La CGT resolvió este miércoles partir su estrategia judicial contra la reposición de Ganancias y la ley Bases: para impugnar el gravamen auspiciará y acompañará una oleada de demandas individuales a cargo de gremios y trabajadores afectados, tal como anticipó en exclusiva El Destape, mientras que en paralelo hará presentaciones desde la central para derribar las penalidades que prevé la nueva norma contra bloqueos y asambleas, al igual que por la creación de la nueva figura de trabajador colaborador sin relación de dependencia. Lo definió al cabo de la reunión de "mesa chica" que se extendió por varias horas en la sede del gremio estatal UPCN.
El encuentro también sirvió para aminorar la tensión interna que existía desde el debate de la ley Bases en el Congreso por el temperamento diferenciado de los sectores dialoguistas respecto del que lidera Pablo Moyano. La central convocará a fin de mes a una reunión de su Consejo Directivo como paso inicial para delinear un plan de lucha que incluirá movilizaciones para acompañar las presentaciones judiciales y un eventual tercer paro nacional.
A la cumbre asistieron los tres secretarios generales, Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña, junto al dueño de casa, Andrés Rodríguez, el albañil Gerardo Martínez y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), el mecánico Mario Manrique, Cristian Jerónimo (empleados de la industria del vidrio), la docente privada Marina Jaureguiberry (Sadop), el municipal Alejandro Amor (Sutecba), el judicial Julio Piumato y el canillita Omar Plaíni. El clima fue de concordia aunque no exento de algún pase de facturas liviano por las diferencias que surgieron durante el trance parlamentario.
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La tensión preexistente derivó de los habituales posicionamientos de cada sector. A Pablo Moyano le reprochaban haber inmiscuido al sello CGT en reuniones para organizar protestas contra la ley Bases y el grupo liderado por el camionero le endilgó a los "gordos" de los grandes gremios de servicios y a los "independientes" de buen diálogo con todos los gobiernos un exceso de voluntad negociadora. La queja del dirigente de los choferes no contemplaba, sin embargo, que su propio padre, Hugo Moyano, y dirigentes afines como Jerónimo habían participado de las conversaciones con funcionarios del Ejecutivo.
En favor de la tesitura dialoguista se expuso este miércoles una lista de avances en la conversación con el Ejecutivo. Allí figuraron las homologaciones de las paritarias que meses atrás retaceaba la Secretaría de Trabajo y concesiones clave a las obras sociales sindicales como la equiparación fiscal de las prepagas, publicada el mismo día en el Boletín Oficial, y la redistribución de subsidios que antes alcanzaban a entidades visualizadas como "sellos de goma" que hacían las veces de promotoras para las empresas privadas, para direccionarlos a los actores gremiales más grandes.
Pero el ítem más valorado por los negociadores fue el texto final de Bases, suavizado respecto del capítulo laboral del DNU 70/23, y sobre todo los compromisos asumidos por Santiago Caputo, el asesor todopoderoso de MIlei, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, de morigerar más todavía la normativa en su reglamentación. Como admitió el propio Cordero esta semana en una entrevista en El Destape, la discusión con la CGT podrá incluir los reclamos de los gremialistas en el diseño de las normas que consideran lesivas del derecho colectivo, en particular de la fortaleza de sus organizaciones.
A la espera del resultado final de esa negociación la CGT resolvió vía su "mesa chica" avanzar con las impugnaciones judiciales. Contra Ganancias serán presentaciones individuales de cada sindicato cuyos afiliados tengan ingresos alcanzados por el gravamen. Como había adelantado este medio, la estrategia diseñada por el equipo legal de la central -avalada por otros actores como Héctor Recalde o Claudio Moroni- es diferente de la utilizada contra el DNU, cuando la presentación fue centralizada por la CGT, para evitar que un juez pueda alegar que toda la central es incapaz de acreditar una afectación por un impuesto sólo apuntado a un nivel alto de asalariados. En cualquier caso el fuero apuntado volverá a ser el laboral, adonde los gremios asumen contar con magistrados más afines a sus lecturas.
Lo novedoso del encuentro fue que también se acordó impulsar, en paralelo, una demanda de la CGT contra aspectos de Bases considerados lesivos del derecho colectivo. Por caso, los capítulos que apuntan a penalizar los bloqueos de fábricas (su redacción tiene la suficiente ambiguedad como para motorizar la persecución a delegados, explican los abogados gremiales) y la realización de asambleas. También, el que crea la figura de trabajadores colaboradores unidos en una actividad por un monotributista sin generar entre sí una relación de dependencia.
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