gama amplia de interpretaciones por parte de los empleadores y, eventualmente, los jueces.
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En este punto Cordero les hizo saber a los abogados de la disposición del Ejecutivo a explorar una instancia judicial previa al despido destinada a poner a salvo mecanismos de diálogo y salvaguarda del vínculo laboral. La CGT recibió la respuesta con desconfianza: como en todas las oportunidades previas de discusión con el Gobierno, la palabra de un funcionario puede quedar desacreditada horas después por otro. En este caso la inquietud pasa por el ojo revisor del ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, considerado por la central obrera como un fundamentalista antisindical a diferencia de otros referentes del oficialismo como el propio Cordero, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, o el asesor Santiago Caputo.
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Otro ítem indigerible para la central sindical es la creación de la figura de trabajador independiente con colaboradores sin relación de dependencia entre sí. La Ley Bases consagró esa posibilidad con hasta tres colaboradores luego de que la negociación parlamentaria redujera el número inicial que habilitaba hasta cinco. Para esa nueva figura se habilitará la reglamentación de un nuevo régimen especial sin los alcances de la ley de Contrato de Trabajo y que deberá estar acotado a la realización de proyectos en común.
Los técnicos de la CGT alegan que la figura "deslaboraliza" a los trabajadores al abrir la puerta a que se sostengan en el tiempo figuras aparentemente autónomas cuando en realidad lo que debería consagrarse es el vínculo entre un empleador y los dependientes. Sancionada la ley, ahora los abogados buscarán limitar al máximo el ámbito de aplicación de la nueva figura a algunos oficios puntuales y a trabajadores incluidos previamente en el régimen fiscal para monotributistas. Además, advierten que en lugar de reducir la litigiosidad el nuevo esquema poblará los tribunales del Trabajo de nuevas demandas de trabajadores.
La negociación con Cordero abarca otros rubros aunque no tan críticos. Por caso, los abogados advierten que tampoco tendrá un tránsito judicial amable la habilitación de la Ley Bases al despido discriminatorio. Lo que antes de Bases estaba prohibido por ley y obligaba al empleador a reincorporar al trabajador despedido, la norma ahora lo habilita con un único agravamiento sobre el monto a indemnizar pero sólo luego de que la Justicia constate el carácter discriminatorio de la cesantía.
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