Cuando todavía era una expectativa concreta el Gobierno sondeó a la "mesa chica" de la CGT para invitarla a la firma del ahora incierto Pacto de Mayo. De hecho, en la cima del Ejecutivo subsiste la esperanza de incluir a la cúpula del sindicalismo argentino en una foto con gobernadores y expresidentes, siempre y cuando antes logre cristalizar la sanción de la ley Bases.
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Los encargados de explorar la posibilidad fueron los pocos interlocutores que la administración libertaria mantiene con la central obrera: el ministro del Interior, Guillermo Francos, el asesor presidencial sin cargo Santiago Caputo y el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Las conversaciones tuvieron como contrapartes el cosecretario de la CGT Héctor Daer y los "independientes" Andrés Rodríguez (estatales, UPCN), adjunto de la organización, y Gerardo Martínez, de los albañiles de Uocra y uno de los pocos dirigentes que departió mano a mano con Javier Milei.
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El sondeo arrancó antes del último paro nacional del 9 de mayo y continuó incluso después, en medio de los cruces públicos de gremialistas y funcionarios por la medida de fuerza. Aunque nunca llegó a producirse una respuesta formal de la CGT -tampoco hizo falta porque la invitación sigue atada a la aprobación de la iniciativa parlamentaria- el diálogo por debajo del radar continuó en los dos tópicos de mutua incumbencia: los recursos de las obras sociales y las homologaciones y otros trámites cotidianos de los gremios ante la cartera de Trabajo.
En cuanto a la primera temática, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) encabezó las gestiones abiertas tras la convocatoria a la Casa Rosada de la "mesa chica" para una primera reunión de alto nivel el 11 de abril pasado con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, Francos, Caputo y Cordero. A partir de aquella tregua se destrabaron los pagos regulares del Fondo Solidario de Redistribución (FSR, cuya finalidad es el reembolso de tratamientos médicos complejos y remedios de alto costo) a las obras sociales y hasta se habilitó la negociación por una cobertura extraordinaria de prestaciones de discapacidad.
Ese rubro la CGT logró imponerlo en sus discusiones con la gestión de Alberto Fernández pero sólo había conseguido un desembolso parcial de los valores comprometidos inicialmente. En concreto Sergio Massa llegó a incluir en el presupuesto 2023 un resguardo de 134 mil millones de pesos que en teoría tendrían como destino las obras sociales sindicales para la cobertura de prestaciones de transporte y educación para sus afiliados discapacitados. De aquel valor la administración peronista sólo llegó a liquidar la mitad, alrededor de 70 mil millones de pesos.
Hasta ahora habían sido infructuosos los intentos de reanudar ese debate con los libertarios pero a partir de la conversación del 11 de abril ese ítem se incluyó en el ida y vuelta. También la central mayoritaria pudo encarrilar la conversación hacia una nueva instancia de reconocimiento económico de los medicamentos de más alto costo que la Justicia suele obligarles a cubrir a las obras sociales con amparos otorgados a favor de afiliados y hasta el emplazamiento de un comité de expertos para dictaminar límites a las prestaciones más allá de las resoluciones judiciales. Se trata de dos reclamos sostenidos por la CGT en los últimos gobiernos ante gobiernos de distinto signo político.
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