La CGT definirá esta semana su estrategia judicial contra la reinstalación del impuesto a las Ganancias consagrada por la aprobación de la ley Bases. La respuesta se diseñará a partir del debate previo que mantendrán las principales confederaciones intermedias de la central, que agrupan a sindicatos del transporte (CATT), del sector industrial (Csira), del rubro de la alimentación (Casia) y de la energía (Catheda). En esos grupos el planteo generalizado apunta a una demanda única centralizada por la CGT en línea con la que presentó la organización contra el capítulo laboral del DNU 70/23 y que consiguió su freno vía amparo en el fuero del Trabajo.
Hasta el viernes a última hora no había certeza en el equipo jurídico de la CGT sobre la conveniencia de una única acción judicial o bien de impulsar una oleada de demandas de gremios por separado. Para los líderes sindicales, en cambio, la primera alternativa lucía más tentadora en vista del antecedente inmediato con resultado positivo contra el decretazo de Javier Milei. Por lo pronto, el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, anticipó que irá por su cuenta a Tribunales contra la vuelta de un gravamen que tendrá, necesariamente, a sus afiliados entre los mayores afectados.
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El triunfo del oficialismo con la Ley Bases no sorprendió a los gremialistas. Tras impulsar dos paros nacionales y una cadena de movilizaciones en contra de la iniciativa oficial, el último tramo de la discusión parlamentaria encontró a la CGT (como a la mayor parte del sindicalismo) alejada de cualquier protesta. De hecho, ya para el debate en el Senado la participación de la central en las acciones callejeras quedó acotada a la módica movilización de camioneros, bancarios, mecánicos del Smata y un puñado de sindicatos más.
Es que la cúpula de la central ya había dado por concluida su labor consistente en los paros y las marchas, el amparo ante el fuero laboral, y la gestión con los bloques del Congreso tanto para convencer a los legisladores de la necesidad de rechazar la iniciativa como para morigerar los efectos de la ley Bases tal cual había sido concebida en sus orígenes por la administración libertaria. La resolución de los gremios de mayor peso fue desincentivar nuevas acciones para evitar un mayor desgaste y, de paso, una confrontación de más profundidad con un gobierno con el que deberán convivir por tres años y medio más.
El argumento central que sostendrá cualquier demanda legal contra Ganancias partirá de la falta de validación en el Senado del capítulo fiscal. Esa arista fue la que enunció Palazzo apenas aprobada la ley. El exministro de Trabajo Claudio Moroni fue más allá y el viernes sostuvo en El Destape Radio que al menos otros dos tramos de la norma serán objetados en la Justicia: la creación de la figura de "colaborador" en reemplazo de la de trabajador en relación de dependencia para las contrataciones de hasta tres monotributistas por parte de otra persona en igual situación fiscal, y el denominado "fondo de cese" en lugar de la indemnización regular.
Con esas expectativas las confederaciones sindicales por actividad tomarán la iniciativa en el arranque de la semana con el estudio de estrategias jurídicas. Un sondeo de El Destape entre los sellos encontró una postura muy mayoritaria a favor de una acción única a cargo de la CGT. Cualquiera sea la decisión el otro andarivel a resolver será el fuero en el que se presentará la disputa. Para los gremios el laboral resulta habitualmente más afín (así lo fue contra el DNU) y en los equipos legales admiten que esa alternativa es tan viable como la del Contencioso Administrativo Federal.
Este sábado la CGT cuestionó mediante un comunicado la reimplantación de Ganancias y avisó que utilizará "todas las herramientas a su alcance para que el fruto del esfuerzo y dedicación de quienes realmente producen riqueza en la Argentina se vea reflejado en sus ingresos". El gravamen volverá a recaer sobre trabajadores solteros con salarios en bruto desde 1,8 millón de pesos y casados al frente de una familia tipo con ingresos mensuales totales a partir de $ 2,2 millones. En la misma línea se pronunció la CATT: "seguimos insistiendo que 'el salario no es ganancia' y acompañamos a nuestra central madre, la CGT, en las acciones, que orgánicamente disponga en defensa de las y los trabajadores".
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