La fiscala Paloma Ochoa pidió que se cite a indagatoria a Alejandro Vandenbroele y a los funcionarios de Mauricio Macri que gastaron de 4 millones de pesos -destinados en parte a un hotel boutique- a cambio de su testimonio amañado para lograr la condena de Amado Boudou por el caso Ciccone. La investigación apunta al ex ministro de Justicia Germán Garavano y el ex director del Programa de Protección de Testigos Francisco Lagos, que fueron los que ejecutaron los pagos a Vandenbroele justo cuando tenía que declarar contra Boudou. Esta investigación se inició a partir de la revelación de El Destape en febrero de 2020.
Vandenbroele recibía los fondos del Programa de Protección de Testigos, la pantalla que utilizó el ex ministro Garavano para controlar y direccionar testimonios en causas contra CFK y otros ex funcionarios como Boudou. Tenían fondos discrecionales para premiar arrepentidos que cumplieran su tarea. El caso Vandenbroele es claro: usaron su testimonio para lograr la condena contra Boudou y a cambio le pusieron un hotel boutique en Mendoza y le destinaron más de 4 millones de pesos. Es el único Testigo Protegido que recibió tanto dinero.
El pedido de la fiscala Ochoa deberá resolverlo el juez Julián Ercolini, a cargo del juzgado federal N 11 que sigue vacante desde el fallecimiento de Claudio Bonadio. En su escrito, al que accedió El Destape, la fiscal Ochoa detalla cada una de las irregularidades del legajo de Vandenbroele.
Entre muchas irregularidades, Ochoa destaca que:
- Mantuvieron a Vandenbroele 2 años y 3 meses en el Programa de Protección de Testigos cuando la ley permitía 6 meses
- Le dieron grandes sumas de dinero, incluidos los fondos para el hotel boutique, luego de que se cumplieran los 6 meses que prevé la ley-
- Gastaron en Vandenbroele $4.478.559, suma récord entre los testigos protegidos.
- No lo excluyeron del programa pese a reiterados incumplimientos como una reunión secreta y manejar ebrio con su hija.
Para Ochoa los ex funcionarios Garavano y Lagos “destinaron importantes sumas de dinero -por cuya debida aplicación debían velar en razón de su cargo- a una excesiva e injustificada asistencia económica brindada en favor de Alejandro Paul Vandenbroele que redundó en un claro desmedro patrimonial de las arcas del Estado”. La fiscala dice que tiene por acreditado que “bajo el pretexto de ser una medida especial de protección, se le brindó al nombrado (Vandenbroele) asistencia económica por un periodo mayor a los seis meses previstos en la normativa” y “destinándose importantes sumas de dinero sin la debida justificación”. Lo encuadra dentro del delito de administracioń infiel en perjuicio de la administración pública y abuso de autoridad, que tienen penas de 2 a 6 años de prisión.
“Cabe aclarar que el beneficiario de toda la maniobra Alejandro Paul Vandenbroele deberá igualmente responder en calidad de partícipe necesario”, agregó la fiscala Ochoa.
La fiscala Ochoa comparó también lo que se gastó en Vandenbroele con otros testigos protegidos. Al testigo clave contra Boudou le dieron un total de $4.478.559. De los 124 legajos similares, solo 14 registraron gastos por más de $500.000s, sólo 8 por más de $1.000.000, sólo 4 por más de $1.500.000, sólo 3 por más de $2.000.000 y uno por más de $3.000.000. El único que superó los 4 millones fue Vandenbroele.
Buena parte de ese dinero fue autorizado directamente por el entonces ministro de Justicia Garavano. Por ejemplo, el 4 de mayo de 2018 firmó una resolución donde destinó $680.000 para la relocalización provisoria de Vandenbroele en Mendoza. Otra buena parte la autorizaba Lagos, el ex director del Programa de Protección de Testigos. Por ejemplo, $1.813.866 también para la “relocalización y supervivencia diaria de Vandenbroele”. “Todo ello -agrega Ochoa- sin contar los gastos derivados de las custodias, traslados, ‘compensaciones’ y demás medidas de seguridad"
Es evidente que Vandenbroele tuvo un trato preferencial. La razón es también evidente: condenar a Boudou.
El caso
El 3 de febrero del 2020 El Destape reveló que el macrismo le puso un hotel boutique a Vandenbroele, el testigo clave para lograr la condena contra Boudou en el caso Ciccone. A partir de entonces se inició el expediente donde ahora se piden las indagatorias de Garavano, Lagos y el propio Vandenbroele.
Este medio accedió a su legajo como Testigo Protegido cuando Lagos, funcionario macrista, estaba aún a cargo del programa. La aclaración es poco habitual pero necesaria, ya que cuando se conoció este escándalo surgieron acusaciones de que fue una filtración por parte del entonces recién asumido gobierno de Alberto Fernández. Las fechas lo desmienten: Lagos comandó el Programa de Protección de Testigos hasta finales de febrero de 2020, aún después de la publicación de El Destape del pago a Vandenbroele y a varios meses de iniciado el actual gobierno.
La prensa que fue parte de la persecución a Boudou coordinó por esos días una entrevista con Vandenbroele para intentar desmentir la revelación de El Destape. Clarín, La Nación e Infobae publicaron que forma coordinada reportajes con Vandenbroele cuyo contenido no se sostiene. Acusaron a su vez a El Destape y a este periodista de poner en riesgo la seguridad personal de Vandenbroele al revelar su destino, el hotel boutique La Masía en Chacras de Coria, Mendoza. Nada más lejos. Vandenbroele subía fotos con sus inquilinos a redes sociales, su presencia en Mendoza era pública y conocida por periodistas de la zona e incluso violó varias veces las medidas de seguridad de su custodia y hasta manejó ebrio junto a su hija.
Vandenbroele ingresó al programa de Protección de Testigos el 13 de noviembre de 2017. Su legajo, al que accedió El Destape, parece mostrar que estaba todo coordinado entre el juez Ariel Lijo, que tenía a su cargo el caso Ciccone, y el gobierno de Macri. Ese día, el juez Lijo pidió la incorporación provisoria de Vandenbroele al programa en “carácter de muy urgente”. La nota ingresó a las oficinas del programa de Protección de Testigos al día siguiente, el 14, según consta en el matasellos de ingreso al Ministerio de Justicia. Sin embargo, el acta de ingreso de Vandenbroele al programa tiene fecha del 13, o sea, antes de que llegue la nota del juez Lijo. La firma Guillermo Gresia, asesor legal del programa. Varios documentos posteriores también tienen fecha del 13. Burocracia de anticipación o expedientes postdatados.
Que los pagos fueron para lograr la condena de Boudou lo indican los documentos de su legajo, publicados por El Destape. Para manejar el caso Vandenbroele, el director del programa Lagos designó a Carlos Linsalata. Su rol es clave. Se trata de un policía porteño que migró al Ministerio de Justicia y específicamente al programa de Protección de Testigos para encargarse del seguimiento de los arrepentidos que interesaban a Macri y su séquito de operadores judiciales.
El 24 de agosto de 2018 Linsalata envió una nota a sus superiores, que consta en la foja 515 del legajo al que accedió El Destape, donde pide $1.500.000 para un proyecto laboral para Vandenbroele. Da en la nota una información clave: “Cabe destacar que el día 07 de Agosto pasado fueron condenados a prisión con cumplimiento efectivo por más de 5 años el Ex Vicepresidente de la República Argentina el Sr. Amado Boudou”. Parece que era hora del pago por objetivo cumplido.
En la sentencia contra Boudou queda claro que los jueces Pablo Bertuzzi, Néstos Costabel y Maria Gabriela López Iñiguez le dieron “carácter confesorio” a la declaración de Vandenbroele. Allí consta: “como a nadie escapa, casi 8 años después, Alejandro Paul Vandenbroele, al prestar declaración en el debate quebró el pacto de silencio, confesó su participación en los hechos y brindó un relato pormenorizado sobre algunos sucesos relevantes de la causa, en los que tomó parte o pudo conocer de diversas maneras”. Los jueces también dicen que la de Vandenbroele fue una “clara y sincera confesión”, que respecto a las denuncias contra Boudou y los demás imputados, “al momento de prestar declaración, Vandenbroele vertió un genuino relato confesorio” que “ha contribuido a acreditarlos en parte y a sustentar las imputaciones que, la Fiscalía y las querellas”.
Incluso la jueza López Iñiguez, cuyo voto tuvo diferencias con los de los jueces Costabel y Bertuzzi, describe “la confesión de Alejandro Vandenbroele (como) hilo conductor ineludible, en muchos aspectos, de los hechos aquí probados” y le da a “esta confesión un peso significativo y un rol central en la explicación de los hechos” y afirma que “la prueba (sobretodo la documental) se ordena armónicamente alrededor de su versión”.
Un relato armado para la ocasión y bien pago. Con un dato no menor: el presidente del tribunal que condenó a Boudou era Bertuzzi, premiado por Macri con un cargo a dedo en la Cámara Federal de Comodoro Py que mantiene hasta el día de hoy. Si esto avanza podría tocarle intervenir en el expediente.
Boudou terminó condenado a 5 años y 10 meses de prisión. Vandenbroele la sacó barata: 2 años de prisión en suspenso y obligación de hacer tareas comunitarias. Boudou ya cumplió su condena mientras ahora Vandenbroele y Garavano serán citados a indagatoria por este armado.
El hotel
La idea de poner un hotel fue del propio Vandenbroele, que le propuso al gobierno de Macri que le aportara los fondos para poder armar ese negocio para mantenerse fuera de la asignación mensual que reciben los testigos protegidos. La inversión inicial que calculó y pidió Vandenbroele fue de $1.944.000. Incluía el contrato de alquiler por un año, la compra de muebles, reformas y refacciones y el desarrollo de la página web y el sistema de reservas de las habitaciones.
“El negocio de La Masía es llevado a cabo por Alejandro Vandenbroele a su nombre”, dice el proyecto. Se ve que no era tan protegido como testigo.
En el folio 644 del legajo de Vandenbroele consta que el 9 de junio de 2019 el titular del programa de Protección de Testigos, Lagos, le entregó $300.000 “como anticipo destinado a la instrumentación e implementación del proyecto de inversión (…) de un desarrollo turístico, identificado como una posada bajo el nombre ‘POSADA LA MASIA’”. El contrato de locación de La Masia, sin embargo, tiene fecha del 1 de enero de 2019, seis meses antes. Fue por 2 años, hasta el 31 de diciembre de 2020. Lo firmó el propio Vandenbroele y dejó un depósito de garantía de 1.500 dólares que no se detalla de donde salieron. Vandenbroele insiste en varias notas al Gobierno de Macri que no tenía dinero para mantenerse, así que no deben haber salido de su bolsillo. En el legajo consta también un pago al dueño del inmueble por $60.000 con fecha del 28 de noviembre de 2018, o sea, antes incluso de la firma del contrato. Todo el legajo de Vandenbroele tiene este tipo de contradicciones temporales, indicador de que todo se hizo de manera irregular.
De los $300.000 que recibió de anticipo Vandenbroele gastó todo y más. En su primera rendición quedó con un rojo de $77.514. Debe haber recibido otra tanda de $300.000, que rindió a los pocos días, esta vez habiendo gastado solo $73.865.
En el legajo consta que el 20 de enero de 2019 Vandenbroele le pagó $280.000 a la decoradora de interiores Carolina Ramal en concepto de “Mobiliario, decoración y elementos artísticos”. El 17 de febrero de le pagó otros $240.000 por el diseño, asesoría, restauración mobiliario, imagen gráfica y dirección de obra. Todo antes de recibir formalmente los fondos públicos. O Vandenbroele tenia dinero o aparte de lo que figura en los papeles recibió aún más fondos por fuera incluso del sistema ya de por sí irregular.
Según la documentación de su legajo, en agosto de 2019 Vandenbroele recibió más fondos. Le dieron $40.000 el 7 de agosto y otros $300.000 el 16. En el acta de esta última entrega consta que ya le habían dado un total de $600.000. El 9 de octubre le entregaron $200.000 más.
La idea de armar este negocio surgió a finales de 2018. Vandenbroele se lo comentó por teléfono a Linsalata, su control del programa de Protección de Testigos, y luego le escribió un mail el 5 de diciembre de 2018 donde le dio más detalles. En el mail, que consta en el folio 586 de su legajo, Vandenbroele le explicaba que quería armar este emprendimiento con un matrimonio amigo (que finalmente no apareció) y que el dinero para la inversión lo aportaría su familia, aunque finalmente fue con fondos públicos. Vandenbroele se preocupaba porque esto no se tomara como un abandono de otro proyecto previo para el cuál sí le había pedido fondos al gobierno de Macri. Ese proyecto anterior era el de un “Aeroparking VIP”, un estacionamiento frente al aeropuerto de Mendoza a mitad de precio del que está dentro de la terminal. Vandenbroele pedía una inversión inicial de $6.870.000. En los documentos a los que accedió El Destape no figura si esto prosperó. El hotel boutique, por el contrario, sí.
PROLijo
La estrategia de la persecución judicial en el caso Ciccone tuvo dos ejes, el ataque a Boudou y la protección de los personajes a los que conducía la pista del dinero: los banqueros Raúl Moneta y Jorge Brito. Para lograr esto, el juez Lijo dividió el expediente. La parte que podía involucrar a Boudou la elevó rápidamente a juicio, resuelto por los jueces Bertuzzi, Costabel y López Iníguez; la que salpicaba a Moneta y Brito la guardó en un cajón. Moneta falleció impune y a Brito el juez le dictó una falta de mérito.
Vandenbroele acordó con el juez Lijo su colaboración como arrepentido en la segunda. La primera, la que apuntaba a Boudou, ya estaba en instancia de juicio donde la propia ley del Arrepentido impide que se sumara como tal. Pero le encontraron la vuelta: lo hicieron declarar en el juicio el 10 de abril de 2018, cuando ya llevaba varios meses bajo el ala del programa de Protección de Testigos. Por ese motivo su abogado pidió que declarara primero y que Boudou saliera de la sala. Vandenbroele no declaró ahí como arrepentido pero se sobreentiende. Y, de hecho, los propios jueces dijeron que su testimonio sería “valorado para atenuar las penas que corresponderá aplicársele por los hechos que los acusadores les han atribuido”. En otro pasaje de la sentencia los jueces también explican que “todo lo que tiene que ver con los probables inversores que supuestamente inyectaron fondos para el emprendimiento criminal, no forma parte del objeto procesal traído a juicio”. La declaración de Vandenbroele fue criticada por los abogados de buena parte de lo imputados en la causa, pero los reclamos fueron descartados por los jueces.
La evidencia de que ese relato fue pago es cada vez mayor.
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