Asociación civil macrista denunció penalmente a una jueza clave de Casación y pidió desplazarla

El macrismo, a través de organizaciones satélites, presiona con denuncias penales para que la jueza Ana Figueroa sea apartada de la Cámara Federal de Casación Penal. La agrupación Bases Republicanas, estrechamente relacionada al PRO, denunció a la magistrada por “Usurpación de Autoridad, Títulos y Honores” y pide que se la cite a prestar declaración indagatoria. La organización, integrada por ex funcionarios macristas y fundada por una consejera cambiemita, pretende que Figueroa sea apartada de su cargo tras cumplir los 75 años pese a que está en trámite el proceso en el Senado para extender su mandato 5 años más y a que hay más de un antecedente a su favor. ¿La razón de la arremetida judicial? Que la camarista no responde a los intereses de JxC e interviene en los casos Memorándum con Irán, Hotesur y Cuadernos, tres emblemas de la persecución judicial contra CFK.

Ante las operaciones del macrismo para apartar a Figueroa del cargo, el gobierno nacional informó este lunes al Consejo de la Magistratura el estado del trámite que inició esta jueza clave para seguir en tribunales y los antecedentes que juegan a su favor. Es que tal como informó El Destape, luego de que la magistrada solicitara continuar en el cargo 5 años más, el presidente Alberto Fernández solicitó extender su designación y la comisión de Acuerdos del Senado emitió una resolución favorable en ese sentido. Solo resta la culminación de ese trámite que implica que el plenario de la Cámara Alta apruebe su pliego por mayoría simple. La oposición logró posponer la votación de su pliego antes de que Figueroa cumpliera 75 años. Tras su cumpleaños, el 9 de agosto, activó las maniobras para desplazarla. Ahora la ataca con denuncias penales.

La denuncia del PRO

Este lunes ingresó en Comodoro Py el expediente CFP 2736/2023 en el que se trata la denuncia penal que la agrupación Bases Republicanas hizo contra la camarista Ana Figueroa por “Usurpación de Autoridad, Títulos y Honores”. La presentación quedó radicada en el juzgado federal Nº 9, que subroga la jueza María Eugenia Capuchetti. ¿Quiénes están detrás de esa asociación civil? Algunas de sus caras visibles son:

• Jimena de la Torre, socia fundadora de Bases Republicanas, integrante del Consejo de la Magistratura por el PRO y exfuncionaria de la AFIP y de la UIF cambiemitas, dos de los brazos ejecutores de la persecución durante el gobierno de Macri;
   
• Pablo Nocetti, exjefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, quien estuvo involucrado en el caso de Santiago Maldonado;
   
• Pablo Clusellas, exsecretario de Legal y Técnica de Macri, es decir, custodio de la firma del entonces presidente.

La denuncia la presentó la actual presidenta de Bases Republicanas, Valeria Viola. La agrupación, que difundió la denuncia en redes, pretende que Figueroa deje el cargo en la Cámara de Casación y ningunea que el trámite para extender su designación 5 años esté muy avanzado. Por el contrario, se monta sobre la operación que tejió el macrismo en el Senado para bloquear la votación de su pliego. De acuerdo a la denuncia, “no obstante encontrarse en trámite ante el Senado de la Nación la solicitud para un nuevo nombramiento, lo cierto es que no se logró el quórum legal necesario para ello, por lo que queda claro que la mencionada jueza cesó en el ejercicio de su cargo público por expresa disposición constitucional, sin otra condición que la de haber cumplido la edad allí determinada y que su continuidad en el cargo requiere de otro nombramiento”.

Para los denunciantes, “nos encontramos ante una situación completamente irregular e ilegítima que configura un grave ilícito cometido desde las más altas esferas de la administración de justicia por una ex magistrada que por su edad ha cesado en su cargo (…)”. Dicen, sin temor al ridículo, que como sigue en el cargo impide “que su proceso sucesorio se ponga en marcha”.

Es de esperar que esta denuncia de Bases Republicanas se sume a una presentación previa y de similares características, que se realizó el 10 de agosto y quedó radicada en el juzgado Nº 6 que subroga Daniel Rafecas. En este primer caso, que se inició por una presentación de Juan Manuel Otegui, Juan Fazio y otros, interviene la fiscal Alejandra Mangano. Los denunciantes integran la Fundación Apolo Bases para el Cambio, una organización cercana al partido Republicanos Unidos de Ricardo López Murphy.

En este orden de cosas, el lunes, el ministerio de Justicia de la Nación a través de su secretario de Justicia Juan Martín Mena elevó al Consejo de la Magistratura una nota en la que precisó el estado de situación del trámite de Figueroa. En el escrito, que está dirigido al presidente del Consejo, el supremo Horacio Rosatti, se informa que la camarista había realizado la solicitud de un nuevo nombramiento y que esto tuvo el visto bueno tanto del Poder Ejecutivo como de la comisión de Acuerdos del Senado, donde obtuvo “despacho favorable”.

“Expresada entonces la voluntad del Poder Ejecutivo Nacional y de la Comisión de Acuerdos del Senado de dar curso favorable al nuevo nombramiento requerido por la Dra. Figueroa, resta el pronunciamiento del pleno del Honorable Senado de la Nación, encontrándose el trámite en el marco de sus atribuciones constitucionales”, señaló Mena. Y diferenció la situación de Figueroa de aquellos otros magistrados que solicitaron seguir en el cargo pero no tuvieron la aprobación del Ejecutivo: “Lo hasta aquí señalado no se corresponde con la situación de otros magistrados que, pese a haber solicitado que se les conceda la posibilidad de un nuevo nombramiento en los términos del artículo 99, inc. 4°, último párrafo de la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo Nacional decidió en el marco de sus atribuciones constitucionales, no enviar el pliego correspondiente al Honorable Senado de la Nación, produciendo así la aceptación de la correspondiente renuncia”.

Mena también recordó otros tres antecedentes similares a los de Figueroa. Se trata de casos de jueces que siguieron en sus cargos: “En función de lo hasta aquí expuesto y los antecedentes de los Dres. Silvia Estela Mora, Juan Carlos Bonzón, y Luis Alberto Imas (este último, con criterio adoptado por el Excmo. Tribunal de Casación en la Resolución N° 400/20 que se adjunta a la presente con su correspondiente deliberación), que continuaron desempeñando sus funciones como magistrados durante la tramitación ante el Honorable Senado de la Nación hasta la publicación de su nuevo nombramiento, se remite el presente a los efectos que estime corresponder”.

Lo que realizó Figueroa no debiera sorprender a propios ni a extraños porque es algo que sucede en tribunales. De hecho, existe la Resolución 521/2017 del Consejo de la Magistratura, que se aplicó en otros casos, que son los referenciados por Mena en su escrito. Por ejemplo, Luis Imas  logró continuar como magistrado del Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 “hasta tanto se expida la Comisión de Acuerdos del Honorable Senado de la Nación”.

Según la mentada resolución del Consejo de la Magistratura, los jueces de 75 años “que posean pedido de acuerdo por parte del Poder Ejecutivo Nacional para renovar su designación, en cuyo caso continuarán provisoriamente en el cargo hasta tanto se dicte decreto en tal sentido o se rechace el pedido de acuerdo, siempre que ello suceda antes de la fecha de cierre de sesiones ordinarias del Honorable Senado de la Nación correspondiente al año siguiente al envío del pedido de acuerdo, momento en el que caducará el nombramiento.” Es la situación de Figueroa, quien dejó de firmar como presidenta de la Casación para evitar planteos de opositores. Quedó en estado provisorio hasta que su trámite culmine en el Senado.

En los mentados casos de Imas, Mora de Recondo y Bonzón, la oposición no hizo la alharaca que está haciendo con la situación de Figueroa.  Es más, hasta intervino en su momento la Cámara Federal de Casación Penal y los camaristas –colegas de Figueroa- estuvieron de acuerdo con la continuidad de esos magistrados.

El ataque sobre el que ahora se monta la oposición a través de sus organizaciones satélites es porque Figueroa no responde a los intereses del macrismo. Sin ir más lejos, se trata de la jueza que denunció presiones del macrismo (declaró como testigo en la causa de la Mesa Judicial PRO sobre la visita de un enviado de Mauricio Macri a su despacho) e interviene en casos paradigmáticos del Lawfare como Memorándum con Iran y Hotesur/Los Sauces, dos causas que fueron cerradas pero podrían reabrirse si así lo determina la Cámara de Casación. Figueroa hace tiempo que dejó sus votos en esos dos casos. Pero la sala I que integró hasta este año, que ocupó la presidencia del tribunal, nunca resolvió esas causas. Sus colegas de sala Daniel Petrone y Diego Barroetaveña no se expidieron sobre el tema. ¿Acaso especularon con esta situación?

Figueroa también intervino en la causa Fotocopias de los Cuadernos donde dejó en claro que los testimonios de los arrepentidos no eran legales porque no fueron registrados por medios técnicos idóneos. En aquella ocasión quedó en minoría pero dejó asentada la farsa que se estaba tejiendo con esas declaraciones.

Por todos estos antecedentes, el macrismo presiona para correrla del cargo y ahora apela a denuncias penales.