Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto de 2017 en un contexto de protesta social cuando oficiales de la Gendarmería Nacional persiguieron y reprimieron en un operativo ilegal a integrantes de la comunidad mapuche Pu Lof de Cushamen, en Chubut, que habían cortado la Ruta 40. Recién 78 días después, el 17 de octubre de 2017, el cuerpo fue encontrado río arriba del lugar en el que lo habían visto por última vez.
“Se cumplen tres años de impunidad por la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago. Seguimos esperando que la Corte Suprema empiece a investigar la carátula como desaparición forzada”, dijo Sergio Maldonado en un video que difundió este viernes, en el que pide un juez imparcial al frente de la causa.
Este jueves 30 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó una nueva explicación al Estado argentino, en el plazo de tres meses, tras la denuncia presentada por la familia de Santiago. "En enero de 2018 la CIDH indicó que el Estado debía investigar la desaparición y muerte de Santiago, sin embargo la causa judicial hoy está sin juez, esperando que la Corte Suprema de Justicia habilite la investigación por desaparición forzada que negaron los jueces de las instancias anteriores", comunicó la familia de Santiago Maldonado y su abogada Verónica Heredia.
"La impunidad solo garantiza la repetición de los hechos. Y los hechos tienen nombre y apellido: Luis Espinoza en la provincia de Tucumán, Facundo Castro Astudillo en la provincia de Buenos Aires", advirtieron en la cuenta de Facebook que administra la familia de Santiago.
Este sábado a las 18, los organismos de Derechos Humanos realizarán una actividad de la que participarán Estela de Carlotto, Taty Almeida, Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel. A las 18.10 se leerá el comunicado de la familia, mediante la página de Facebook Justicia por Santiago Maldonado, en el que informarán los pasos a seguir en la causa. Convocaron a una marcha virtual en redes sociales. Se utilizarán los hashtag #JusticiaPorSantiago, #3AñosDeImpunidad y #ElEstadoEsResponsable.
La familia de Santiago sigue sin tener una respuesta seria del Estado. La causa está estancada en las demoras causadas por excusaciones reiteradas y disputas de competencia, idas y vueltas a la Corte Suprema de Justicia, un interminable camino legal que ha determinado la impunidad de otros casos de muertes en protestas sociales, como los asesinatos del 19 y 20 de diciembre de 2001 o el crimen del maestro Carlos Fuentealba, entre otros.
Tres años después, los hechos no fueron esclarecidos por el Poder Judicial. La muerte de Santiago ocurrió en el contexto de un operativo violento e ilegal de represión de una protesta, la investigación del accionar de Gendarmería intentó ser clausurada y todos los funcionarios fueron desligados de responsabilidad.
Hace dos semanas, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó al juez federal Gustavo Lleral al frente de la causa y a cargo de pericias que fueron solicitadas por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia hace más de un año.
En noviembre de 2018, Lleral había cerrado la investigación. Determinó que no hay ningún accionar estatal que deba ser analizado y que Santiago murió “sin la intervención de terceros”. Sin embargo, el 6 de septiembre de 2019, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia ordenó reabrir la causa y apuntó contra la Gendarmería con la hipótesis de “abandono de persona”, pero descartó el delito de desaparición forzada de persona. En el mismo fallo, luego confirmado por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, revocaron el sobreseimiento del gendarme Emmanuel Echazú, que participó del operativo.
Sergio Maldonado y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) recusaron al juez Lleral con el argumento de falta de imparcialidad. El juez aceptó su recusación pero la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia definió su continuidad.
Otra investigación judicial debía indagar las escuchas a ilegales a familiares de Santiago, realizadas mientras él estaba desaparecido y luego filtradas a medios de comunicación. Dos instancias judiciales consideraron que no hubo delito. La Corte Suprema debe definir sobre la legalidad de las intervenciones telefónicas.
En diciembre de 2019, la familia Maldonado solicitó a la Corte que se convoque a un grupo de expertos independientes “a fin de garantizar una investigación independiente, imparcial, pronta y efectiva de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago”.
El caso Maldonado fue paradigmático de la violencia estatal como respuesta a las protestas sociales durante el gobierno de Mauricio Macri, encabezada por la entonces ministra de Seguridad y hoy presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Fueron años de justificación permanente del uso indiscriminado de la fuerza, de reivindicación corporativa del accionar de las fuerzas de seguridad, y de respaldo político desde la cumbre del Poder Ejecutivo incluso ante la comisión de delitos. “Yo no voy a tirar ningún gendarme por la ventana”, dijo Bullrich en el Congreso mientras Santiago Maldonado estaba desaparecido.
El entonces secretario de Seguridad de la Nación, Pablo Noceti, segundo de Patricia Bullrich, había estado a cargo de los operativos. El accionar del ministerio de Seguridad y de la Agencia Federal de Inteligencia durante el tiempo en que Santiago estuvo desaparecido tampoco fue investigado: espionaje, hostigamiento y maltrato a las víctimas, infiltraciones, detenciones arbitrarias y represión en las manifestaciones que reclamaban Justicia, ocultamiento de datos relevantes para la causa, operaciones con información falta y tergiversada a través de periodistas y medios de comunicación que fueron partícipes necesarios para construir el relato oficial y garantizar la impunidad del caso.
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