La principal línea de investigación para todos los actores de la causa, salvo para el fiscal que la instruye, es la de desaparición forzada con responsabilidad de la Policía Bonaerense. La relación entre la madre de Facundo Castro y sus abogados con el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez es irreconciliable.
Martínez prioriza la búsqueda de Facundo con otras dos hipótesis que se alejan de las sospechas sobre el accionar policial. El fiscal nunca se reunió ni mantiene comunicación con Cristina Castro. Aún está pendiente la audiencia por la segunda recusación, postergada dos veces esta semana.
Cristina y sus abogados no descartan denunciar penalmente al fiscal, y se reunieron con Amnistía Argentina este sábado. Analizan llevar el caso a organismos internacionales.
Este viernes declaró ante la justicia federal una mujer que asegura haber visto a Facundo en Bahía Blanca. Había faltado tres veces a las audiencias virtuales, y estaba entre las posibilidades citarla con la fuerza pública, hasta que finalmente ratificó la declaración que ya había realizado ante la justicia provincial cuando se tramitaba una causa por “averiguación de paradero”. En ese momento, los testimonios era recolectados por la propia Policía Bonaerense.
Para el fiscal, encargado de tomar la declaración, el relato de la mujer es creíble y sólido. Para los abogados de Cristina Castro, que participaron de la audiencia, la testigo fue acercada por la fuerza de seguridad provincial con una historia armada para despegarse de su responsabilidad en el hecho.
La mujer declaró que saludó a Facundo a fines de junio, en el barrio Napal, al este de Bahía Blanca, donde viven la ex novia del joven y sus hermanos, según confirmaron a El Destape tres fuentes con acceso a la investigación. Facundo vivió ahí dos años, hasta febrero, y era el destino de su viaje desde Pedro Luro. La testigo ratificó que el joven le respondió el saludo con un movimiento de cabeza mientras se ponía la capucha del buzo.
Es la primera declaración en la causa que ubica a Facundo en Bahía Blanca. A la mujer le recordaron al comienzo de la audiencia, como a cada testigo, el delito penal de incurrir en falso testimonio.
La Policía Bonaerense había aportado decenas de testimonios de personas que aseguraban haber visto a Facundo en Bahía Blanca. Cuando la causa pasó a la justicia federal y comenzó a investigarse como desaparición forzada, cada uno de esos relatos fueron inconducentes, contradictorios o sin certezas.
La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), que colabora con la fiscalía, recibió al menos 25 declaraciones en los primeros días de intervención federal. Todas sin sustento.
Por otro lado, también aseguran que la ex novia de Facundo fue categórica en su declaración ante la justicia federal. Dijo que Facundo nunca llegó a Bahía Blanca. Tampoco sus hermanos dieron por válida esa posibilidad en sus declaraciones oficiales.
Desde la Procuvin no descartan la hipótesis de la ciudad bahiense, pero advierten, e insisten desde hace semanas, sobre la necesidad de actuar con mayor celeridad y avanzar en la realización de un informe técnico integral que incluya el análisis de la totalidad de los teléfonos de los policías que cumplieron funciones el 30 de abril, la precisión del AVL (sistema rastreador de vehículos) de todos los patrulleros, modulaciones de handies, información sobre el alcance e impacto de las antenas, cruce de llamadas, y toda la información técnica necesaria para ubicar en tiempo y espacio a cada policía.
Hay mucha información que no termina de ser procesada, y otra pendiente de producción, que podría ser determinante para saber qué pasó con Facundo. Se trabaja en la confección de una línea de tiempo con el recorrido del joven, pero faltan elementos para determinarlo con mayor precisión.
“Las pruebas que faltan, que son claves y deberían estar hace tiempo en la causa, también es algo que confirma la hipótesis de la responsabilidad policial”, dijeron desde la Comisión Provincial por la Memoria a El Destape.
El abogado Roberto Cipriano, de la CPM, considera que el fiscal debería darle intervención a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) para aportar una lectura compleja de la prueba técnica. “Si el fiscal no tiene el equipo ni la formación, debe recurrir a los organismos especializados. Tiene todos los elementos para hacerlo y no los convoca”, dice Cipriano.
Otro punto en conflicto entre el fiscal y la querella es un mensaje que se envió desde el celular de Facundo el 30 de abril a las 20.21, y que recibió un amigo vía SMS. Para los abogados de Cristina Castro, el mensaje no lo mandó Facundo y es el primer paso de un plan de encubrimiento.
Los elementos que apuntan a la responsabilidad policial en la desaparición de Facundo Castro. Tres testigos declararon ante la justicia federal que vieron al joven cuando el 30 de abril lo subían a una camioneta policial sobre la ruta nacional 3, alrededor de las 15.30.
Forman parte de la primera tanda de audiencias y son convincentes, verosímiles y creíbles, según indicaron fuentes del caso. Para el fiscal Martínez, sin embargo, hay una contradicción en el relato o error de ubicación en el lugar donde vieron a Facundo.
También para la querella es contundente el hallazgo de un objeto en un destacamento policial de Teniente Origone, reconocido por la madre. Es una pequeña sandía hecha en madera, en la que también hallaron pelo, del que se esperan las pericias para determinar si es cabello humano y si corresponde a Facundo.
Cómo llegó ahí ese objeto es la pregunta que aún no tiene respuesta, pero ubica a Facundo en un lugar donde, según el relato policial, nunca estuvo. Para la querella, las contradicciones en las declaraciones policiales son relevantes, pero la fiscalía considera que son menores y no demuestran su responsabilidad en el hecho.
Los mensajes de WhatsApp que intercambiaron los agentes también generaron sospechas y, según los querellantes, abonan la participación policial en la desaparición. No tanto por lo que dijeron, sino por lo que borraron. Es llamativo que hayan eliminado casi el 90 por ciento del contenido, según advirtieron fuentes que participan de la investigación. Además, la teniente Siomara Flores, que declaró haber llevado a Facundo en su auto hasta Teniente Origone, eliminó la aplicación de su teléfono a 8 días del hecho.
Las imágenes del DNI de Facundo en el celular de la agente Jana Curuhinca, que se hicieron públicas este viernes, no agregan ningún elemento relevante a la causa, según aseguró a El Destape el abogado Leandro Aparicio, aunque señaló la contradicción del relato del último policía que vio con vida a Facundo.
El agente Alberto González, único policía de Teniente Origone, es quien realiza la segunda detención, sobre la ruta 3, luego de que dos personas le avisaron que había un joven recostado en la banquina. González va hasta el lugar en su patrullero, el recorrido está acreditado en la causa. Lo identifica a Facundo con la cédula de conducir porque, según declaró, el joven le dijo que no tenía el DNI, con el que sí lo habían infraccionado a la mañana en Mayor Buratovich los agentes Maria Sosa y Jana Curuhinca.
González asegura que lo dejó seguir y que vio cuando una camioneta Renault Duster Oroch color gris levantó a Facundo y salió con dirección a Bahía Blanca. Ahí aparece una testigo de identidad reservada que declaró el 14 de julio y dijo que llevó al joven hasta la intersección de las rutas 3 y 22, poco antes de una barrera fitosanitaria.
Es por esa declaración que el fiscal Ulpiano Martínez ordenó esta semana un rastrillaje, sin resultados, en cercanías de General Daniel Cerri y Ombucta, en el suroeste bonaerense. Se centró en un sector de vías del ferrocarril, donde considera que podría haber llegado Facundo Castro, otra de las hipótesis del fiscal.
Con este tipo de operativos, el fiscal demuestra que sus hipótesis se enfocan en la búsqueda de Facundo más que en la investigación para ratificar o descartar la responsabilidad de la Policía Bonaerense, como apunta la madre del joven.
Hay seis horas cruciales y cuatro agentes apuntados por la querella, como ya contó El Destape.
Esta semana, la jueza federal de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, rechazó las detenciones de cuatro policías. En línea con el fiscal, consideró que no había elementos suficientes para arrestar a los agentes de la Policía Bonaerense Mario Sosa, Jana Curuhinca, Siomara Flores y Alberto González. Son los cuatro policías que estuvieron en contacto con Facundo el 30 de abril, última vez que lo vieron con vida, apuntados Cristina Castro, sus abogados y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
Para la CPM, “si hubiera elementos para investigar que pasó otra cosa, pediríamos que se investigue, pero no los encontramos en la causa. Las otras líneas son endebles, los testigos se desdicen ante la justicia federal y todos son aportados por la Policía Bonaerense, es un prueba muy manipulada”, dice Roberto Cipriano a El Destape.
Por recomendación del ministerio de Seguridad de la Nación y la secretaría de Derechos Humanos, el fiscal incorporó a la investigación al Equipo de Antropología Forense, que analizará cuatro restos óseos hallados en rastrillajes del 7 de agosto, en proximidades de la localidad de Mayor Buratovich, junto a otros huesos que eran de animales.
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