“Absoluto compromiso con la búsqueda e investigación de la desaparición de Facundo, al tiempo que han puesto a disposición de la familia todos los recursos del Estado”. Así respondió la secretaría de Derechos Humanos de la Nación al pedido de acción urgente del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (ONU) por el caso de Facundo Astudillo Castro. En el informe aseguran que “la protección y apoyo a las víctimas de violaciones de derechos humanos constituye una política de Estado en la Argentina”.
La respuesta a la ONU, que será enviada desde la Cancillería argentina, destaca que la secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Horacio Pietragalla Corti, “ha estado en contacto con la madre de Facundo, Cristina Castro, y sus abogados”, a quienes se les ofreció “la asistencia del Programa Nacional de Protección a Testigos y el acompañamiento psico-social del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos”.
También detalla las acciones que implementaron desde el gobierno nacional, como la intervención de la justicia federal, el despliegue del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, del ministerio de Seguridad de la Nación, y de las distintas fuerzas de seguridad federales. Además, la actuación coordinada de las direcciones de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.
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La ONU solicitó el 11 de julio al Estado argentino medidas urgentes para dar con el paradero de Facundo Castro, y advirtió sobre la necesidad de llevar adelante una investigación independiente, además de brindar medidas cautelares para la protección a los testigos que declararon en la causa, con testimonios que fortalecen la hipótesis de la responsabilidad policial.
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“De conformidad con la información remitida al Comité, con base en las declaraciones de testigos y en las contradicciones en los relatos de los agentes policiales de la provincia de Buenos Aires, se presume que esta fuerza estatal podría estar involucrada en la desaparición de Facundo”, destaca la comunicación emitida por la ONU.
También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA solicitó información a la Argentina en una nota dirigida al canciller Felipe Solá. En la última semana, el caso sumó una nueva repercusión internacional: Amnistía Internacional impulsa una acción global para exigir la aparición de Facundo. La iniciativa consiste en el envío masivo de mails al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y al fiscal federal Ulpiano Martínez -recusado por la madre de Facundo y sus abogados- para reclamar la adopción de las medidas necesarias para encontrar al joven.
Facundo Astudillo Castro está desaparecido desde el 30 de abril. La última vez que lo vieron, según testigos que declararon ante la justicia federal, era subido a una camioneta de la Policía Bonaerense en las inmediaciones de la localidad de Mayor Buratovich, en el sur de la provincia. La hipótesis principal, según confirmaron fuentes de la investigación y autoridades nacionales a El Destape, es la de una responsabilidad policial en la desaparición forzada del joven de 22 años.
El presidente Alberto Fernández dijo el domingo 19 de julio que “hay que ser muy estrictos, muy severos con las fuerzas de seguridad, que tienen un arma en la cintura para cuidarnos, no para usarlas en contra nuestro. Hay que ser absolutamente firmes”. Anticipó en una entrevista con el diario Página/12, que están “trabajando desde la secretaría de Derechos Humanos para hacer una ley contra la violencia institucional, en la que se tipifique claramente el delito de violencia institucional”. Sin más detalles, en la secretaría de Derechos Humanos confirmaron que tendrán listo un proyecto en las próximas semanas.
Ante la preocupación por los casos de violencia institucional ocurridos en los últimos meses en el país, el 15 de julio se reunió el Consejo Federal de Derechos Humanos, con las máximas autoridades de las 23 provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Nación. En el documento conjunto destacaron como prioridades establecer una agenda de modernización y profesionalización de las fuerzas de seguridad, la puesta en funcionamiento de los mecanismos locales para la prevención de la tortura, la concientización a los ciudadanos sobre sus derechos y la visibilización de la problemática.
“Es necesario un trabajo serio y profundo que nos permita generar un cambio: no estamos en contra de las fuerzas de seguridad, sino que queremos unas fuerzas que respeten los derechos humanos”, aseguró el secretario Horacio Pietragalla Corti.
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