El fiscal federal Javier De Luca pidió ante la Cámara Federal de Casación Penal que aparte del caso que investiga la muerte del joven Facundo Astudillo Castro a la jueza federal de Bahía Blanca María Gabriela Marrón, por no haber practicado "ninguna medida conducente" y denegar las propuestas elevadas lo que provocó "perder un tiempo precioso a la pesquisa".
"No practicó ninguna medida conducente, denegó las propuestas por la fiscalía, hizo perder un tiempo precioso a la pesquisa (“el tiempo que pasa es la verdad que huye”) e incorporó elementos que en lugar de esclarecer, entorpecen la búsqueda de la verdad real", sostuvo el fiscal general, y remarcó que la magistrada obstaculizó “líneas de investigación que pudieran comprometer la actuación de las fuerzas de seguridad del lugar en los hechos”.
La intervención de De Luca se dio en el marco del recurso de queja abierto por la Sala I del máximo tribunal penal, interpuesto por los fiscales Horacio Azzolín y Andrés Heim, ante la confirmación del rechazo a la recusación de la jueza -y posterior rechazo del recurso de casación frente a esa decisión- dispuesto por la Cámara Federal de Bahía Blanca.
El motivo de la recusación fue que la jueza Marrón ordenó el proceso la producción de un informe pericial mientras la investigación se encontraba delegada en el Ministerio Público Fiscal. Esa fue la razón por la que los fiscales recusaron a la jueza. Azzolín y Heim entendieron que había perdido la imparcialidad y solicitaron que se declare la nulidad de su orden de oficio, por considerarla una intromisión en las facultades privativas de los fiscales, con un fundamento aparente y a pesar de otras diligencias que se estaban realizando en un sentido similar.
"La descripción de las circunstancias del caso en estudio no deja lugar a dudas respecto de que la jueza de la causa ya tiene una posición tomada (un prejuicio) sobre cómo se sucedieron los acontecimientos que derivaron en la muerte del joven Astudillo, lo cual es totalmente incompatible con la actitud y apertura mental que debe adoptar cualquier magistrado en la etapa de investigación o averiguación de un posible crimen", señaló De Luca.
La desaparición de Astudillo Castro fue denunciada el 30 de abril de 2020 y el cuerpo fue hallado en el estuario de Bahía Blanca el 15 de agosto de 2020.
"A lo largo de toda esta etapa investigativa, la magistrada que esta parte recusa ha demostrado una actitud refractaria hacia todas las medidas de prueba que la fiscalía solicitara", señalaron.
Uno de los cruces fue que la jueza ordenó realizar un estudio de mareas sobre el estuario durante el período comprendido entre el 30 de abril y el 12 de septiembre, con el objetivo de determinar, entre otras cosas, la altura que tuvo en los lugares donde fue hallado el cuerpo de Facundo. Ese informe se pidió al Instituto Argentino de Oceanografía (IADO-CONICET) y al Servicio de Hidrografía Naval (SHN).
Los fiscales criticaron que la investigación la tenían delegada ellos y que ese estudio no daba respuesta a todos los puntos periciales a investigar, razón por la cual el 5 de febrero pasado decidieron solicitar a los peritos que subsanen estas cuestiones y presenten un nuevo informe.
"Al hacerlo, sus decisiones terminaron produciendo obstáculos y desvíos de la investigación hacia un único rumbo, el de su hipótesis", dijo De Luca en su planteo sobre la jueza.
De Luca recordó que "cuando la investigación es delegada en cabeza del Ministerio Público Fiscal, éste es el exclusivo órgano encargado de la recolección de las pruebas que van a alimentar la pesquisa, y en base a ellas, establecer la o las hipótesis investigativas que considere razonable para la dilucidación del hecho y de sus autores".
Astudillo Castro había salido de su casa y fue retenido por la policía en retenes por control de cumplimiento del aislamiento obligatorio dispuesto por la pandemia del coronavirus. Para su familia lo mató la Policía y, hasta el momento, sólo algunos de ellos están siendo investigados.
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