La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) acusa a la jueza federal de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, de buscar el cierre de la causa “sin conocer la verdad de lo que ocurrió” con Facundo Castro.
El cuestionamiento llega luego de que la magistrada rechazó el viernes una serie de medidas de prueba solicitadas por dos de los tres fiscales a cargo de la investigación. El pedido fue realizado el 1 de octubre por Andrés Heim (Procuvin) y Horacio Azzolín (Ciberdelincuencia), el mismo día en que se informó oficialmente el resultado de la autopsia a los restos de Facundo, en una presentación que estuvo a cargo del reconocido Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en la ex ESMA.
Según informaron fuentes del caso, la jueza descartó en duros términos el pedido de secuestro de unos 50 teléfonos celulares de “policías jerárquicos de los agentes bonaerenses que podrían estar involucrados en el hecho”, además de nuevos allanamientos a destacamentos policiales donde se encontraron objetos que podrían pertenecer a Facundo, inspecciones oculares, entre otras medidas solicitadas para juntar más pruebas, para tener más piezas del rompecabezas, para contextualizarlas con el resto del expediente y el resultado de la autopsia.
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La jueza Marrón consideró, en un escrito que se leyó como un reto a los fiscales y la querella, que no existen elementos suficientes y que la necesidad de producir prueba no justifica “aventuras o intromisiones en la vida de las personas”. Considera que la solicitud se realizó sin “evidencia” y basada “en suposiciones”.
Los argumentos de la jueza, como que no se deben “abrir las puertas a la persecución y la venganza” o que los policías “no pueden ser chivos expiatorios” porque “es fácil para la sociedad creer que haya sido la policía”, cayeron como una pésima señal para la familia, los abogados, y también los fiscales, sobre el rumbo de la causa.
Fuentes de la investigación cuestionan la contradicción de la jueza, ya que utiliza las mismas consideraciones tanto para rechazar medidas de prueba como para aceptar otras. Para la CPM, el rechazo de la jueza es un hecho de “gravedad institucional” y una “arbitraria y antojadiza” interpretación de la prueba acumulada en el expediente.
Según anticiparon desde el organismo, la decisión será apelada ante la Cámara Federal, y advirtieron que la actitud de la jueza “pone en peligro el curso de la causa y es casi una declaración de sentencia que sólo será garantía de impunidad”. Una apelación similar podría llegar por parte de los fiscales.
La causa sigue con la misma carátula: desaparición forzada seguida de muerte. La CPM -querella institucional en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura-, y los abogados de Cristina Castro, sostienen que las pruebas acumuladas abonan la hipótesis de la responsabilidad policial.
Por el pedido que realizaron a la jueza, los investigadores todavía consideran necesario, además de obligatorio, avanzar en esa línea hasta acreditar o descartar que los agentes hayan sido responsables de la desaparición y muerte de Facundo, porque así lo indican los tratados internacionales para este tipo de casos. Y porque, además, hay elementos en la investigación que ameritan profundizar en la reconstrucción detallada de las últimas horas de vida de Facundo. De lo contrario, ellos, la jueza, e incluso el Estado argentino, podrían ser sancionados.
En esa línea, la CPM señala que cuando se investigan casos como el de Facundo Castro, “las recomendaciones internacionales” y los “principios procesales de la normativa nacional obligan a las y los funcionarios judiciales a adoptar medidas que promuevan una investigación profunda, expeditiva, eficaz y respetuosa de las víctimas”.
Un punto clave en el cuestionamiento a la jueza es que el Estado argentino se comprometió, y está obligado, ante los organismos internacionales a investigar y juzgar los delitos de gravedad institucional. El concepto mismo de la desaparición forzada implica una responsabilidad estatal, por eso es necesario extremar la investigación para despejar dudas. Incluso en este caso, a partir de una presentación de la CPM, interviene el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU.
Al mismo tiempo, la CPM destaca que hacer lugar a las medidas de prueba solicitadas no “significa desconocer el principio de inocencia”. También advierte que desde el juzgado federal bahiense se cuestiona la palabra de Cristina Castro, la mamá de Facundo, y “se pronuncia extensamente para desacreditar el perito de parte, el adiestrador canino Marcos Herrero”, con el objetivo de restar valor a dos pruebas que los abogados consideran claves en la causa: el amuleto hallado en el puesto de vigilancia de Teniente Origone y un pedazo de turmalina encontrado en un patrullero de la Policía Local de Bahía Blanca. Se trata del vehículo que el 8 de mayo estuvo en la zona donde posteriormente fueron hallados los restos de Facundo.
También en las últimas horas se conoció un resultado de ADN sobre el que todavía los investigadores esperan profundizar con nuevos estudios: en un patrullero Toyota Hilux, perteneciente al destacamento de Teniente Origone, que conducía el oficial Alberto González -el último policía en ver con vida a Facundo- se encontró un cabello que coincide con el de Cristina Castro. Resta determinar si esa coincidencia permite afirmar que el pelo es de Facundo, y concretar una opción posible: que finalmente González haya llevado a Facundo al destacamento de Origone -donde se encontró el amuleto-, en lugar de dejarlo seguir por la Ruta 3 rumbo Bahía Blanca. “Tal vez estuvo arriba, tal vez no indica nada, pero la obligación es reconstruir el hecho”, explicó una fuente a El Destape.
La CPM también cuestiona los argumentos de la jueza para desacreditar los peritajes. “Recaen en tantas irregularidades y contradicciones que resulta difícil de explicar y mucho más difícil de entender”, dicen. “Por un lado, invalida el hallazgo de estos objetos sin cuestionar las actas de allanamiento y registros, y sin poner en duda a los funcionarios actuantes de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y los testigos. Por otro lado: si como ella sostiene fuera imposible encontrar rastros 72 horas después de la desaparición de una persona, ¿por qué ordenó y avaló el peritaje en su momento? Una verdadera sinrazón”, dice el comunicado de la CPM emitido este martes.
Por último, la CPM también se refiere al rol de la Policía Bonaerense en la primera etapa de la investigación, en la que advierten “una serie de delitos e irregularidades que no se explican si no es para encubrir hechos y desviar la investigación”. Entre ellos, enumera un allanamiento al domicilio de la ex pareja de Facundo sin orden judicial; amenazas y hostigamientos al ex-cuñado de Facundo; y la persecución y amedrentamiento a testigos, abogados y familiares, en lo que describen como “una maquinaria policial puesta al servicio de generar impunidad”.
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