El Tribunal a cargo del juicio oral por la Farsa de los Cuadernos Adulterados no quiere que se hagan más pericias que dejen en evidencia que se trata de una causa armada desde el inicio. Los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signorini y Germán Castelli (designado a dedo por Mauricio Macri) instaron al juez Marcelo Martínez De Giorgi para que se abstenga de producir cualquier tipo de prueba como las pericias caligráficas que confirmaron que los cuadernos fueron adulterados por el ex policía Jorge Bacigalupo y que las partes escritas por el chofer Oscar Centeno fueron dictadas o copiadas. Es un apriete a un juez federal que produjo pruebas que pueden hacer caer todo el caso Cuadernos. Y un hecho más que insólito: esos jueces del tribunal no son los superiores de Martínez De Giorgi pero como se vieron expuestos por las pericias que destrozan la acusación reaccionaron con esta maniobra que lo único que hace es exponer más la orfandad de argumentos con la que llegaron a esta instancia.
¿Por qué el juez Martínez De Giorgi ordenó las pericias? Porque tiene a cargo una causa iniciada por el empresario Armando Loson donde acusó al ex policía Jorge Bacigalupo de falso testimonio. Estaba la sospecha de que había adulterado los Cuadernos, sospecha que ahora, gracias a las pericias de la Policía Federal, se confirmó. Esa pericia fue negada sistemáticamente por todos los jueces de Comodoro Py que intervinieron en el expediente original del caso Cuadernos, que está elevado a juicio oral. Ahora los jueces que tienen a cargo ese juicio oral le quieren imponer a Martínez De Giorgi que en esa otra causa no investigue más. Es que se les cae el juicio oral a pedazos.
Tal como informó El Destape, ya hay una pericia caligráfica de la Policía Federal que confirma que el ex policía Bacigalupo, que fue quien le entregó los Cuadernos al auxiliar de fiscalía con asiento en el diario La Nación Diego Cabot, fue quien adulteró varias de sus páginas. Y también una pericia lingüistica de la UBA que demuestra que las partes escritas por el chofer Oscar Centeno fueron dictadas o copiadas. Cristina Fernández de Kirchner pidió que esas pericias se incorporen al expediente que está elevado a juicio oral. Pero los jueces del tribunal no quieren saber nada y ahora ordenan que no se hagan más pericias. Que la evidencia no evite un buen juicio.
La resolución de los jueces fue a pedido de la fiscala Fabiana León, que interviene ante ese tribunal y fue también cómplice de su colega Carlos Stornelli en el armado de toda esta causa durante la etapa de instrucción. Como la fiscala León convalidó lo actuado por Stornelli, que tendría que haber peritado los Cuadernos el día 1 pero decidió no hacerlo para sostener su inquisición contra el kirchnerismo, ahora tampoco quiere que en el juicio donde le toca actuar haya pruebas que desmoronen toda la acusación.
La razón es simple: si los Cuadernos fueron la base de este expediente, si están en sus primeras hojas y fueron adulterados, dictados y copiados, todo lo que se hizo de ahí en adelante es nulo. Ahora los jueces del Tribunal no quieren más pericias porque dicen que el empresario Armando Loson, acusado en ese juicio, no puede hacer una causa paralela para probar el armado de toda esta maniobra. Pero justamente lo que tuvo que hacer Loson es lo que Claudio Bonadio, Stornelli, los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi (ambos designados a dedo por Macri) y los jueces de Casación Diego Barroetaveña y Daniel Petrone (también designados por Macri) le negaron: un proceso judicial con pruebas reales y no amañadas desde el principio. Negarle ahora incorporar pruebas que tuvo que producir por orden de otro juez es negarle la posibilidad de demostrar que lo quieren poner en el banquillo en una causa armada, que en realidad fue víctima de un delito. Y al negárselo los jueces del tribunal Canero, Méndez Signorini y Castelli se suman a la lista de cómplices del armado de esta causa.
La fiscala León pidió que no se hicieran más peritajes. La razón es evidente: cada peritaje desmorona su acusación, justamente basada en los Cuadernos Adulterados. En su escrito la fiscala León dijo que había que "comenzar a poner un coto a la pretensión de recurrir -y lo que es peor- obtener el beneplácito de actores externos al proceso para procurarse intereses o acciones que, o bien antes se obturaran -con sus garantías y sus instancias-, o que -por motivos que desconozco- algunos optan por canalizarlos ante extraños". Extraños serían el juez Martínez De Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita, que intervienen en la denuncia que hizo el empresario Loson donde logró que se peritaran algunos de los Cuadernos.
León pidió a los jueces del Tribunal que le ordenen a Martínez De Giorgi "abstenerse de invadir órbitas ajenas". Y los jueces resolvieron "instar al titular del Juzgado en lo Criminal y Correcciona Federal N° 8 (Martínez De Giorgi) a que se abstenga de invadir la órbita de este Tribunal". Punto final. No quieren evidencias, con las tapas de los diarios les alcanza.
Los jueces Canero y Méndez Signorini votaron juntos. Castelli, puesto a dedo por Macri y mantenido en ese cargo por la Corte Suprema, hizo su propio voto. En el fondo los tres coincidieron: no quieren que nadie se meta en el juicio oral donde, parece evidente, ya tienen escrita la condena.
Canero y Méndez Signorini escribieron: "llama la atención la inusitada actuación de la instancia de grado (el juez Martínez De Giorgi) en torno a cuestiones que indudablemente guardan relación con elementos probatorios que sustentan el objeto de este juicio, pues -como se verá- la denuncia del imputado Loson -devenido allí en querellante- sólo promueve el inequívoco propósito de disipar la imputación que pesa sobre su persona". Algo de razón tienen: efectivamente los peritajes que consiguió Loson demuelen los "elementos probatorios que sustentan el objeto de este juicio": los Cuadernos.
Bajo un argumento procesal, que supuestamente el trabajo del juez Martínez De Giorgi se superpone con la jurisdicción del Tribunal, lo que hacen es amenazarlo y negarse a ver la prueba que hace caer el castillo de naipes de ese juicio oral. "De tal suerte, no existe ninguna duda de que el ámbito de discusión legalmente previsto resulta el juicio oral y público por ante los jueces naturales que garantiza la Constitución Nacional en el expediente N° 9608 -y conexos-, cuyo trámite -indiscutiblemente- se encuentra a cargo de este Tribunal", dicen Canero y Mández Signorini. Lo que no dicen es que ellos no sólo no pidieron que se hagan los peritajes: al día de hoy impiden que cualquiera de los acusados revise los Cuadernos que el auxiliar de fiscalía Cabot hizo resucitar de las cenizas luego de que el chofer Centeno declarara que los había quemado.
"Los cuestionamientos efectuados por esa parte (el empresario Loson) no resultan novedosos y guardan una conexión inescindible con la estrategia defensista ensayada en el presente expediente", dicen los jueces. Cierto, pero lo que no dicen es que en todo ese expediente los 5 jueces que intervinieron antes de la elevación a juicio y ellos 3 evitaron hacer las pericias que sí hizo el juez Martínez De Giorgi. Se explica solo.
Canero y Méndez Signorini repiten la excusa procesal: "todo lo expuesto, permite vislumbrar que -aún cuando la radicación de la denuncia fue con anterioridad al requerimiento de elevación a juicio en el expediente N° 9608- el imputado Loson promueve la descalificación de la prueba que sustenta -en definitiva- la imputación objeto de acusación en un ámbito ajeno al que la ley procesal prevé para su discusión". Agregan que Loson pidió que se periten los Cuadernos "con el inocultable designio de introducir aquí los resultados que lo beneficien por fuera del procedimiento fijado en resguardo del debido proceso legal para la totalidad de las partes". Ni miran los peritajes: ordenan que no se hagan más y se ocultan detrás de un argumento procesal que busca limitar los derechos de la víctima de un delito.
Y cierran alegando que sólo ellos pueden producir nuevas pruebas: "no parece disputable que en esta instancia del proceso el único tribunal competente para ordenar la producción de las diligencias pertinentes propuestas por las partes en torno a los hechos objeto de juicio". Lo que pasa es que no las ordenan. Ni estos 3 jueces y los 5 que participaron de este armado en las etapas previas ordenaron ninguna pericia. No ordenarlas es participar del encubrimiento.
En su voto solitario, el juez Castelli (designado a dedo por Macri) dijo que comparte los argumentos de sus colegas pero que se quedan cortos y plantea incluso que la fiscala León podría pensar en una denuncia penal contra el juez Martínez De Giorgi y el fiscal Pollicita por haber realizado estos peritajes que, en un juicio normal, harían caer toda la acusación.
Y, como frutilla del postre, dedica varios párrafos a amenazar a José Manuel Ubeira, abogado en el caso Cuadernos de Oscar Thomas y hoy también abogado de Cristina Fernández de Kirchner en la causa por el intento de magnifemicidio en su contra.
Castelli cita una declaración radial de Ubeira, que participó también en la causa AMIA, donde el abogado dijo: "Castelli me sorprende, integra el TOF 7, que es el que está haciéndose eco de lo que plantea la Fiscal del TOF 7, pidiendo la remisión de la causa, y él fue secretario de la causa AMIA y sabe positivamente que, tarde o temprano, cuando la verdad sale a la luz, es un desastre. Galeano terminó preso seis años, o sea, tiene una condena de seis años". El juez Castelli escribió que esa expresión pública de Ubeira "debe ser corregida en la oportunidad que corresponda por su impertinencia, aun cuando ese no haya sido el propósito del letrado" y que "corresponde hacer saber al letrado que, en lo sucesivo, se abstenga de realizar afirmaciones públicas y notorias en esta causa N° 9608/2018, de dicha naturaleza". Un juez puesto a dedo que quiere ponerle una mordaza al abogado de CFK.
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