La investigación por la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro está plagada de irregularidades, filtraciones, desviaciones y obstáculos, según denuncian la madre del joven y sus abogados. Es por eso que preparan un escrito para cambiar el rumbo de la causa. Cuestionan al fiscal federal de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez, a cargo de la investigación, por sostener “hipótesis contrarias” a la de la familia, con el objetivo de encubrir la responsabilidad policial. Así lo confirmaron a El Destape los abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio.
La querella informó este lunes que tienen “nueve policías individualizados en la desaparición forzada y el posterior encubrimiento”, y que sumaron tres declaraciones testimoniales que sostienen la hipótesis de que Facundo Castro fue desaparecido por la Policía Bonaerense.
El abogado Leandro Peretto le anticipó a El Destape que trabajan en la preparación de un escrito, para presentar en los próximos días, con duros cuestionamientos a la investigación del fiscal federal Ulpiano Martínez. No están conformes con su desempeño. Considera que el fiscal “no está a la altura de las circunstancias” y que “obstaculiza con muchas desprolijidades y lentitud”, además de graves filtraciones de información sensible a medios bahienses.
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Peretto aseguró a El Destape que día a día refuerzan la hipótesis de la desaparición forzada. “A medida que vamos tomando los testimonios se robustece nuestra idea. Los que vieron cuando cargaban a Facundo a un patrullero en inmediaciones de Mayor Buratovich. Los que decían que lo había visto en Bahía Blanca, ahora ni atienden y se negaron a declarar. Otro que dice que le ofreció un pucho tuvo que cortar la audiencia porque se incriminaba y parecía un encubridor. Hay testimonios muy burdos, algunos hasta manipulados por la Policía Bonaerense”, dijo.
El abogado Leandro Aparicio explicó que “después de la desaparición se activó un protocolo para lograr el encubrimiento que tiene distintas etapas que comienzan el día de la desaparición. La segunda etapa es cuando se comienzan a recepcionar las primeras denuncias en la comisaría de Pedro Luro. Y la tercera, con posterioridad al rastrillaje que se debió haber realizado en Mayor Buratovich”.
Aparicio también cuestionó el rol del la Fiscalía Federal N°1 de Bahía Blanca. “Denunciamos que se filtran datos desde la Fiscalía Federal que son aprovechados por medios con la finalidad de desviar la investigación, sostener pruebas inconducentes que buscan la impunidad de la policía de la provincia de Buenos Aires, y se extrae contenido que afecta la privacidad de las personas”, aseguró.
La madre de Facundo, Cristina Castro, ya pidió que se aparte al fiscal. “Desde el lunes estoy sufriendo noticias falsas que salen del expediente que supuestamente está reservado. Le pido a la ministra de Seguridad que si quiere cumplir con lo que le exige la ONU, traiga a Bahía Blanca gente de su confianza y desplace a la Policía Federal y al fiscal Ulpiano Martínez”, dijo Cristina Castro, la mamá de Facundo, en un video que difundió en sus redes sociales, dirigido a la ministra Sabina Frederic.
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El fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez había sido impugnado en 2018 por organismos de Derechos Humanos. Denunciaban que carecía de idoneidad para el cargo y que, luego de tres años al frente del Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca, como juez subrogante, mostró una “incapacidad absoluta para asumir una tarea de similares características y responsabilidades”.
Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, Hijos y el CELS, entre otros organismos, le pidieron al Senado que rechace el pliego de Ulpiano Martínez, enviado por el gobierno de Mauricia Macri. Advertían que significaría “un claro retroceso en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia”. Advertían que osbaculizó avances en distintas causas por delitos de lesa humanidad.
“Ulpiano Martínez ni siquiera controlaba la posesión de armas de fuego en los domicilios de los represores que gozaban de prisión domiciliaria, se negó a investigar los delitos sexuales cometidos en la órbita del V Cuerpo del Ejército. Intervino en la causa contra Vicente Massot y rechazó el pedido de instrucción que hizo el Ministerio Público sin siquiera llamar a Massot a indagatoria”, dice la presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ante la Comisión de Acuerdos del Senado, el 27 de abril de 2018.
Informaban que cuando el juez federal Alejo Ramos Padilla llegó a Bahía Blanca para hacerse cargo del juzgado, “se encontró con un arsenal disperso sobre escritorios y estantes, 138 kilos de marihuana, 297 cigarrillos armados con esa droga y siete kilos de cocaína. Cuando analizó los expedientes heredados se topó con detenidos que llevaban meses sin ser indagados, otros con la prisión preventiva vencida y un tercer grupo que por falta de registros ni siquiera se sabía dónde estaba”.
A pesar de las impugnaciones, Ulpiano Martínez fue designado por decreto del entonces presidente Mauricio Macri para ocupar la Fiscalía Federal N°2 de Bahía Blanca. El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, le tomó juramento el miércoles 31 de octubre.
El caso ya tiene repercusiones internacionales y una única pregunta sin respuesta: dónde está Facundo Castro. La última vez que fue visto con vida, el 30 de abril, era subido por dos agentes a una camioneta policial en la zona de Mayor Buratovich, según declararon tres testigos ante la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN).
Este lunes, la Fiscalía Federal N°1 de Bahía Blanca comunicó medidas de prueba. El fiscal informa sobre una supuesta pista que lleva la búsqueda a Puerto Madryn, y el testimonio de una mujer bajo identidad reservada que asegura haber levantado en su camioneta a un joven de características físicas similares a Facundo.
A raíz de “nuevos testimonios aportados a la causa”, según informó oficialmente la Fiscalía, se le solicitó a la Delegación Viedma de la Policía Federal Argentina y a la Prefectura la realización de tareas de campo en Puerto Madryn, en la provincia de Chubut, “con el fin de determinar si Facundo Astudillo Castro se encuentra o fue visto en ese lugar”.
Por la testigo que apareció 75 días después de la desaparición de Facundo, y que la querella advierte que fue una pista aportada por la Policía Bonaerense, el fiscal Ulpiano Martínez solicitó a las fuerzas de seguridad federales que realizaran tareas investigativas en la zona de General Cerri, a 10 kilómetros al oeste de Bahía Blanca.
También informa que recibieron declaraciones y ordenaron peritajes en vehículos policiales y teléfonos secuestrados a agentes de la Bonaerense. Luego de insistentes pedidos de la querella, se comenzó a procesar la información del libro de la comisaría de Mayor Buratovich, con el objetivo identificar a los policías involucrados y determinar si en las anotaciones correspondientes al 30 de abril se observan “enmiendas, raspaduras, borrones, faltantes de hojas o cualquier otro tipo de señal que permitiera suponer que existió una alteración de su contenido”.
Entre las medidas que difundió la fiscalía, requiere información al ministerio de Seguridad de la Nación sobre la posibilidad de ofrecer recompensa “a quienes aporten datos de relevancia en la búsqueda de Facundo Astudillo Castro”, algo que se desaconseja en estos casos porque genera una cantidad de llamados, pistas falsas y distracciones que podrían entorpecer la búsqueda o desviar la investigación.
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